Números, impuestos, casillas, deducciones. La campaña de la declaración de la renta ha comenzado justo cuando la reforma fiscal que prepara el Gobierno está en boca de todos. El grupo de sabios, al que el Ejecutivo encargó una propuesta, entregó un trabajo que, aseguraban, consolida el principio de equidad. “Nada es neutral”, dice la catedrática de Economía Paloma de Villota, “tampoco el sistema fiscal, que tiene impacto de género”.
Villota no es la única experta que cuestiona con dureza tanto el sistema actual como las propuestas hechas que, señalan, ignoran el impacto de género y siguen apostando por un modelo tradicional lejano a la igualdad.
Su primera crítica es que se mantenga la posibilidad de hacer la declaración de la renta conjunta: “Esto hace que, cuando una familia tenga que decidir quién entra en el mercado laboral y analice los costes de que lo haga la mujer, muchas veces siga sin convenir”. La experta recuerda que al hacer un análisis de los costes de la incorporación a la mujer al mundo laboral pueden no acabar de salir las cuentas por el esfuerzo que supone pagar una guardería o una persona que se haga cargo de los niños.
En el análisis, muchas veces, “no compensará la pérdida de beneficios fiscales por la declaración conjunta. Hay que tener en cuenta que esta modalidad solo conviene cuando una de las rentas es muy baja o no existe”, dice la profesora titular de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia, Gloria Alarcón.
Este sistema de tributación conjunta drena cada año 1.804 millones de euros a las arcas del Estado. La investigadora del Instituto de Estudios Fiscales María Pazos también apuesta por eliminar la posibilidad de declarar conjuntamente para las nuevas parejas. “Es un incentivo a la permanencia de las mujeres en el hogar, es algo que ya habría que haber eliminado”, dice. La declaración conjunta impide, además, conocer de forma transparente las rentas de ambas personas, puesto que solo se consigna la suma de ambas, lo que facilita la opacidad de las cuentas y dificulta la lucha contra el fraude.
Las expertas ponen el foco en otros estímulos que, aparentemente, buscan apoyar a las mujeres, pero cuyos efectos perversos sobre la igualdad denuncian. Es el caso de la ayuda de cien euros para mujeres trabajadoras con hijos menores de tres años. “¿Qué ayuda son cien euros al mes?, ¿quién paga una guardería con eso? Es un incentivo que no genera los efectos deseados, cien euros al mes no determinan que una mujer decida volver al mercado laboral y, por el contrario, hacen que perdure la imagen de que los hijos son una carga exclusiva de las mujeres”, dice Pazos.
Es también el caso de la deducción por aportaciones a planes de pensiones del cónyuge: “Aparentemente es muy social y parece que favorece a las mujeres porque fomenta que el cónyunge aporte para su pareja. La trampa está en que los derechos de las mujeres quedan ocultos: si no se ponen en el mercado de trabajo, no generarán por sí mismas esos derechos. Lo que hay que poner son las condiciones para que cada persona genere para sí misma derechos”, explica Gloria Alarcón.
“Estas políticas compensatorias son una forma de no atacar el problema: que el sistema fiscal esté basado en una concepción de familia en el que hay un sustentador masculino y una esposa dependiente. No es un sistema pensado para que las mujeres se incorporen al empleo y los hombres al cuidado. Estas 'acciones positivas' deben eliminarse mientras que se ponen las condiciones para que las mujeres estén en el empleo”, subraya María Pazos, que insiste en que la fiscalidad debe ir necesariamente acompañada de otras medidas que cambien el modelo, como la equiparación de permisos de maternidad y paternidad, la reducción generalizada de la jornada laboral y la racionalización de horarios, o la universalización de servicios públicos, como la educación de 0 a 3 años y la dependencia.
Más recaudación
Todas las expertas coinciden en que es necesario aumentar la recaudación y la progresividad del sistema fiscal. “Todos los regímenes conservadores quieren disminuir la presión fiscal. Pero no se puede reducir la recaudación a base de deducciones fiscales, que limitan las posibilidades de tener un modelo social ambicioso en servicios universales, como sucede en los países nórdicos”, dice Paloma de Villota. “Necesitamos un sistema con suficiente capacidad impositiva para sostener un Estado de bienestar sólido. Sin eso, olvídemonos de la igualdad de género”, asegura por su parte María Pazos.
Villota señala que el cerca del 40% de lo que se recauda se pierde en reducciones e incentivos fiscales: “Además, no tienes posibilidad de saber qué impacto está teniendo realmente, estás perdiendo eficacia. Si, por el contrario, los estímulos se hacen por la vía del gasto, el impacto es directo. Por ejemplo, que haya educación universal y pública de 0 a 3 años beneficia directamente a los niños, que son los titulares de ese derecho, y, de paso, a la igualdad”.
Muchas deducciones fiscales, recuerdan, no benefician a las personas con salarios más bajos, por lo que hacer la política social a través del gasto sería más equitativo y eficaz. “Y no diferenciar entre contribuyente y no contribuyente, los derechos deben ser individualizados y no depender de ese factor”, concluye Villota.