El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno en septiembre para obligar a las eléctricas a devolver parte de los beneficios extraordinarios que obtienen por la espiral de subidas del gas. La norma ha sido aprobada por 182 votos a favor, 150 en contra y 2 abstenciones. El decreto, que el Congreso ha rechazado tramitar como procedimiento de urgencia, ha pasado el trámite tras comprometerse la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a no aplicar el recorte a los contratos que suministren electricidad a la industria a “precios razonables”.
La vicepresidenta ha mostrado su disposición a suavizar el recorte tras las advertencias del PNV, socio preferente del Gobierno, que se ha abstenido. Ribera ha querido “dejar bien claro” que la minoración de los ingresos extra de las eléctricas solo aplica a “quienes hayan interiorizado” la subida del gas; no a quienes hayan “garantizado” precios estables antes del rally de esa materia prima. Su departamento trabaja en la implementación de medidas para la “correcta aplicación y desarrollo” del decreto, cuyo ámbito de aplicación está “poco explicado”.
En contra del decreto se han manifestado los portavoces del PP, Vox, Ciudadanos, Foro Asturias y UPN. Según el popular Guillermo Mariscal, el texto es “insuficiente y genera más riesgos que beneficios”, supone “un impuesto al viento y al sol” y es “perjudicial para la economía”. “No hablan con nadie”, ha reprochado a la vicepresidenta, poco después de que esta confirmase su disposición a matizar el recorte tras culminar el miércoles una ronda de reuniones con representantes de la industria, los consumidores y las eléctricas.
Antes de la votación, Ribera ha anunciado que “en las próximas semanas esperamos poder completarlo con medidas adicionales que garanticen la cobertura a través de contratos bilaterales y precios razonables previos a la espiral del gas natural para la industria reforzando simultáneamente la posición de los consumidores vulnerables acogidos al bono social”.
El portavoz de ERC, Joan Capdevila, ha expresado su preocupación por la “inseguridad jurídica” que la norma puede generar en las renovables y su efecto en los clientes industriales, y ha pedido que estos aspectos se “subsanen” en la tramitación del proyecto de ley que minora los ingresos extra de las eléctricas por la subida del CO2 que tramita el Congreso, y que el PP ha intentado también torpedear con una enmienda a la totalidad rechazada este jueves por la mayoría de los grupos.
En el debate de convalidación, varios grupos a la izquierda del PSOE han pedido al Gobierno que no ceda al “chantaje” de las eléctricas, que estas realizan “porque pueden”, según la diputada de Más País-Equo: tras la privatización, “les regalaron el balón, el árbitro y hasta el campo”, ha asegurado.
Por su parte, la diputada del PNV Idoia Sagastizabal ha afirmado que “no se trata de ceder y que no haya minoración, sino de modular, de corregir”, porque está “en riesgo” la industria y este recorte “puede ser pan para hoy y hambre para mañana”. Ribera ha recogido el guante: “Lo que estamos haciendo es trabajar para ver cómo se puede impulsar la extensión de contratos a precio fijo a precios previos al rally del gas” para “que la industria pueda tener precios razonables”, ha explicado en los pasillos del Congreso. Según la vicepresidenta, en el decreto está “poco explicado” a quién se aplica y hay que dar “seguridad jurídica” para dejar claro que no afecta a ofertas “que no interioricen beneficios extraordinarios” por ser contratos a largo plazo firmados antes de esta escalada.
El objetivo es “incentivar que se sigan contratando precios de la luz baratos al margen de la evolución del mercado mayorista” y que la industria española no sufra un “impacto inasumible”, ya que solo contrata a plazo el 20-30% de lo que consume. Para el resto, tiene que acudir al mercado mayorista, al que las fábricas están “enormemente expuestas” y que está en niveles récord. Este viernes, se va a situar en 231,8 euros el megavatio hora (MWh), el segundo precio más alto de la historia.
Subida del 44%
Ribera ha asegurado que “el Gobierno mantiene su compromiso de que los precios de los hogares españoles estén en el promedio de 2018 en diciembre de 2021”. La escalada ha hecho que en septiembre, la factura eléctrica de los consumidores domésticos se disparase un 44% interanual, según datos publicados este jueves por el INE, la mayor subida de la serie histórica, que abarca hasta 2002, y que ha propiciado que el IPC se situase el mes pasado en el 4%, la tasa más alta en 13 años. Esa subida interanual del 44% compara con un 2020 en el que la pandemia hundió los precios del mercado mayorista eléctrico y es superior al anterior récord de junio.
Entonces, la subida respecto a un año antes fue del 37,1% según el INE, y el Gobierno abordó un primer paquete de medidas urgentes de índole fiscal, entre ellas, la bajada del IVA de la luz al 10%. En septiembre, el Ejecutivo aprobó el Real Decreto-ley convalidado este jueves, cuya medida más polémica es esa minoración temporal (hasta marzo) de los beneficios extraordinarios que reciben las centrales nucleares, hidroeléctricas y renovables por la subida estratosférica del gas y el sistema marginalista de formación de precios.
Teresa Ribera aseguró la semana pasada que retiraría el recorte a las eléctricas si la Comisión Europea toma medidas a escala comunitaria para cambiar las reglas del mercado marginalista de electricidad, una opción que no contempla el paquete de medidas presentado por Bruselas este miércoles, calificado por la vicepresidenta de “manifiestamente incongruentes”.
Más de 5.000 millones
El decreto, que además incluye entre otras medidas la creación de un suministro mínimo vital a los consumidores vulnerables y un tope a la tarifa regulada del gas natural, tiene en cuenta para el recorte de los denominados 'beneficios caídos del cielo' precios del gas por encima de los 20 euros/MWh y descuenta el 90% de los ingresos extraordinarios de las empresas. El Gobierno cifró en septiembre el recorte en 2.600 millones de euros, pero las eléctricas han elevado la cifra a más de 5.000 millones porque el gas ha seguido subiendo desde entonces. La semana pasada, la referencia del mercado ibérico del gas Mibgas llegó a superar los 100 euros MWh, frente a los 63 MWh en los que cotizaba cuando se aprobó el Real Decreto-Ley. Este combustible se ha encarecido un 400% desde abril. “Las previsiones de septiembre han quedado desfasadas” y hay que “adaptarlas a las nuevas circunstancias”, según Ribera, que ha declinado precisar en cuánto quedaría ahora el recorte.
Las eléctricas, que el año pasado aseguraban que los mínimos del pool llevaban a sus nucleares a operar a pérdidas, aseguran ahora que tienen gran parte de su producción vendida este año y el siguiente a precios fijos muy inferiores a los que marca el pool y que muchas plantas renovables sufren la minoración de ingresos. Esta afecta a las instalaciones de energía verde que ya no cobran prima y algunas han llegado a parar su producción porque, afirman, el mecanismo les lleva a generar a pérdidas.
Ribera ha suavizado el recorte después de que el miércoles Pedro Sánchez se mostrase dispuesto el miércoles en el Congreso a “aclarar y precisar lo que haga falta” del decreto tras las advertencias del PNV, que le urgió a “retocar y reorientar” la medida tras la parada de varias industrias.