Si la reducción de la jornada laboral hizo subir los decibelios entre el Ministerio de Trabajo y la patronal este verano, el invierno ha traído un enfrentamiento a pecho descubierto entre Yolanda Díaz y el ala socialista del Gobierno. En el equipo de la vicepresidenta segunda han sacado el calendario y, con la negativa de Economía a tramitar de urgencia la medida para que llegue cuanto antes al Consejo de Ministros, no les salen las cuentas. De hecho, fuentes de este departamento temen que, de ir por la vía ordinaria, la medida no llegue a implantarse en 2025, como marca el acuerdo de coalición.
Yolanda Díaz personalizó el pasado viernes la dilación en el ministro económico Carlos Cuerpo. “Es casi de mala persona decir no a reducir la jornada media hora al día”, afirmó. Desde Economía respondieron que trabajan “para que sea una realidad lo antes posible, teniendo en cuenta la realidad parlamentaria”. Las costuras de la coalición se abrieron aún más este martes, después de que Trabajo solicitase que el acuerdo con los sindicatos se tramitara de urgencia a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE).
El objetivo de Trabajo era que el texto llegase cuanto antes al Consejo de Ministros y, de ahí, diera el salto al trámite parlamentario. Pero Economía señaló que “dada su trascendencia e importancia ha dispuesto que pueda ser tratado en la primera reunión de la CDGAE”, algo que fuentes gubernamentales emplazan al próximo día 27.
¿Son dos semanas razón suficiente para seguir elevando el tono? Voces cercanas a Díaz aseguran que el PSOE lleva meses dilatando el trámite en el Consejo de Ministros. De hecho, aseguran que la vicepresidenta ya pidió que comenzasen los trabajos antes de las vacaciones de verano y que no obtuvo respuesta. Pero no solo eso, de seguir la vía ordinaria, la medida deberá contar con informes de los Ministerios de Hacienda, Economía y Seguridad Social —las tres carteras en manos socialistas—, así como del Consejo Económico y Social y del Consejo de Estado y pasar dos veces por el gabinete del presidente.
En el mejor de los casos, si los informes no se retrasan, algo que no es del todo inusual y que, en la práctica, congela las iniciativas, desde Trabajo calculan que la medida no llegaría al Congreso, al menos, hasta el segundo periodo de sesiones, que comienza en septiembre. Y la reducción de la jornada laboral semanal máxima, que modifica el Estatuto de los Trabajadores, debe tramitarse como un proyecto de ley, que, entre la negociación parlamentaria con los grupos y los periodos de enmiendas puede alargarse más allá del medio año, ya entrado el 2026.
Fuentes de Economía señalan, sin embargo, que el hecho de que la tramitación hasta el Consejo de Ministros no sea de urgencia, una vez que llegue al Congreso puede activarse esa urgencia. De hecho, el PSOE y Sumar controlan tanto la Mesa del Cámara como la Comisión de Trabajo. “Tenemos total predisposición a que se avance y se consiga”, insisten. El ministro Cuerpo afirmó este mismo miércoles que está dando “prioridad absoluta a este proyecto”.
Sin embargo, fuentes de Trabajo critican que el PSOE quiere introducir en el texto acordado con los sindicatos, que Yolanda Díaz ha calificado como “sagrado”, las peticiones de la patronal, tras once meses de negociaciones con la CEOE y Cepyme. En concreto, se refieren a la corrección del concepto de parcialidad y el plazo.
La primera discrepancia, según la vicepresidencia, radica en cómo aplicar la reducción de la jornada laboral a las, sobre todo, trabajadoras con contratos parciales. Trabajo y los sindicatos acordaron que se mantuvieran las jornadas y se recalculase el salario sobre el nuevo precio por hora, más elevado, de una jornada completa. Economía querría que se redujese la jornada la parte correspondiente, manteniendo el salario. Además, tal y como adelantó hace unos días elDiario.es, el equipo de Cuerpo habría trasladado a la vicepresidenta a mediados de diciembre su disposición a que la medida se vaya introduciendo cuando caduquen los convenios en vigor, lo que podía atrasar su implantación definitiva varios años. Esta era una petición clara de la patronal.
Desde el equipo de Díaz no se cierran a introducir cambios en el texto acordado con los sindicatos. Incluso los líderes de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, reconocieron en la firma que era posible que se cambiaran algunos aspectos durante la tramitación parlamentaria, pero no antes. “Ni (Nadia) Calviño se atrevió a tanto”, dijo la vicepresidenta la semana pasada, porque la ex ministra de Economía daba las batallas durante el diálogo social, pero no tras las rúbricas.
Sordo y Álvarez ya advirtieron entonces que, desde el “respeto a la democracia” y a las “aportaciones legítimas” de los grupos parlamentarios, los sindicatos estarían atentos a posibles “bloqueos” en el Parlamento. En ese caso, señalaron, prevén “movilizaciones”. Este mismo miércoles, Álvarez ha pedido a “todos los miembros” del Ejecutivo “rigor” al hablar de la reducción de jornada y ha recordado que es una medida que demandan dos de cada tres trabajadores.
Trabajo, en conversaciones con Junts
El argumento que esgrimen estos días los ministros socialistas del Gobierno es la “realidad parlamentaria”. “Forma parte del acuerdo de investidura y, por tanto, las formaciones políticas que dieron respaldo al presidente del Gobierno conocían esta medida”, dijo este miércoles Díaz. Desde Trabajo indican que la medida cuenta con el apoyo de todas las formaciones de izquierdas, del PNV y que están trabajando con Junts, de quien nadie pone en duda su impredecibilidad, pero se preguntan qué apoyos tenía atados el ministro Bolaños para la ley de eficiencia procesal, que salvó gracias a una negociación in extremis con Podemos, al borde de la votación.
Desde Trabajo insisten en el respaldo social a la medida estrella de Díaz, la única que le permite en los últimos tiempos sacar cabeza, tras el mazazo electoral que supusieron los resultados de las europeas para Sumar y que terminaron con su dimisión al frente del partido. Hasta el PP se ha mostrado dispuesto a debatir sobre el tema si es fruto de un acuerdo “entre todo”. Esto es, de los empresarios.
Pese a la tensión, en el equipo de Díaz no dudan de que acabará cumpliéndose el acuerdo. De no ser así, dicen, no sería Sumar quien rompa la coalición. De hecho, a la espera de que Pedro Sánchez, que en noviembre dijo que se aprobaría la medida en esta legislatura, se pronuncie sobre el conflicto entre su ministro y su vicepresidenta segunda, citan otros choques desde que Sumar y antes Unidas Podemos están en el Gobierno, como las subidas del Salario Mínimo Interprofesional, el real decreto de igualdad retributiva, la reforma laboral o la ley de vivienda, que terminaron salvándose.