La única propuesta anti-desahucios del PP: proteger al casero frente al inquilino

El programa electoral del PP se limita a esbozar en líneas generales su política de vivienda sin ofrecer propuestas concretas para los problemas generados por la explosión de la burbuja inmobiliaria. Ni medidas específicas para las personas desahuciadas, ni una palabra sobre vivienda de protección oficial, ni propuestas para acabar con los abusos de la banca. Todo esto en un contexto social donde los datos del Consejo del Poder Judicial muestran que las ejecuciones hipotecarias iniciadas desde 2008 ascienden a 637.232. Según los datos recogidos por el Banco de España que el año pasado hubo 35.519 entregas de viviendas. Y más allá de las cifras, el drama de los desahucios ha generado una convulsión social canalizado en movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que ha aupado a figuras como Ada Colau al frente de la alcadía de Barcelona.

Ajeno a toda esta problemática, el programa del PP salda su propuesta antidesahucios con una frase genérica sobre la protección de los menores y con una iniciativa en el apartado de justicia enfocada a proteger a los propietarios de pisos en alquiler. “Presentaremos reformas procesales en materia de desahucios, a fin de lograr un mayor grado de seguridad jurídica y de claridad normativa. Crearemos un título dedicado a los juicios de desahucio arrendaticios en la Ley de Enjuiciamiento Civil, poniendo fin a la dispersión de las normas en esta materia”. 

A partir de esto, las cuatro medidas relativas a vivienda que propone el partido de Mariano Rajoy se encuentran englobadas dentro un epígrafe general donde se encuentran también los temas de infraestructuras y transportes. Las medidas propuestas por el PP están enfocadas hacia la rehabilitación y la accesibilidad de las viviendas. También propone un nuevo Plan de Vivienda para el periodo 2017-2020. Bajo este epígrafe apuntan que se seguirán impulsando políticas de alquiler para las familias más desfavorecidas, ayudas a la rehabilitación de edificios y actuaciones de regeneración y renovación urbanas. Si se busca con más profusidad en el programa se encuentra una referencia a la promoción del cohousing (compartir piso) para los mayores. Algo que llama la atención cuando la mayor parte de este colectivo en España dispone de vivienda en propiedad.

Qué hacer con los desahucios

Ciudadanos presentó un decálogo de medidas relativas al sector inmobiliario que desarrollan los puntos de su programa. Para las situaciones de “emergencia social”, el partido propuso la expropiación del uso de la vivienda a los bancos durante un máximo de tres años. En el programa del PSOE propone una reforma de la Ley de Segunda Oportunidad para que en ella se recoja claramente que el juez debe tener en cuenta las condiciones sociales de la familia que se enfrenta a una ejecución hipotecaria para proponer un plan de pagos en el que se incluirían quitas en la deuda y en el caso de no poder afrontar el pago proponen una “dación en pago” de la vivienda.

En el caso de Podemos promueven una ley orgánica de protección del derecho a la la inviolabilidad del domicilio y prohibición de los desalojos forzosos sin alternativa habitacional. Además, sus medidas pasan por incluir en el ordenamiento jurídico español la dación en pago con carácter retroactivo en el caso de que se cumplan requisitos como la buena fé del deudor, una justa causa que haga imposible el pago de las cuotas y que la vivienda sea residencia única y habitual del deudor. Unidad Popular, la coalición donde se encuentra Izquierda Unida, propone “soluciones inmediatas para las situaciones de emergencia habitacional”. Entre ellas la cesión temporal de viviendas de los bancos para alquiler social, la despenalización de la ocupación por parte de familias o personas en situación de vulnerabilidad de viviendas vacías perenecientes a cajas o bancos intervenidos.

Acabar con los abusos bancarios 

Las propuestas de los partidos en materia relacionada con la banca se centran en acabar con las condiciones abusivas en plena batalla por la eliminación de las claúsulas suelo y tras una crisis que en buena parte ha tenido su origen en el exceso de crédito dado por los bancos. Así, Ciudadanos propone sanciones para los bancos que den préstamos “irresponsables” y la creación de un contrato marco para todas las hipotecas. Por su parte, el PSOE aboga por la “eliminación automática” de las cláusulas declaradas abusivas por el Tribunal de Justicia de la UE y la jurisprudencia del Tribunal Supremo español.

Mariano Rajoy lo resume en un brevísimo punto. “Incrementaremos el control de las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios que acceden al Registro y aseguraremos que los clientes conocen con precisión las obligaciones que asumen y que sus derechos quedan perfectamente protegidos”.

Podemos propone la eliminación automática e incondicional por parte de las entidades bancarias, y sin previa petición del titular, de las cláusulas declaradas abusivas por los tribunales, bajo apercibimiento de sanción en caso de no hacerlo. Mientras que Unidad Popular propone una serie de medidas entre las que se encuentra limitar el porcentaje del crédito hipotecario a un máximo del 80% del valor de tasación o multas a las entidades bancarias que tengan viviendas vacías.

Promover el alquiler y la vivienda de protección oficial

El mercado inmobiliario español tiene un problema estructural marcado por la alta dependencia de los propietarios. Con un porcentaje de vivienda en alquiler del 21,3%, España se sitúa muy por detrás de países como Francia o Alemania. Los partidos políticos promueven en sus programas medidas para potenciar este aspecto y aumentar la seguridad jurídica aunque la perspectiva es bastante diferente en función de la formación política. En el caso de Podemos, el foco se pone en el inquilino que consideran la parte más débil. El PSOE propone “establecer garantías para el cobro de los arrendamientos” y una tasa para las viviendas vacías. Mientras que Ciudadanos apuesta por fomentar el arbitraje y la bonificación del IBI para los propietarios de viviendas vacías que se pongan en alquiler. Por su parte, Unidad Popular propone “exenciones fiscales para personas que tengan una vivienda en régimen de alquiler”.

En el caso de la vivienda de protección oficial, todas las formaciones menos el PP, apuestan medidas para gestionar el parque público. En el caso de Ciudadanos, para ellos la gestión pasaría por reorientar el parque hacia el alquiler que promoviera la movilidad. Por su parte, el PSOE también quiere orientarlo hacia alquiler y marcar un umbral máximo de acceso a un tercio de la renta familiar. Mientras que Podemos pide prohibir la privatización del parque público de vivienda en alquiler. Entre las medidas de Unidad Popular se incluye que se conserve la titularidad publica del suelo cediendo el uso para vivienda en el caso de venta o que las viviendas públicas no puedan ser cedidas ni vendidas a entidades privadas.