El Ministerio de Trabajo está analizando la posibilidad de volver prohibir el despido objetivo como ya se hizo durante la pandemia, para evitar extinciones de contratos motivadas por el impacto de la guerra en Ucrania, según fuentes del Ministerio de Trabajo.
Esta medida podría incluirse en el plan de choque que el Gobierno prepara para su aprobación como decreto ley en el Consejo de Ministros del martes 29 de marzo y que tiene como objetivo contrarrestar los efectos de la escalada de los precios de consumo y, en particular, de los productos energéticos.
En declaraciones en el Congreso este jueves, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que “no es el momento de despedir, esto es lo que nos ha dado resultado en la crisis anterior, y no es el momento de bajar salarios”, sobre todo teniendo en cuenta que las empresas cotizadas obtuvieron en 2021 “beneficios récord”.
Durante la pandemia se prohibieron los despidos objetivos (indemnizados con 20 días por año trabajado) que alegaran causas relacionadas con la covid-19. Trabajo reconoce que la prohibición de los despidos objetivos funcionó durante la pandemia y por eso ahora se está viendo de nuevo la posibilidad de recurrir a esta medida.
Según ha explicado la vicepresidenta, el decreto ley del martes incluirá “un bloque de medidas laborales”, además de las energéticas y sociales.
Asimismo, ha recordado que el nuevo esquema para los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), el mecanismo Red, ya está vigente y puede usarse en cualquier momento, si bien requiere la activación previa del Consejo de Ministros.
Ocho objetivos
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha querido esperar hasta esa fecha, a pesar de las reclamaciones de los agentes sociales, para conocer las conclusiones del Consejo Europeo de este jueves y viernes.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, anunció este lunes los “ocho objetivos concretos a corto y medio plazo” del Plan, que buscará bajar el precio de la electricidad y de los carburantes y atender así a los colectivos más vulnerables como primer objetivo. También apoyará a los sectores y empresas más afectados, reforzará la estabilidad de los precios para evitar una espiral inflacionista y garantizará los suministros.
Los otros objetivos son la protección de la estabilidad financiera a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), la aceleración del despliegue del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), el impulso de la eficiencia energética y el refuerzo de la ciberseguridad.