El supuesto “contrato secreto” con Bruselas del que habla el PP será público y no incluye nuevas condiciones

“¿Por qué no publican el acuerdo del Gobierno de España con la Comisión Europea para saber la condicionalidad de la recepción de fondos?”, preguntaba el presidente del PP, Pablo Casado, este miércoles en el Congreso: “Si no lo hace público esta semana, iremos al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea a exigir que se publique, y lo haremos público para todos los españoles. Ya está bien de mentir, hombre, allí una cosa y aquí otra”.

Pues bien, el acuerdo –operational arrangement– al que se refería Casado ni será secreto ni contiene condicionalidades ni es solo para España. Son unas disposiciones operativas para los 27 que detallan el mecanismo de seguimiento del cumplimiento de los hitos y objetivos de las reformas. Y, como España es la que más avanzada va, se están elaborando por primera vez para el caso español pero, como se indica en el reglamento aprobado en febrero pasado por los Gobiernos y el Parlamento Europeo con el voto de los eurodiputados del PP de Casado, deben firmarlas todos los países como paso previo para recibir los desembolsos, que en el caso de España son 140.000 millones, entre transferencias y créditos –así se anuncia el de Portugal, por ejemplo–.

No es secreto porque España ya ha dicho que lo hará público –además de estar recogido en el BOE–, y no reúne nuevas condicionalidades porque es un libro de instrucciones para evaluar las reformas ya acordadas entre España y la Comisión Europea en el plan entregado el pasado 30 de abril, y por el que ya ha desembolsado Bruselas 9.000 millones de euros. Será publicado en los próximos días, una vez esté firmado por el Gobierno y Bruselas.

“La Comisión Europea ha acordado las disposiciones operativas con España”, explican los portavoces comunitarios: “Se espera que el acuerdo sea firmado por ambas partes (la Comisión y las autoridades españolas) durante los próximos días. Los acuerdos operativos son bilaterales, entre el Estado miembro en cuestión y la Comisión, y establecen criterios para el seguimiento de la ejecución de los planes nacionales de recuperación y resiliencia”.

Y sentencian: “Como tal, no incluyen nuevos requisitos, sino que detallan la implementación de los hitos y objetivos descritos en la decisión de implementación del Consejo [por la que se aprueba cada plan nacional]”.

Las fuentes de la institución europea explican que “el Ejecutivo comunitario se esfuerza por lograr un alto grado de transparencia durante la ejecución del mecanismo [los fondos] y, como tal, cree que los acuerdos operativos firmados con los Estados miembros deberían hacerse públicos”. Y añaden: “La Comisión está debatiendo con los Estados miembros la posible publicación de los acuerdos operativos una vez firmados”.

La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, aclaraba este jueves: “Yo creo que en breve podremos firmar ese acuerdo con la Comisión Europea y hacer la solicitud del primer pago y, en ese momento, se hará público el documento de carácter operativo y técnico”.

“La guía no es otra cosa que un documento técnico que viene a instrumentalizar la operación a lo ya incluido en el plan, con elementos de seguimiento operativos, como la frecuencia de la monitorización de los hitos y objetivos”, explican fuentes del Gobierno: “Es un documento que servirá de base para todos los Estados miembros, estableciendo, por ejemplo, aspectos como que las visitas o las reuniones de seguimiento sean trimestrales. Este es el tipo de detalle que se puede encontrar en el documento”.

“España está liderando este proceso”, prosiguen las fuentes gubernamentales, “somos los primeros en hacer la primera petición de desembolso, en pasar por el proceso de la redacción de este documento operativo, lo cual, evidentemente, conlleva nuevos tiempos que son difíciles de prever a priori. Y, en este caso, este es un documento que sirve de base para todos los Estados miembros, no es específico de nuestro plan. En ese sentido, el detalle y la formalización del documento era importante y nosotros hemos sido los primeros”. 

A partir de aquí, España pediría el nuevo tramo de los fondos, que asciende a 10.000 millones de euros: “El procedimiento se inicia con la firma y con la posterior formalización de la solicitud, y esperamos que pueda dar lugar a una aprobación rápida tanto por parte de la Comisión como del Consejo, puesto que los hitos incluidos en esta petición son 52 hitos que están relacionados con elementos que incluyen tanto el año 2020 como el primer semestre de 2021, es decir, ya cumplidos”.

De acuerdo con el reglamento del fondo, la Comisión Europea tiene hasta dos meses para evaluar la solicitud, y luego otro más el Consejo –los Gobiernos–. Es decir, el proceso puede dilatarse hasta tres meses, si bien el Gobierno confía en que sea más corto. Pero, ¿y si los plazos no se apuran tanto y el dinero, presupuestado para 2021, llega en 2022? “Esto no es ningún problema financiero ni supone ningún tipo de imprevisto para el Tesoro ni para España en general. Es un tema de contabilización financiera, de cuándo entran los ingresos y cómo se contabiliza en caja y en contabilidad nacional. No tiene más que eso”.

No obstante, el Gobierno reconoce: “Es un mensaje muy importante que el desembolso llegue en este último trimestre, y estamos poniendo todos los esfuerzos. El detalle, la elaboración de los distintos documentos y el hecho de que esta primera solicitud de desembolso esté relacionada con hitos ya cumplidos, hace posible que se puedan reducir los plazos, un marco dentro del cual se mueven tanto la Comisión como el Consejo, y en ese marco vamos a trabajar para intentar cumplir el plazo de llegar a final de año”.