La revelación o no de los nombres de las personas que se adhirieron a la amnistía fiscal se ha convertido en uno de los principales debates que está afrontando el Gobierno de Pedro Sánchez. Este tema marcó la comparecencia de este martes del presidente en el Congreso, después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciara que no se podrían publicar los nombres, como había pedido Sánchez desde la oposición. El actual inquilino de la Moncloa respondió con una propuesta: prohibir por ley nuevas regularizaciones. Sin embargo, no ha sido el primero que ha llevado su prohibición al debate político.
Previamente, los exministros Carlos Solchaga, en 1991, y Cristóbal Montoro, en 2017, plantearon que la ley prohibiera que el Gobierno llevara a cabo nuevas regularizaciones de dinero negro. Ambos responsables de Hacienda habían realizado ya sus propias amnistías fiscales. La de Montoro, de 2012, es precisamente la que está centrando ahora el debate entre el Gobierno y la oposición.
Solchaga llegó a llevar la prohibición a un texto legislativo. Fue en 1991, justo después de aplicar la regularización. En la ley de los Presupuestos Generales del Estado para el año 1992, se incluyó una disposición, la vigésimo primera, en la que se eliminaba la posibilidad de llevar a cabo estas medidas. “A partir del 1 de enero de 1992 no se dictará disposición alguna, de ningún rango, que implique para quien hubiere incumplido sus obligaciones tributarias, amnistía fiscal”, rezaba aquel texto normativo.
En el caso de Montoro, sin embargo, quedó en un anuncio realizado en el Congreso de los Diputados. En junio del pasado año, después de que el Tribunal Constitucional declarara nula la amnistía fiscal llevada a cabo por el propio ministerio en 2012, el entonces ministro anunció que propondría a los grupos del Congreso una reforma de la Ley General Tributaria para que no se pudieran realizar nuevas amnistías.
Montoro implantó la posibilidad de acogerse a la Declaración Tributaria Especial, vehículo de la conocida amnistía fiscal, a través de un decreto ley. Esto fue lo que provocó que el Tribunal Constitucional declarase nula esta iniciativa, al considerar que incumplía el artículo 86.1 de la Constitución, que prohíbe el uso de estos decretos para decisiones que afecten “de forma relevante o sustancial” a los deberes consagrados en el Título I de la Constitución, como es el caso del “deber constitucional de 'todos' de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos”.
El exministro siempre ha querido hablar de “regularización” y no de amnistía y aseguró entonces que es una medida que no gusta tomar a los responsables de Hacienda. Montoro defendió durante su mandato la no publicación de los nombres, pese a las exigencias de Unidos Podemos o el PSOE. A estos últimos les llegó a advertir de que había exdirigentes en la lista.
Sánchez ha solicitado en repetidas ocasiones desde la oposición que se hiciera pública dicha lista. Sin embargo, afirmó este martes que desconoce los nombres y que, pese a la insistencia de Unidos Podemos y Ciudadanos, no se va a publicar estos datos. Los expertos también apuntan al difícil encaje legal de publicar retroactivamente la información de personas que se acogieron a la amnistía de 2012 y consideran que podría ser declarado inconstitucional.
Los ya conocidos: de la corrupción a los Borbones
Una lista de la que hasta la fecha se han conocido nombres con cuentagotas y siempre a través, principalmente, de investigaciones periodísticas y casos como el de los Papeles de Panamá o los Papeles de la Castellana. En total, algo más de sesenta nombres, una pequeña parte de los 31.484 declarantes que legalizaron su dinero pagando en torno al 3%, son los que se han conocido.
La lista está encabezada por Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno, expresidente del FMI y expresidente de Bankia antes del rescate financiero. Francisco Granados, Luis Bárcenas y Alberto López Viejo fueron otros nombres ligados todos ellos al PP que aparecieron como beneficiarios de dicha amnistía de 2012.
Las tramas de corrupción han protagonizado buena parte de estos casos de regularización conocidos hasta la fecha. Es el caso de David Marjaliza, cabecilla de la Púnica; Diego Torres, socio de Iñaki Urdangarín; Iván Yáñez, broker de Bárcenas; Fernando Martín, empresario de la construcción ligado a la trama Gürtel o Edmundo Rodríguez, considerado testaferro de Ignacio González.
La lista también incluye a empresarios, como Antonio y Jorge Gallardo, propietarios de la farmacéutica Almirall, que afloraron más de 113 millones de euros. Sus nombres aparecieron en los Papeles de la Castellana, junto a otros nombres como los dueños de Pipas Facundo. Los Escarrer, propietarios de Melià, o José María Caballé, de Servigroup, fueron otros empresarios que se sabe que se acogieron a la amnistía, gracias a las filtraciones de los Papeles de Panamá.
Otros nombres conocidos señalan a la familia de Jordi Pujol ya que, al menos dos de sus hijos, Oleguer y Josep, aparecen como acogidos a la amnistía de 2012, según los Papeles de Panamá. Esta filtración también señalaba a Micaela Domecq, mujer del comisario europeo y exministro, Miguel Arias Cañete. Otros conocidos familiares de dirigentes fueron la infanta de España Alicia de Borbón Parma, el infante Carlos de Borbón-Dos Sicilias (primo del rey Juan Carlos), y Pedro y Cristina de Borbón Dos Sicilias. Recientemente, Vozpopuli señaló que también los herederos del dictador Francisco Franco se acogieron a dicha amnistía con 7,5 millones.