En el informe que el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, presentó a la comisión de economía del Congreso de los Diputados, incluyó un cálculo preocupante. Según la institución, un incremento de entre 1 y 3 puntos porcentuales en el coste de las hipotecas o préstamos elevará la carga financiera de las familias endeudadas más pobres a cerca del 35% de su renta disponible. El propio Banco de España advierte, junto a esta previsión, que este esfuerzo se considera “elevado” cuando alcanza el 40%.
Los alquileres ya vienen sobrepasando ese “límite” a la carga financiera que deberían afrontar los hogares. Una amenaza que ahora se extiende a las hipotecas, tras años de tipos de interés en mínimos históricos, y sobre la que se conocen amargamente sus consecuencias: impagos, desahucios...
El mismo cálculo del Banco de España muestra que, en el peor escenario contemplado, una subida de tres puntos de los tipos de interés, esta carga apenas aumentará al 3% de la renta disponible de las familias más ricas.
De nuevo, los más pobres sufrirán las principales consecuencias de la subida de los tipos de interés. La principal respuesta de la política monetaria, la que compete al Banco Central Europeo (BCE) en el conjunto de los países que comparten el euro, a la actual crisis de inflación, que también está reservando su mayor golpe a las rentas más bajas, que dedican mayor parte de su presupuesto a la energía y a la alimentación –hasta un 25% de los ingresos totales del 25% de los hogares más pobres–, que es precisamente lo que más ha subido en los últimos meses.
Fin a una respuesta común histórica
El BCE ha cubierto todas las necesidades de financiación de España y en general del conjunto de la eurozona durante la pandemia de COVID y el comienzo de la invasión de Ucrania, en un ejercicio histórico de contestación común, incluso más relevante que los fondos de recuperación Next Generation. Ha comprado el déficit, es decir, todo lo que ha habido que gastar y que los ingresos no alcanzaban, con partidas extraordinarias como los ERTE, el ingreso mínimo vital (IMV), las rebajas de impuestos a la electricidad o el descuento a los carburantes.
El programa de emergencia de compras de deuda del banco central que preside Christine Lagarde y el mantenimiento de los tipos de interés oficiales en el 0% han sido, de hecho, el sostén para la actividad económica –permitiendo que las empresas, las familias y el propio Estado hayan accedido a crédito barato–. Y, del mismo modo, las condiciones inmejorables sobre las que se están desplegando las inversiones del Plan de Recuperación.
Pero el BCE ha decidido terminar con las compras de deuda. En marzo acabó el programa de emergencia. Y, según ha anunciado, en junio cerrará el programa previo, que inició para favorecer la salida de la Gran Crisis Financiera de 2008 y que en 2020 todavía tenía en marcha. Según las expectativas, justo después subirá los tipos de interés de referencia, iniciando un ciclo de incrementos que continuará en septiembre.
La teoría dice que, de esta manera, el BCE deja de alimentar la inflación, al encarecer las hipotecas y los préstamos y frenar, por tanto, la actividad generada artificialmente con su creación de dinero. Sin embargo, muchos expertos se preguntan si esta teoría aplica a una subida de precios, aunque ya extendida a prácticamente toda la cesta de bienes y servicios, que está originada en el petróleo, el gas y otras materias primas básicas en la industria, la agricultura o la alimentación, por la perturbación que supone la guerra iniciada por Rusia. Y, sobre todo, que no tiene réplica en los salarios, sino más bien en una significativa pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, y sobre todo de los hogares más pobres.
“No tiene ningún sentido. ¿Cómo resuelve una subida de 50 puntos básicos [algunos miembros del BCE han pedido este medio punto de incremento de golpe ya en julio] el problema geopolítico del conflicto ucraniano? ¿Cómo consigue que baje el petróleo?”, arguye el economista Stuart Medina Miltimore.
“Aunque el BCE suba los tipos de interés, la inflación se mantendrá alta. El BCE puede actuar sobre la demanda, pero no sobre la oferta (en este caso de materias primas, minerales petróleo o gas). Mientras haya sanciones habrá inflación”, coincide Víctor Alvargonzález, director de estrategia y socio fundador de la firma de asesoramiento independiente Nextep Finance.
Más ganancias para la banca
En la práctica, una subida de tipos sí que tiene efectos directos y palpables, como que los bancos ganan más dinero con las hipotecas y los préstamos y que las familias y el Estado sufren un incremento de estos gastos financieros.
“Es necesario hacer un seguimiento estrecho de este mercado, sobre el que el conflicto bélico podría tener efectos contrapuestos, dada la erosión real de los ingresos de los agentes que representa el aumento de la inflación y el posible endurecimiento de condiciones financieras”, aseguró Hernández De Cos en el Congreso. Y matizó: “En todo caso, ante aumentos moderados en los tipos de interés cabría esperar que este efecto no fuera muy significativo, en parte por el incremento del peso de las hipotecas a tipo de interés fijo observado durante los últimos años, que en diciembre de 2021 se situaba en el 24,9% del saldo vivo”.
Pero la situación no debe estar tan controlada ni para las familias ni para el Estado, que ahora afronta el déficit casi al pulmón –el BCE todavía seguirá reinvirtiendo los vencimientos de la deuda que ha adquirido estos años– cuando, por segunda vez tras hacerlo en lo peor de la pandemia, afirmó que “sería deseable que hubiera una respuesta fiscal común frente a los retos que supone la guerra en Ucrania, incluida la mutualización del gasto público necesario para afrontar sus efectos sobre las economías” de la Unión Europea (UE).
“El Estado es un deudor neto. Si suben los tipos de interés, las transferencias del Estado a los tenedores de deuda pública aumentan. Por otra parte, dentro del sector privado, los acreedores suelen ser bancos y los deudores clases medias y populares o empresas. Una subida de tipos de interés equivale a transferir rentas a los bancos”, incide Stuart Medina Miltimore.
“No hay ninguna evidencia de que el episodio de inflación que estamos viviendo pueda deberse a un sobrecalentamiento de la demanda, a reclamaciones salariales desorbitadas o a políticas monetarias que llevan aplicándose desde hace más de una década”, continúa el economista de la Red de la Teoría Monetaria Moderna de España.
“En cambio sí sobran evidencias de que las subidas de precios se deben a causas coyunturales como las disrupciones logísticas y la subida de los precios de la energía. Hay quienes quieren vendernos un relato ficticio para justificar las mismas políticas desacertadas de siempre: más austeridad”, concluye.
“Dado que el BCE está más preocupado por la dinámica de la inflación que por el crecimiento, creemos que continuará el proceso de normalización de la política monetaria, proceso que comenzó en diciembre del año pasado. El Consejo de Gobierno probablemente decidirá poner fin a las compras netas de activos en el marco de su programa regular de compra de activos este mes, y preparará al mercado para las subidas de los tipos de interés en julio y septiembre, las primeras en la zona euro en los últimos once años”, añade Konstantin Veit, experto de Pimco, una de las mayores gestoras de deuda del mundo.