La subida de las pensiones con el IPC incluida en los Presupuestos será retroactiva desde enero
- Montoro ha explicado que el aumento del gasto en pensiones se financiará con intereses de la deuda, impuestos a las tecnológicas y parte del rescate a autopistas
Si se aprueban los Presupuestos de este 2018, la subida de las pensiones con el IPC (marcado en el 1,6%) se aplicará de manera retroactiva desde enero. Las pensiones este año se habían incrementado solo en un 0,25%, debido al vigente índice de revalorización de las pensiones que aprobó el Gobierno. Aunque era previsible que el incremento afectara a todo el ejercicio, este punto era uno de los flecos pendientes del acuerdo en materia de pensiones entre el Gobierno y el PNV para que los nacionalistas vascos apoyen las cuentas del Ejecutivo.
Esta precisión ha quedado aclarada en las enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado presentadas por el PNV este viernes en el Congreso. Sus propuestas recogen una revalorización de las pensiones con el IPC este año, al 1,6% aplicable de manera retroactiva desde el 1 de enero. Para la actualización de 2019, el texto precisa que “si no hubiera acuerdo en la Comisión de seguimiento y evaluación del Pacto de Toledo para la revalorización anual”, se volverían a subir al 1,6%.
Es decir, que el incremento de 2019 podría cambiar si la comisión parlamentaria acordara otro sistema de revalorización anual. Tras mucho retraso y posturas muy distantes de los grupos, ese escenario se ve más cercano: esta semana, los partidos han llegado a un principio de acuerdo en el Pacto de Toledo para proponer un mecanismo diferente al índice de revalorización en el que el IPC sea un elemento “medular”.
Las enmiendas del grupo vasco también recogen la ampliación de la base reguladora de las pensiones de viudedad a un 56% este año –en las cuentas presentadas está en un 54%– y al 60% en 2019 y el retraso de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad al 2023. Esa fecha queda como horizonte, pero podría aplicarse antes si hay acuerdo en este punto en el Pacto de Toledo, según se desprende del texto de la enmienda. Recoge que serán los grupos los que definan un acuerdo sobre las “medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema. No obstante y en todo caso, su entrada en vigor se producirá en una fecha no posterior al 1 de enero de 2023”.
El PNV aseguró además esta semana que se mantenían las subidas del 3% de las pensiones más bajas que ya había incluido el Gobierno en los Presupuestos.
La fecha para la aprobación de los presupuestos, si el Gobierno logra los apoyos necesarios, es el 24 de mayo. ¿Cuándo llegarán esos pagos atrasados de la revalorización de los primeros meses del año? Según fuentes del Gobierno aún no se ha definido este punto, pero puede ser a través de una paga compensatoria, que podría coincidir o no con la extra.
1.500 millones este año
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha cifrado este viernes el gasto que supondrán estas mejoras en las pensiones: para 2018, 1.500 millones de euros y para 201, 1.800. Es decir, 3.300 millones en total que se financiarán con intereses de la deuda, impuestos a las tecnológicas y parte del rescate a autopistas, según ha explicado el ministro.
El PP, por su parte, ha enmendado con un aumento de 1.300 millones de euros la partida para pensiones incluida en los Presupuestos, para hacer frente al incremento de estas prestaciones, según ha explicado su diputada de la Comisión de Presupuestos Susana López Ares.
La reforma de las pensiones, sin contenido
El pacto entre Mariano Rajoy y el PNV para apoyar los Presupuestos de 2018 supone de facto vaciar la reforma de las pensiones del Gobierno durante los próximos años. Los nacionalistas vascos han logrado con su acuerdo desactivar sus dos elementos fundamentales: el índice de revalorización (que ocasionó las subidas anuales del 0,25%) y el factor de sostenibilidad, que quedarán pospuestos dos años en el primer caso y cuatro en el segundo.
El Ejecutivo había rechazado una y otra vez subir las pensiones con el IPC como pedía la mayor parte de la oposición y defendía la necesidad de aplicar su reforma del sistema para garantizar la sostenibilidad de las pensiones públicas en los próximos años.
El índice de revalorización calcula con una compleja fórmula la subida anual de las prestaciones teniendo en cuenta el estado de las cuentas de la Seguridad Social. Ante la situación de déficit –de más de 18.000 millones de euros en la actualidad–, el índice establece la subida mínima (0,25%). Las masivas protestas de jubilados en la calle contra esta revalorización ha puesto contra las cuerdas al Gobierno, con continuas proposiciones en el Congreso para modificar su reforma de 2013.
El factor de sostenibilidad iba a entrar en vigor el 1 de enero de 2019. Con este acuerdo, su inicio queda aplazado por el momento hasta 2023. El factor implica añadir la esperanza de vida al cálculo de la prestación de los nuevos jubilados, lo que provocará una reducción de su cuantía inicial. Según las estimaciones de CCOO, el descenso se sitúa en torno a un 0,5% anual (con carácter acumulativo). Por ejemplo: si tu pensión iba a ser de 1.000 euros en 2018 y te jubilabas en 2019, sería de 995 euros debido a este ajuste. Si te jubilabas en 2020, caería a los 990 euros.
