Son trabajadores de organismos españoles en el exterior: personal laboral que trabaja en embajadas, consulados, oficinas de representación de los ministerios o en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Unas 7.000 personas cuyos salarios llevan congelados nueve años y que están denunciando con huelgas y protestas su situación, a veces, desesperada. El Gobierno, denuncian los sindicatos, está incumpliendo su obligación de actualizar sus salarios conforme a la situación de cada país.
“La congelación salarial puede sonar a sacrificio, pero en el exterior hay países con realidades muy diferentes, con inflaciones que pueden llegar al 40%, países con impuestos muy altos y donde la situación de muchos de estos trabajadores es muy complicada. Hay situaciones dramáticas”, asegura Gonzalo Sáenz, secretario de organización de la Federación Exterior de UGT.
En un acuerdo que data de 1990, Gobierno y sindicatos acordaron que la Administración revisaría cada año los salarios del personal laboral atendiendo, sobre todo, a la evolución de la inflación, pero también a las condiciones políticas o a las modificaciones fiscales del país de destino. Desde hace nueve años, sin embargo, los salarios del personal laboral en el exterior no se han movido un euro.
Los trabajadores de los consulados españoles en Argentina han secundado una huelga indefinida que duró 16 días. La inflación del país sudamericano, desbocada, les ha llevado a una situación delicada. Su sueldo medio, de unos 1.100 euros, ha quedado obsoleto. “Los alquileres son similares a Madrid. La cesta de la compra es lo más caro, también los servicios. Yo pago 80 euros de agua al mes. Los impuestos son elevados”, describe desde Buenos Aires Manuel Negreira, que trabaja en el consulado. La situación, dice, es tensa: “Lo peor es el silencio de la Administración”.
En términos acumulados y solo en 2016, en Argentina, el precio de la vida subió un 40%. En los tres primeros meses de este año creció otro 6,3%. “Hay situaciones complicadas, si uno tiene hijos o si no tiene casa en propiedad, se puede pasar muy mal”, dice Negreira, que apunta que el precio del alquiler ha subido un 50% en el último año. Si no hay novedades, los consulados volverán a estar en huelga el 5 de septiembre.
Osmany Llanes, del Servicio Exterior de CCOO, explica que la situación de estas 7.000 personas que trabajan en el exterior es difusa: “Es personal que se contrata en destino, al que nunca se le ha querido aplicar la legislación española. En principio rige la legislación de destino, aunque en cuanto a vacaciones o permisos se aplica un acuerdo entre sindicatos y Ejecutivo que regula estos derechos”. A este personal no se le aplicó, por ejemplo, el recorte salarial del 5% para empleados públicos que el Gobierno de Zapatero aprobó en 2010. “La Administración se escuda en eso. Si se hubiera aplicado, sus salarios se habrían depreciado aún más de lo que lo han hecho”, apunta Llanes.
A finales de junio, sindicatos y Administración se reunieron para tratar la situación sin que, de momento, haya ninguna propuesta del Gobierno. “No vemos voluntad de poner remedio”, denuncia Osmany Llanes. “Les trasladamos el malestar, pero hacen oídos sordos”, dice Gonzalo Sáenz.
Un salario ilegal en Sydney
Las ocho personas que trabajan como personal laboral en el consulado español en Sydney han mantenido una huelga, convocada por CSIF, durante más de un mes. “Arrastramos problemas desde hace tiempo. Esta es una de las ciudades más caras del mundo, desde 2009 la inflación acumulada es de más del 20%, hay una crisis de la vivienda que ha hecho que los alquileres hayan subido un 40% y el precio de compra, mucho más”, cuenta desde la ciudad australiana Marcos Redondo, uno de los afectados.
Su salario medio es de 3.000 dólares mensuales. El alquiler de un piso de dos habitaciones puede rondar, dice Redondo, unos 700 dólares semanales. “No podemos vivir así, tenemos familia”, se queja. Su salario está solo un poco por encima del salario mínimo interprofesional de Australia: 694 dólares por semana. La congelación de sus salarios ha hecho que uno de los ocho trabajadores del consulado esté cobrando un sueldo por debajo de ese salario mínimo australiano. “Está cobrando un sueldo que aquí es ilegal”, apostilla Marcos Redondo.
En otro punto del mundo, Malabo, capital de Guinea Ecuatorial, el salario de algunos trabajadores en la delegación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) equivale a 150 euros netos al mes. Otros pueden llegar a sueldos cercanos a los mil euros. Desde allí, Antonio Fama, trabajador del organismo y delegado de UGT, pone un ejemplo claro del coste de la vida que afrontan: un bote de leche puede llegar a costar 35 euros. Un kilo de carne, cuatro veces más. La matrícula de un colegio, 200 euros. “No hacen nada por nosotros”, se queja Fama de la pasividad de la Administración.
Los sindicatos auguran un otoño caliente si el Ejecutivo no toma una decisión al respecto. Las protestas, que ya se han extendido de Suecia a EEUU, Canadá, Brasil, Argentina, Australia o Nicaragua, amenazan con ampliarse. De momento, todas las oficinas de la Aecid en el exterior están convocadas a la huelga a comienzos de septiembre.