Los trabajadores de la seguridad de varios organismos públicos llevan sin cobrar varios meses, hasta seis en algunos casos y en aumento. Mientras, siguen acudiendo a sus puestos sin percibir un solo euro. Se han visto afectadas las plantillas del INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria), del Imserso y de las oficinas de la Seguridad Social en Guadalajara, a las que se suman otras entidades públicas a nivel regional. El servicio de vigilancia está externalizado y la empresa adjudicataria responsable de los impagos es Segursa 2000, S.A. La compañía se hizo con las licitaciones públicas en 2020 con ofertas más baratas que las de sus competidores. Entonces, ya tenía investigaciones abiertas de la Inspección de Trabajo por retrasos en el abono de salarios.
La plantilla que acumula más meses de impagos es la del Imserso, con seis mensualidades, mientras que la del INIA suma ya cuatro nóminas sin percibir y la de la Seguridad Social tiene en rojo tres mensualidades.
El único organismo que cuenta con una nueva empresa al frente del servicio de vigilancia es la Seguridad Social, explican a este medio desde el Ministerio, por lo que la deuda de sus vigilantes se acota a los meses de agosto a octubre. El personal de seguridad del INIA y el del Imserso siguen dependiendo en cambio de Segursa 2000 y, por tanto, acumulando mensualidades sin cobrar. elDiario.es ha intentado contactar con la compañía, pero no ha recibido respuesta. Fuentes de la Administración explican que la empresa está embargada por las autoridades.
Pagan los trabajadores y las arcas públicas
La documentación pública sobre las adjudicaciones da cuenta de que Segursa 2000 se hizo con estos tres servicios públicos gracias a precios bajos. “Por haber resultado la oferta económicamente más ventajosa”, recoge la resolución del Imserso. “Compiten con ofertas al borde de ser temerarias y se llevan los servicios, pero luego salimos perdiendo nosotros”, explica Carlos, uno de los empleados de seguridad del INIA, que prefiere no desvelar su verdadera identidad. “Éramos 13 trabajadores y ahora quedamos 11, dos se han marchado y hay varias personas de baja”, añade.
La última nómina que recibieron los vigilantes del INIA fue la de julio, después de varios meses en los que Segursa 2000 abonaba tarde las remuneraciones. “Pero tras el sueldo de julio dejó de pagar, no sabemos nada de la empresa, no hay manera de hablar con ellos. Estamos yendo a trabajar y hay varias demandas para reclamar los salarios e indemnizaciones. Hay gente que lleva 15 y 20 años de trabajo, no es menor perder esa antigüedad”, explica a elDiario.es el empleado.
El caso del INIA, dependiente del Ministerio de Ciencia, es llamativo. Hace dos años, el organismo público vivió otra experiencia de impagos de salarios con la empresa a la que adjudicó su servicio de cafetería. Finalmente, la compañía dejó a deber a los trabajadores “siete meses de salario”, relata a este medio Santiago (nombre ficticio), uno de los afectados. “Son ofertas baratas pero salen muy caras para el personal”, lamenta el empleado. En este caso, la empresa adjudicataria entró en concurso de acreedores, terminó despidiendo a la plantilla y solo una parte pudo volver a la cafetería del organismo público bajo el mando de la siguiente empresa subcontratada.
Santiago critica que aún no ha recibido un euro del dinero adeudado, del que en cualquier caso solo recuperará una parte. El Estado se hará cargo con fondos públicos de la deuda ante la quiebra de la compañía adjudicataria, a través del FOGASA, pero no paga la totalidad de los impagos. “Solo cuatro meses de los siete adeudados y la indemnización por un año trabajado, cuando hay compañeros con 20 años de antigüedad”, sostiene Santiago.
La Inspección de Trabajo ya había detectado irregularidades
Los servicios en cuestión se adjudicaron en septiembre (INIA), octubre (Imserso) y diciembre (Seguridad Social) de 2020. Entonces Segursa 2000 ya era una empresa conocida por los sindicatos profesionales de seguridad por retrasarse en el abono de las nóminas. El Sindicato de Trabajadores de Seguridad y Servicios (STS), por ejemplo, difundió en octubre a la prensa, tras la concesión del Imserso, un requerimiento de la Inspección de Trabajo del mes de junio en el que urgía a Segursa 2000 a pagar puntualmente las nóminas, al constatar que la empresa abonaba una parte el día 5 y el resto entre el 15 y 17 de cada mes. Ya en noviembre de este año, el sindicato Alternativa Sindical había compartido otra resolución de la Inspección, que informa de un expediente sancionador por infracción “muy grave” de la compañía.
Los empleados afectados por los impagos critican a las Administraciones por conceder servicios a empresas que incurren en este tipo de prácticas, detectadas incluso por la autoridad laboral. En la Seguridad Social y el Imserso alegan a elDiario.es que la empresa cumplía con todos los requisitos exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público. En el INIA no han respondido a las preguntas de este medio.
Una vez se llega a una situación de impagos de salarios, las respuestas de las Administraciones tampoco son siempre rápidas, denuncian los trabajadores. La Seguridad Social y el Imserso explican que han retenido el importe de las facturas que tenían que abonar a la empresa para garantizar el pago a los trabajadores, pero eso será “cuando la autoridad judicial así lo ordene”. Algo que no ha ocurrido aún. En caso de deudas, Hacienda y la Seguridad Social cobran antes que los trabajadores.
Pero, mientras que la Seguridad Social rescindió el contrato con Segursa 2000 al cabo de tres meses de impagos y adjudicó el servicio a otra empresa, que “subrogó a los trabajadores”, en el Imserso el contrato con la compañía incumplidora sigue en vigor. También en el INIA, por lo que las deudas con los trabajadores siguen aumentando. Desde el Imserso justifican que “no se ha procedido a la rescisión del contrato para garantizar el empleo de los trabajadores, ya que esta implicaría el cese en el puesto de trabajo”.
En el INIA, ante la falta de respuestas, su personal de seguridad ha acudido a los tribunales para pedir medidas cautelares. Esperan que el juez les permita dejar de trabajar sin cobrar, una decisión que se conocerá este 15 de diciembre.