Coca-Cola en lucha –el colectivo formado por trabajadores de la compañía de bebidas afectados por el ERE de 2014– se ha movilizado este martes 17 de julio delante del Congreso de los Diputados para exigir “tutela judicial efectiva”, tras la sentencia emitida por el Tribunal Supremo en 2015, que ordena la readmisión de los trabajadores en sus puestos de trabajo. El colectivo afirma que la resolución del Supremo no se está cumpliendo, a pesar de haber sido respaldada por la justicia.
“En mi caso, pertenezco al departamento de alimentación moderna, estaba en contacto con los clientes, enviaba productos y atendía devoluciones. Ahora desempeño un trabajo rudimentario y manual, seleccionando botellas vacías que vienen de los bares”, constata Juan Carlos Asenjo, presidente del comité de empresa de Coca-Cola. Añade que realiza su trabajo “como se hacía hace 40 años, ahora se hace de manera automática en las fábricas de producción”.
Los trabajadores acudieron de nuevo a la Audiencia Nacional para reclamar que sus readmisiones no se ajustaban al contenido de la sentencia. Sin embargo, la Audiencia validó la forma de proceder de la empresa y dijo que tanto sus categorías como sus salarios se respetaban. CCOO acudió entonces al Tribunal Supremo. El alto tribunal confirmó el año pasado que las readmisiones eran legales. Los 165 empleados del centro logístico de Fuenlabrada siguen en lucha y piden ahora apoyo político: “el nuevo Gobierno sabe que queremos su apoyo, además del que ya tenemos por parte de Izquierda Unida y Podemos”, explica Asenjo.
La compañía de bebidas, por su parte, afirma que se encuentran en pleno procedimiento de diálogo abierto con los trabajadores de Fuenlabrada. La voluntad de la empresa es desjudicializar el proceso: “las negociaciones avanzan y esperamos llegar a un acuerdo”, sostienen fuentes de Coca-Cola. “En agosto pondremos fin al diálogo si no hay acuerdo y en septiembre retomaremos el conflicto en la vía judicial y social”, constata Asenjo. El diputado y secretario de Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral afirma que “es necesario que el Parlamento y Gobierno se pongan de una vez por todas del lado de la gente trabajadora de este país y dejen de ser los recaderos de las transnacionales”.
Cuatro años de lucha
Todo comenzó en enero de 2014, cuando Coca-Cola Iberian Partners anunció un ERE tras la fusión de sus siete embotelladoras en España y como parte de un proceso de reestructuración. La Audiencia Nacional declaró nulo el ERE y obligó a Coca-Cola a readmitir a los trabajadores y a pagar los salarios dejados de percibir durante ese tiempo. Su decisión fue ratificada más tarde por el Supremo
Tras las sentencias, en septiembre de 2015, Coca-Cola anunció la reapertura de la planta de Fuenlabrada, pero no en las mismas condiciones que antes de que se produjera el ERE: no sería una planta de producción, sino un centro logístico. Aunque los trabajadores de Coca-Cola en Lucha han batallado en la Audiencia y el Supremo esta readmisión, ambos tribunales han declarado que las readmisiones son legales.