Sorcha Edwards es la secretaria general de Housing Europe, la Federación Europea de Vivienda Pública, Cooperativa y Social, una red de 45 federaciones nacionales y regionales en 24 países. En su opinión, la crisis económica y social debida a la epidemia de coronavirus va a poner de manifiesto una vez más la necesidad de más vivienda pública, especialmente en casos como el de España, con uno de los menores parques de vivienda social de toda la Unión Europea.
Para Edwards, en España “existe una clara necesidad de un papel más fuerte del sector público para equilibrar los intereses comerciales”. En una entrevista con eldiario.es, afirma que la prioridad debe ser aumentar la oferta de inmuebles de alquiler público cerca de los puestos de trabajo y apoyar la movilidad, sobre todo de los jóvenes.
España tiene un porcentaje de vivienda social, entre un 1,5 y un 2,5% del total, según la fuente, mientras en la Unión Europea representa el 11% ¿Cómo puede afectarnos esto por ejemplo en la crisis económica relacionada con el coronavirus?
En primer lugar, esperamos que haya una comprensión política de que se necesitan más viviendas de alquiler social, ya que los gestores públicos se han adaptado rápidamente para apoyar a los hogares más vulnerables. Los alquileres privados habían llegado a aumentar un 60% entre 2014 y 2017 en Barcelona y Madrid. Esta pandemia revelará que estas subidas se traducen en una falta de resistencia ante los shocks.
Para resolver la falta de vivienda pública, el plan de invertir en momentos difíciles como los presentes es más difícil y en todo caso la construcción es lenta. ¿Hay alternativas? ¿Quizás comprar casas privadas y hacerlas públicas en lugar de construirlas?
Hay una necesidad en toda Europa de revisar los métodos de adquisición de vivienda pública y de usar técnicas innovadoras para acelerar los procesos de nueva construcción. Por ejemplo, vemos un aumento en la construcción modular en serie, que puede acelerar los procesos. En Alemania y Suecia utilizan contratos marco de adquisición.
También se adquieren viviendas prefabricadas. O también hay países donde se debe poner a disposición una cuota de viviendas sociales en los nuevos desarrollos urbanísticos.
En España hay alrededor de 3 millones de viviendas vacías, por ahí iba también mi pregunta.
La rehabilitación también es una forma de aumentar la oferta y hay un enfoque hacia ella a nivel europeo. La compra de propiedades ya existentes también puede ser una opción preferible a usar rentas públicas para pagar a propietarios privados durante un período prolongado. Pero también es importante tener en cuenta que al movilizar viviendas vacías, la ubicación y la calidad son vitales.
En España, uno de los problemas con la vivienda pública es que se ha construido para venderla a precios subvencionados y ha pasado a manos privadas. Según una investigación, si la vivienda social construida en España desde los sesenta siguiera en manos públicas, hoy disfrutaríamos de un parque protegido de aproximadamente 7 millones de unidades inmobiliarias, casi el 40% del stock. ¿La vivienda social debe ser siempre para alquilar?
Housing Europe promueve sistemas de vivienda que satisfacen demandas cambiantes, y esto significa una combinación de tendencias. Muchos promotores de viviendas sociales también desarrollan viviendas para la compra asequible en toda Europa. Sin embargo, en España podemos ver que el sector de alquiler privado no puede satisfacer la demanda de alquiler a precios asequibles para los hogares. Existe una clara necesidad de un papel más fuerte del sector público para equilibrar los intereses comerciales. El sistema de vivienda debe verse desde una perspectiva social. En España, ahora la prioridad debe ser aumentar la oferta de viviendas de alquiler público cerca de los puestos de trabajo y apoyar la movilidad, sobre todo de los jóvenes.
Por ejemplo, ¿qué opina de la idea de limitar los precios de alquiler como en Berlín o París? El Banco de España dice que estas medidas “no abordan las causas subyacentes del problema de accesibilidad” y “pueden conducir a una mayor contracción de la oferta en áreas reguladas y aumentar los precios fuera de esas áreas”
La regulación de alquileres no es un tema fácil. La regulación de alquileres en Berlín no se puede ver igual que en Madrid. Cada contexto local es diferente. Cuando hay incrementos de precio tan extremos en poco tiempo, existe la necesidad de intervención. Lo ideal es encontrar una manera de proteger a los hogares contra la especulación en el sector inmobiliario. El sector público puede hacer esto de muchas maneras, como con la promoción de alquileres públicos y cooperativas. Barcelona está probando una serie de intervenciones públicas con este objetivo que seguimos con interés.
No me ha quedado claro si ve necesario un control de los precios del alquiler en el caso de Madrid o Barcelona
Se necesita una intervención pública, esto está claro. Pero se necesita intervenir sobre la oferta y la demanda y también en el marco regulatorio. La transparencia de los datos es crucial para ello. En España se han establecido una serie de observatorios de vivienda con este objetivo.
Usted dice que se necesita intervención pública y que existe una clara necesidad de que el sector público equilibre los intereses comerciales. ¿Podría dar algunos ejemplos de políticas que recomendaría en el caso español, especialmente en un momento como el actual?
Es vital que se tomen todas las medidas necesarias para evitar desahucios. Vemos que en muchos países se están creando fondos temporales de emergencia para proteger a propietarios e inquilinos. La moratoria en los pagos de la hipoteca también es vital. Sin embargo, este también debe ser un momento para aumentar la capacidad de adaptación a medio y largo plazo.
Justamente esas medidas se han adoptado en esta crisis en España, al menos de forma temporal. ¿Pero cómo adaptarse a medio y largo plazo?
Ahora hay un mayor enfoque en la inversión en infraestructuras sociales en la UE. Con los intermediarios adecuados, por ejemplo el ICO, se pueden obtener más fondos de InvestEU, el BEI y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa. Esto puede usarse para la construcción de viviendas de alquiler social que sigan siendo de alquiler social.
España debería adoptar umbrales mínimos de vivienda social en las ciudades. Por ejemplo, en Dinamarca, la ciudad de Copenhague tiene un objetivo del 30%.