Los grupos NTT Data (antigua Everis) y Técnicas Reunidas se van a disputar el contrato que ha sacado a concurso el Ministerio para la Transición Ecológica para decidir el futuro de las presas hidroeléctricas en España una vez caduquen sus licencias y analizar “la posible ampliación indebida de concesiones” otorgadas antes de la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985.
Al contrato, que cuenta con un presupuesto de unos 2 millones de euros, se han presentado dos ofertas. El concurso que ha lanzado la Dirección General del Agua del ministerio comprende un conjunto de “actuaciones derivadas de las extinciones de derechos al uso privativo del agua para producción hidroeléctrica, reversiones de infraestructuras y concursos de aprovechamientos hidroeléctricos”. El objetivo es también la “identificación de oportunidades y necesidades de la estrategia de la administración hidráulica con relación al binomio agua-energía”.
NTT Data ha concurrido a través de sus filiales Everis Ingeniería y NTT Data Spain. Esta consultora, un gigante con presencia en más de 50 países, fue rebautizada recientemente con el nombre del grupo japonés que la adquirió en 2014 tras más de dos décadas bajo la marca Everis. Su presidente es Eduardo Serra, ministro de Defensa con José María Aznar y secretario de Estado con Felipe González.
En su faceta empresarial, Serra ha presidido compañías como Airtel (actual Vodafone España), que fundó junto a grandes fortunas como los Entrecanales, dueños de Acciona, multinacional que hoy tiene fuertes intereses en hidroeléctrica. Antes, Serra también presidió la antecesora de Acciona, Cubiertas y MZOV.
En el consejo de NTT se sientan además, entre otros, Alejandro Ferreiro, ex ministro de Economía de Chile, o Mónica de Oriol, polémica expresidenta del Círculo de Empresarios y sobrina de Íñigo de Oriol, histórico expresidente de Iberdrola, líder nacional en hidroeléctrica. La antigua Everis, que durante años tuvo como consejera a la exministra Cristina Garmendia, cuenta también con una fundación de la que son patronos otro ex presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta, y Carlos López Blanco, ex directivo de Telefónica y ex secretario de Estado de Telecomunicaciones con Aznar.
La otra oferta es de una UTE formada al 50% por Heymo Ingeniería, de Técnicas Reunidas, el gigante español de las infraestructuras energéticas que fundó y controla el exministro José Lladó. Esta empresa, que ha pedido un rescate de 290 millones al Estado, también sienta en su consejo a varios expolíticos. Entre ellos, el ex ministro y ex presidente de Endesa, Rodolfo Martín Villa, o el socialista Javier Gómez-Navarro, que tiene una buena relación con Eduardo Serra (fue uno de los invitados a su boda en 1996).
También es consejero de Técnicas Reunidas y de NTT Data el ex banquero vasco Pedro Luis Uriarte, históricamente vinculado al PNV y que fue consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco en los 80.
“Posible ampliación indebida”
El pliego de esta licitación reveló que existe una bolsa de megavatios (MW) hidroeléctricos que va a caducar en esta década cercana a los 1.000 MW, muy por encima de los datos que había facilitado hasta entonces el ministerio. Según la Dirección del Agua, la Administración hidráulica se enfrenta “en el horizonte 2030 a la extinción de un total de 255 concesiones de aprovechamientos hidroeléctricos, que suponen una potencia total de 953 MW”, un 5% del total de esta tecnología. De esas 255 centrales, “8 concesiones corresponden a grandes aprovechamientos, con potencia instalada mayor de 20 MW”.
Esa cifra podría ampliarse si se detectasen prórrogas ilegales. El adjudicatario de este contrato deberá elaborar hasta siete informes parciales y un informe final que recopile, entre otras cosas, la situación actual de los aprovechamientos, “con especial atención a la posible ampliación indebida de concesiones” otorgadas antes de la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985.
Esto va a suponer revisar, explica Fernando Prieto, director del Observatorio de la Sostenibilidad, una bolsa relevante de licencias, “las que hayan caducado antes de 1985”. “Peares en Galicia y Ricobayo [de Iberdrola] son de libro”, asegura este experto, muy crítico con la gestión que se hace en España del agua, un bien público.
La adjudicataria deberá apoyar a Transición Ecológica “en la elaboración de guías y recomendaciones sobre los procedimientos de extinción, reversión de infraestructuras, la nueva puesta en explotación de los aprovechamientos hidroeléctricos o la demolición de infraestructuras en dominio público hidráulico”, así como la prestación de soporte legal y técnico para la elaboración de pliegos de base para adjudicar por concurso la explotación, operación y mantenimiento temporal de centrales revertidas.
Además, se pide a los licitadores “estudiar los condicionantes de explotación de aprovechamientos existentes”. Entre ellos, los derivados de la implantación de los regímenes de caudales ecológicos y su impacto en las concesiones, “que han provocado un gran número de reclamaciones” por daños y lucros cesantes. Un ejemplo es la compensación millonaria que recientemente planteó Naturgy ante Transición Ecológica por la menor producción de varias de sus centrales en Galicia.
El adjudicatario deberá analizar asimismo “la oportunidad de la instalación de nuevas centrales hidroeléctricas reversibles y de plantas fotovoltaicas en embalses y balsas”. “Para regular el desarrollo de nuevas instalaciones fotovoltaicas en embalses de titularidad estatal se elaborará un programa nacional para aprovechamiento de embalses de titularidad pública con elevado potencial de aprovechamiento para plantas fotovoltaicas”.
También se deberán localizar aquellas en las que existen reservas de energía a favor de la Administración (casos en los que esta se queda un porcentaje de la producción de la central). Además, deberá dar “soporte al procedimiento de extinción concesional, reversión de infraestructuras al Estado y concurso público”, con vistas a las exigencias del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la Ley de Cambio Climático.
Este concurso se ha puesto en marcha después tras avalar en octubre el Congreso, con el apoyo de los dos partidos del Gobierno de coalición, una iniciativa de la CUP que instaba al Ejecutivo a examinar todas las concesiones hidroeléctricas.
En agosto, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, abrió la puerta a que una empresa pública las asuma una vez caduquen, mientras comenzaba a arreciar la crisis de precios de la luz por la estratosférica subida del gas. Una posibilidad que Unidas Podemos lleva años defendiendo y que enfrió en septiembre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el argumento de que no estaba recogida en el acuerdo de coalición.