A unos meses de agotar la legislatura, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha sacado a consulta pública el esperado borrador de Real Decreto que regulará el autoconsumo de electricidad y que, dicen desde el sector fotovoltaico (el que más esperanzas tenía depositadas en esta alternativa energética), lo hará inviable en la práctica a través de lo que la patronal Unef ya ha bautizado como dos nuevos “impuestos al sol” que sustituyen al malogrado “peaje de respaldo”.
El texto se ha publicado con un retraso de más de tres años con respecto al plazo para regular esta actividad que establecía un real decreto aprobado en el descuento por el anterior Gobierno. Industria ha abierto el periodo de alegaciones (15 días hábiles) al borrador, publicado en pleno puente del Corpus en Madrid, cuando muchos parlamentos autonómicos ni siquiera se han constituido tras las elecciones del 24 de mayo.
Regiones como Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Baleares o Extremadura, que tienen un elevado potencial para la energía fotovoltaica, todavía no han formado gobierno y está por ver que presenten alegaciones al texto, un extremo que dependerá de que el director general de turno a escala autonómica quiera posicionarse en esa materia. El margen de maniobra que tendrán será muy limitado, dada la complejidad del texto cocinado en Industria.
Cuatro de esas regiones (Murcia, Castilla-La Mancha, Baleares y Extremadura) estaban hasta ahora gobernadas por el PP, aunque este partido está muy cerca de ser desalojado del poder en ellas tras perder la mayoría parlamentaria.
Criba de alegaciones
Otra particularidad del procedimiento es que Industria, en un aparente puenteo a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha decidido que sea la propia Secretaría de Estado de Energía la que reciba las alegaciones al texto, acogiéndose a la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, que sólo ha utilizado en ocho ocasiones a lo largo de esta legislatura y siempre para normas de poco calado entre la opinión pública.
La diferencia en este caso es que se trata de un marco normativo que puede finiquitar las aspiraciones de muchos ciudadanos particulares que aspiraban a autoproducir electricidad en sus propias casas, al margen de las grandes compañías eléctricas.
Dirigir las alegaciones directamente ante el Ministerio puede permitir al departamento de José Manuel Soria cribar los comentarios y, a la par, proteger al Ministerio ante los recursos judiciales que, previsiblemente, se presentarán si el texto propuesto sale adelante en su redacción actual. “Mi intuición es que quieren cubrirse jurídicamente para que nadie diga que no hubo un trámite de audiencia adecuado”, dice José Donoso, director general de la patronal Unión Española Fotovoltaica (UNEF).