El acuerdo histórico sobre la reforma laboral a tres bandas, entre el Gobierno, los sindicatos y los empresarios, está pendiente del respaldo parlamentario. En estos momentos, el Ejecutivo no tiene garantizados los apoyos a la norma de sus socios políticos, que reclaman incluir reclamaciones propias. Por otro lado, la patronal exige que se respete el contenido del pacto, del que amenazan con descolgarse en caso de cambios. Los sindicatos CCOO y UGT han pedido este miércoles a los aliados de legislatura del Gobierno que convaliden el decreto de la reforma laboral y aborden más adelante sus peticiones. “Que esto sea un punto y seguido, la reforma laboral no es un punto final”, ha insistido Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
Del mismo modo se ha expresado Unai Sordo, líder de CCOO. “Este no es el fin de la historia”, ha expresado. “Instaría a los socios de Gobierno, sobre todo a los grupos de izquierda, a que tengan una perspectiva un poco amplia. Que miren lo que está en juego. Está en juego la primera reforma laboral de mejora de las relaciones laborales en 30 años en este país. Eso es mucho”, ha apuntado Sordo.
El Gobierno elevó ayer el tono en este tema. “Votar en contra de la reforma laboral es votar a favor de la del PP”, señaló el ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está insistiendo en sus declaraciones públicas en su confianza en conseguir el respaldo del bloque político de investidura, en los que está centrando la negociación. Sitúa su apoyo como preferible frente a la dependencia de otras fuerzas políticas, como Ciudadanos o la abstención del PP.
El líder de UGT ha puesto en valor a los negociadores, como conocedores de la legislación laboral y del tejido productivo del país por el lado de los trabajadores y los empresarios, y ha pedido a las formaciones políticas que reconozcan el consenso alcanzado en materias complejas y relevantes como el reequilibrio de la negociación colectiva y la reducción de la temporalidad.
Los socios parlamentarios del Gobierno de momento se resisten a validar la reforma laboral si no se incluyen algunas reclamaciones. En el caso del PNV, la prevalencia del convenio sectorial autonómico sobre el estatal que se excluyó finalmente del acuerdo de los agentes sociales. Desde ERC se ha exigido el retorno de la autorización administrativa previa en los ERE. Las resistencias de EH Bildu por su parte están muy influidas por el rechazo a la reforma laboral de los sindicatos mayoritarios de Euskadi, ELA y Lab, que no estaban en la negociación.
“Algunas de las reivindicaciones de las fuerzas políticas también son las nuestras”, ha expresado Álvarez sobre la exigencia que ha puesto sobre la mesa ERC, “pero este acuerdo no abordaba estos temas”.
Queda la segunda parte de la legislatura
Los líderes sindicales han recordado que aún quedan dos años de legislatura, en los que los partidos políticos, así como los sindicatos, tienen la oportunidad de negociar sus “legítimas” reclamaciones. Estas pueden ser compartidas, han recordado, con la oportunidad de presionar al Gobierno de manera conjunta en cuestiones como una reforma para restringir el despido.
Pepe Álvarez ha situado justo el despido como una de las prioridades del sindicato para este año. UGT buscará que el Gobierno se siente a negociar una segunda parte del desmontaje de la legislación del PP, ha sostenido Álvarez, en cuestiones como el control de los despidos colectivos (ERE), las causas que permiten los despidos y las indemnizaciones. “No renunciamos a recuperar los 45 días por año que nos arrebataron”, ha afirmado el líder de UGT.
Unai Sordo no ha abordado hoy las nuevas reivindicaciones de CCOO para el futuro, pero ha insistido en valorar el “momento histórico” que enfrenta ahora el país: la aprobación de una reforma laboral contra la temporalidad excesiva, una de las lacras del país, que ha puesto de acuerdo a los socios de la coalición, a los agentes sociales y a Europa. “Esto es lo que tenemos ahora, pero no es el fin de la historia. Hay que poner en valor el trabajo de los agentes sociales. Espero que los grupos políticos hagan esa lectura”, ha afirmado Sordo.
Los líderes de CCOO y UGT han exigido también al Gobierno que reúna de manera “urgente” la mesa sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para este año, que debe aplicarse desde el mes de enero, han expresado Pepe Álvarez y Unai Sordo. En ningún caso, han expresado ambos, puede darse una demora en su aumento como ocurrió el año pasado, cuando el SMI se subió en septiembre.
Sordo y Álvarez han confiado en que el Ejecutivo respetará “el compromiso” alcanzado en septiembre con ambos sindicatos y situará el SMI en los 1.000 euros este año. “No hay duda sobre un salario mínimo de mil euros, si acaso de un aumento mayor dado que la inflación está desbocada”, ha sostenido el secretario general de UGT.