Los sucesivos récords del precio de la luz fuerzan al Gobierno a contemplar por primera vez una empresa pública

Para el Gobierno de Pedro Sánchez era un tema tabú. Al menos, para el ala socialista del Consejo de Ministros, porque los miembros de Unidas Podemos siempre han defendido que es la única manera de reformular el mercado eléctrico. La alarma social suscitada por los sucesivos récords en el mercado mayorista de electricidad, que determina parte de la factura de la luz, un asunto políticamente explosivo, han llevado al Ejecutivo a contemplar por primera vez una empresa pública de energía que gestione las concesiones hidroeléctricas cuando vayan venciendo. 

Se trata de una vieja reivindicación de Podemos que en los últimos meses había rechazado públicamente la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. Hasta este jueves. Horas antes de que el denominado pool encadenase su quinto récord histórico consecutivo, la vicepresidenta tercera rompía un silencio de varios días. En una entrevista en la SER, abría la puerta a la posibilidad de “disponer de toda la energía hidroeléctrica a través de un sistema concesional, a través de una empresa pública, según se vayan liberando las concesiones hidroeléctricas, que permita intervenir o facilitar otra manera de ofertar energía”.

Esta propuesta no figuraba en los acuerdos del Gobierno de coalición, que sí prometía entre otras cosas aprobar el Plan Nacional de Energía y Clima, la “reforma del mercado eléctrico y bajada de la factura”, la puesta en marcha de un nuevo sistema de subastas de energías renovables o atajar los “beneficios caídos del cielo” de hidráulica y nuclear.

Un asunto, este último, para el que el Gobierno ha remitido ya un proyecto de ley al Congreso que busca minorar la retribución extra que reciben estas dos tecnologías por el encarecimiento del CO2, al que no hacen frente. La propuesta, planteada cuando empezaba a arreciar la espectacular escalada de los últimos meses, y coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva factura en junio, ha llevado a las eléctricas a amenazar con adelantar el cierre de las nucleares, indispensables para la transición energética.

La creación de esa empresa pública era una promesa electoral de Unidas Podemos. Su programa para las últimas generales planteaba “recuperar automáticamente la gestión pública de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones para la explotación privada hayan caducado o lo hagan en el futuro”, para “complementar la producción eléctrica cuando otras tecnologías renovables tengan valles, proteger la salud ecológica de nuestros ríos y garantizar el riego, el control de las crecidas y el suministro de agua potable sin que interfieran intereses económicos espurios, así como compensar a los territorios que soportan las centrales y sufren las consecuencias de la desigualdad territorial”.

La propuesta tiene el apoyo de asociaciones de consumidores como Facua y expertos como Jorge Fabra, ex presidente de Red Eléctrica y azote de los llamados windfall profits o “beneficios caídos del cielo” de las eléctricas: “Sería fantástico que las centrales hidroeléctricas que caducaran se fueran concentrando en una empresa pública. Esta fuente presta un servicio de un valor incalculable para el sistema eléctrico: para cubrir la intermitencia de las renovables, afeitar las puntas de producción contaminante, concentrar la producción cuando una nuclear entra en parada… Su gestión debe ser completamente orientada al interés general, y ahora mismo no lo está. Está orientada al interés de maximización de beneficios por parte de los titulares de las concesiones”, señalaba Fabra en una reciente entrevista en elDiario.es. 

La presencia del Estado en el sector eléctrico es historia en España desde la privatización de Endesa, pero no es ni mucho menos una anomalía y se extiende a países como Estados Unidos, Francia, Italia o Austria. Ribera ya planteó en noviembre de 2018 la posibilidad de recuperar para el Estado las presas cuyas concesiones caducasen. Entonces, explicó que había 115 aprovechamientos hidroeléctricos de cuencas intercomunitarias extinguidos, de los que unos cien estaban abandonados y con poca rentabilidad económica aparente. Además, se preveía que se extinguieran 25 concesiones hasta 2020 y 70 hasta 2030.

Después llegó el acuerdo PSOE-Unidas Podemos, y poco después, la pandemia que lo cambió todo. Y en enero pasado, durante otra crisis de precios coincidiendo con la ola de frío que acompañó a la famosa borrasca Filomena, y que propició otro pulso interno en el Gobierno de coalición por la factura de la luz, Ribera cerró la puerta a esa posibilidad. 

“No tengo claro que fijar un precio único, la creación de una empresa pública o la nacionalización del sector, vayan a facilitar ningún tipo de transformación de nuestro sistema. Al revés, probablemente en un contexto complejo como el energético, lo que necesitamos es activar todas las palancas a la vez teniendo claro cuál es el equilibrio que queremos conseguir desde el punto de vista social, ambiental y de viabilidad del sistema”, dijo entonces Ribera. 

Unos meses después, el Gobierno expresaba su voluntad de volver a sacar a concurso dos de las principales presas que van a vencer en los próximos años (ambas de Iberdrola, líder indiscutible de esta tecnología), y en junio Transición Ecológica facilitaba a elDiario.es un listado (incompleto) de concesiones hidroeléctricas que van a vencer en la próxima década: más de 700 MW de potencia pertenecientes en su mayoría a las grandes eléctricas, y también a algún fondo de Luxemburgo que denunció a España por los recortes del Gobierno de Rajoy a las renovables y luego puso en venta el laudo favorable que obtuvo.  

Días después, el Ministerio planteaba en los borradores de los nuevos planes hidrológicos reforzar al Estado en la gestión de las presas de las cuencas del Ebro y el Duero. Y a los pocos días, la vicepresidenta, en una comparecencia en el Congreso, volvía a rechazar la idea de crear una empresa pública. Pero con matices.

“Hoy por hoy no creemos que el modelo de recuperar dedicando una gran parte de recursos públicos a la recompra de una empresa privada tenga sentido. Y tampoco estamos seguros de que la creación de una empresa pública ex novo pueda generar un gran cambio”, si bien “las experiencias de algunas ciudades que lo están intentando son interesantes para ver qué es lo que funciona”, señaló la vicepresidenta. Ribera reconoció entonces que los altos precios de la luz, que obligaron al Gobierno a aprobar en junio una bajada de urgencia del IVA de la factura al 10% y a suspender el impuesto a la generación eléctrica, habían venido para quedarse “en los próximos meses”, a la vista de la brutal escalada del gas natural y los derechos de CO2.

Cambio de discurso

Así ha sido, hasta la insólita situación de esta semana, con cinco máximos históricos consecutivos del mercado mayorista y en mitad de la primera ola de calor del año. El cambio de discurso de Ribera ha llegado también después del portazo de la Comisión Europea a la reforma del diseño del denominado pool que le reclamó la vicepresidenta por carta a principios de verano. 

Bruselas, según la ministra, “no tiene la menor intención de introducir cambios en el sistema marginalista”, por el que la última tecnología que casa oferta y demanda determina lo que cobran todas las demás, “porque es el más cómodo, el más eficiente, el más sencillo y nos ha permitido beneficiarnos mientras los costes de las distintas tecnologías eran parecidos”. Algo que no ocurre en España en la actualidad, pero sí en otros países que “van por detrás” en la penetración de energías limpias. 

Ese sistema marginalista permite que la hidroeléctrica, y no el gas natural, esté marcando el precio más caro la mayoría de las horas en este pico de precios. Como recordó Ribera este jueves, es “desagradable”, pero “legal” con el marco actual. Consciente de que la escalada se ha comido ya sus rebajas fiscales, y de que las otras dos medidas planteadas hasta ahora (el citado recorte a los llamados windfall profits, que Unidas Podemos pidió tramitar por Real Decreto-Ley, y el fondo que deberá sacar de la tarifa el coste de las primas a las renovables más antiguas) tardarán meses en empezar a hacer efecto, el Gobierno ha abierto la puerta a esa empresa pública tras anunciar Unidas Podemos la víspera una batalla en la calle, con manifestaciones, dentro del Consejo de Ministros e incluso en el Congreso contra lo que el portavoz del grupo parlamentario, Pablo Echenique, denominó “saqueo” de las eléctricas.

Ribera también avanzó el jueves que estudia cambios en la tarifa semirregulada del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) para que sea más estable a cambio de una “pequeña prima”. Esta tarifa está directamente indexada a los precios del pool. Pese a ser más volátil, es más barata que las ofertas del mercado libre que promocionan las eléctricas. Estas han pedido cambiarla para, en expresión de Endesa, “proteger” al consumidor de estas fluctuaciones.

El giro discursivo de Ribera ha sido confirmado este viernes por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien ha asegurado que el Gobierno trabaja efectivamente en la creación de una compañía pública que gestione las centrales hidroeléctricas, aunque ha enfatizado que se hará cuando terminen las actuales concesiones, por lo que se trata de una medida a “medio y largo plazo”.

“Una de las posiciones que se plantea es que pueda haber una empresa pública, cuando terminen las concesiones en todo caso, porque la seguridad jurídica es muy importante, y hay que ver también las condiciones de las concesiones una vez que concluyan. Es una de las medidas que se están trabajando, pero sería en el medio y largo plazo”, ha precisado Bolaños, quien ha insistido en que una medida así “en ningún momento” afectará a las concesiones existentes.

Un asunto delicado

El asunto de las alzas en la factura de suministros es delicado para Unidas Podemos. Desde su nacimiento, el espacio confederal ha hecho bandera de la necesidad de poner coto a las energéticas del Ibex. Ahora ve como el recibo de la luz marca máximos históricos y se encarece incluso respecto a los años de gestión del PP, en los que el partido de Pablo Iglesias cargaba contra el Gobierno por no meter en cintura a las eléctricas.

La propia Yolanda Díaz, nada partidaria del ruido en los medios, dejó clara hace unos días su oposición a la autorización de la opa parcial lanzada por el fondo de inversión australiano para hacerse con hasta un 22% de las acciones de la energética Naturgy, nacida a su vez de la fusión de Unión Fenosa y Gas Natural. 

Este jueves, tras oír las palabras de Ribera, la líder de Podemos y compañera en el Consejo de Ministros, Ione Belarra, celebró que el PSOE se abra a la propuesta que Unidas Podemos lleva años reclamando y pidió “urgencia y valentía” para la creación de esa empresa pública. 

Luego redundó en esa idea el coportavoz de la formación, Pablo Fernández, que volvió a anunciar movilizaciones en la calle para lograr que el Gobierno actúe contra “el oligopolio eléctrico que está timando y estafando” a los ciudadanos. 

La idea de una compañía eléctrica pública no suena igual de bien para algunos partidos de la oposición. En concreto, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, de Ciudadanos, ha considerado la propuesta una “insensatez” propia, ha dicho, de países como “Venezuela”. “Lo que tiene que hacer el presidente es escuchar menos a la parte populista del Gobierno, que empieza a ser mayoritaria. Le pedimos que reduzca los impuestos y el IVA asociado a la electricidad”, ha apostillado.