Las trabajadoras del 016 han pedido al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que suspenda la ejecución del proceso de contratación del servicio, que había recaído en Atenzia, una empresa que, sin embargo, aún no se ha hecho cargo de este teléfono. En una carta remitida este domingo por correo admnistrativo, la plantilla del 016 dice que este proceso de contratación debe de suspenderse “con el fin de evitar que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación”.
A finales de abril, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Iguales adjudicó la atención del 016 para el próximo año a Atenzia. Esta empresa tendría que haberse hecho cargo del servicio el pasado 1 de junio pero no fue así. No solo eso, sino que la permanencia de toda la plantilla y el futuro de sus condiciones laborales está en el aire porque la nueva adjudicataria ha anunciado que aplicará un artículo del convenio colectivo del Contact Center que podría trastocarlas. Mientras, las 23 trabajadoras siguen prestando el servicio en la anterior empresa, Arvato Qualytel, y desconocen cuál será su futuro.
Estas 23 trabajadoras piden que se suspenda el proceso de contratación con Atenzia porque, aseguran, con la información disponible actualmente no puede garantizarse que la atención vaya a mantenerse como hasta ahora. El viernes pasado, una responsable del Ministerio de Sanidad se reunión con la plantilla y arrojó más dudas que certezas sobre la situación. De hecho, las trabajadoras creen que esas explicaciones deberían bastar para ver la necesidad de suspender la contratación.
La responsable, de hecho, reconoció que la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género desconocía cuál era la normativa laboral que se debía aplicar a la plantilla del 016 y que había elevado una consulta a la Abogacía del Estado para solventar sus dudas. Comunicó, además, que el contrato administrativo con la nueva empresa, Atenzia, aún no había sido firmado por el hasta ahora secretario de Estado de Asuntos Sociales e Igualdad, Mario Garcés: al no estar firmado aún no había entrado en vigor y, por tanto, el ministerio entiende que no puede denunciar a la empresa por su incumplimiento.
La moción de censura que ha acabado con el Gobierno de Rajoy daba la puntilla a esta situación. Al no haber firmado el contrato antes, el Ministerio desconocía cuándo o cómo se podría llevar a cabo esa firma una vez se había producido el cambio de Gobierno.
A pesar de todo eso, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género mantuvo su decisión de seguir adelante con la ejecución del contrato, “sin esperar a la respuesta de la abogacía del Estado”, dicen las trabajadoras. El Ministerio dejó claro que solo actuaría cuando, una vez el contrato estuviera en vigor, se incumpliera algunos de sus términos, algo que actualmente, en pleno embrollo administrativo, aún no puede suceder.