Una de cada tres socimis españolas está controlada desde Luxemburgo

El goteo de salida a Bolsa de socimis en España no cesa. Esta semana ha debutado Azaria, la número 65 que cotiza en España. Estas sociedades de inversión inmobiliaria con incentivos fiscales suman ya miles de millones de euros en activos que van de viviendas a oficinas, pasando por centros comerciales o locales bancarios. Son los grandes impulsores del renacer que ha tenido en los últimos años el sector. Y este impulso ha llegado, en buena parte con sociedades luxemburguesas.

En concreto, una veintena de las 65 socimis que ya cotizan en España tienen su mayor accionista radicado en Luxemburgo. El ducado se ha convertido en una base para los nuevos dueños del ladrillo español. El caso más claro es el de Blackstone. El fondo buitre gestiona sus cuatro socimis desde dicho país, con nombres tan conocidos como Fidere, empresa a través de la cual se hizo con más de 1.800 viviendas públicas del Ayuntamiento de Madrid en época de Ana Botella.

Pero no es el único gran fondo de inversión que ha optado por la vía luxemburguesa para sus cotizadas en España. Intu cuenta con dos socimis en el mercado secundario, conocido como MAB, desde donde controla un centro comercial en Asturias y otro en Zaragoza. Ambas tienen como accionista mayoritario a sendas sociedades en Luxemburgo, tal y como figura en la información aportada por la compañía al regulador bursátil. También tiene dos socimis el fondo neoyorquino GreenOak, GORE Spain y Go Madrid Benz, y ambas están controladas desde este pequeño territorio.

Si bien Luxemburgo no está considerado oficialmente como paraíso fiscal, ha sido señalado en repetidas ocasiones por organizaciones como Oxfam por su laxa política tributaria. Además protagonizó en 2014 el caso conocido como Luxleaks, en el que se desvelaron numerosos acuerdos tributarios beneficiosos para grandes multinacionales.

Sin embargo, en muchos casos Luxemburgo no es más que un lugar de paso de entramados societarios que llevan a otros destinos, en su mayoría con escasa presión fiscal, como Islas Caimán. En este paradisíaco país se encuentra el propietario último de Torbel, empresa de Blackstone especializada en vivienda en alquiler. También el de Autonomy Spain, filial del fondo dirigido por un exdirectivo de Lehman Brothers, Robert Gibbins. También las ya citadas socimis de GreenOak dejan un rastro que lleva al archipiélago. Otros nombres de esta lista son Optimumm III, propiedad del fondo BlueMountain, especializada también en alquiler de viviendas; o Silvercode, propietario del centro comercial Castellana, 200, en Madrid.

En otros casos la propiedad se dirige hacia Delaware, estado de EE UU conocido por su baja tributación para las empresas. Allí se encuentran socimis como Corona, de nuevo de Blackstone; o Hadley, especializada en oficinas y locales comerciales. Otro ejemplo es el de Heref Habaneras, una socimi propietaria de un centro comercial en Torrevieja (Alicante) y cuya propiedad última está en Reino Unido, pero a través de sucesivas sociedades en Holanda, Malta y, finalmente, Luxemburgo.

El sector inmobiliario español ha despertado en los años de crisis el interés de los inversores internacionales por los bajos precios y la necesidad de algunos propietarios, como los bancos, de desprenderse de activos. A ello ha ayudado también la creación del vehículo de inversión de las socimis, que nacieron en 2009 pero fueron posteriormente desarrolladas en 2012.

En la práctica, estas empresas no pagan por el Impuesto de Sociedades, pero están obligadas a repartir dividendos, que estos sí deben ser gravados. Esta semana Unidos Podemos ha propuesto, dentro de su paquete de ideas para elevar los ingresos del Estado, que se comiencen a gravar tanto estas sociedades como a las sicavs, como una vía para incrementar los ingresos que se dediquen a las políticas de vivienda pública. Esta idea es rechazada por el sector, que considera que habría una fuga de inversiones de España.

Fondos de inversión, soberanos y de pensiones

Tal es el interés extranjero por España gracias a las socimis que 31 de estas 65 empresas cotizadas, prácticamente la mitad, están controladas desde el extranjero. Más allá de Luxemburgo, existen dos inmobiliarias que están dirigidas desde Singapur, Zambal Spain y Eurocervantes. Azaria, la última en llegar y cuyo único activo es la sede del periódico El País en Madrid, está controlada por Drago Capital a través de una sociedad holandesa. También en los Países Bajos se encuentra Barcino, una empresa con inmuebles residenciales en Barcelona.

Israel, EEUU o República Checa acogen a otros propietarios de inmuebles en España. Otras socimis, con un accionariado más dividido en varios partícipes, tienen dueños repartidos en varios países. El caso más claro es Quonia. La sociedad gestiona varios inmuebles en Barcelona y sus inversores están repartidos por Panamá, Islas Caimán, Liechtenstein y Suiza.

La larga lista de inversores internacionales con intereses en socimis españolas hay grandes fondos inmobiliarios, como los ya citados, fondos soberanos, como el de Singapur o Catar, y distintos fondos de pensiones. Entre estos últimos figura, por ejemplo The Church Pension Fund, que gestiona las inversiones de un grupo de clérigos estadounidenses, o el PSP, que administra los planes de pensiones del ejército y la policía montada de Canadá.

De las 65 socimis que hay en España, solo cuatro cotizan en el mercado continuo, Merlin, Colonial, Hispania y Lar. Estas sociedades tienen un accionariado más fragmentado por lo que sus principales accionistas tienen una participación menor que en las socimis del MAB, que habitualmente están más concentradas en pocos dueños.

De las cuatro, una tiene a su principal partícipe en Luxemburgo. Es el caso de Hispania, que recientemente ha pasado por el proceso de opa de Blackstone. De nuevo, el fondo buitre optó por realizar la operación a través de una empresa en el ducado, que posee en la actualidad el 90% de la empresa de activos hoteleros.

Inmobiliaria Colonial, en el Ibex 35, tiene como su primer accionista al fondo soberano catarí, QIA, que según los registros de la CNMV gestiona esta participación a través de una sociedad holandesa. Tiene un 10,6% del capital. Su segundo accionista, Aguila Limited, participa en el grupo a través de una sociedad en Luxemburgo, a su vez propiedad de otra en Bermuda. La socimi Lar España tiene a su primer accionista en el fondo de inversión Pimco, propietario de casi el 20% de su capital a través de Delaware.