Los planes de igualdad en las empresas avanzan, pero siguen enfrentando un amplio nivel de incumplimiento. Más de la mitad de las compañías obligadas todavía no los han implementado. En los últimos tres años, con la extensión de esta obligación a todas las empresas a partir de 50 trabajadores, la Inspección de Trabajo ha impuesto multas por valor de “más de 3,7 millones de euros” ante los incumplimientos, con un total de 1.665 infracciones, según fuentes del Ministerio de Trabajo. A partir de septiembre se prevé un nuevo impulso a esta medida, ya que se incorporó como requisito de las nuevas ayudas a la contratación.
El Ministerio que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz, ahora en funciones, destaca que “la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cuenta entre sus prioridades las actuaciones relativas a la igualdad y no discriminación en el ámbito laboral y el acceso al empleo”. Como ejemplo, subraya la creación este verano de la Oficina de la Lucha contra la Discriminación en el organismo vigilante de la legalidad laboral.
En 2019, el Gobierno multiplicó por cinco el mandato de incorporar estos planes en favor de la igualdad y contra las discriminaciones en los centros de trabajo. Desde 2007, debían implementarlo las empresas a partir de 250 trabajadores, algo menos de 5.000 compañías. El Ejecutivo extendió la obligación a todas aquellas a partir de 50 empleados, lo que sumaba unas 25.000 más, que deberían implementarlos entre 2020 y 2022. Además, se obligó a registrar los planes de manera pública, lo que facilitaba el control del cumplimiento de la medida.
770.000 euros en sanciones este año
En los últimos años, la Inspección de Trabajo ha reforzado la vigilancia del cumplimiento de los planes de igualdad y también se han disparado las sanciones, sobre todo el año pasado, ante el elevado número de incumplimientos detectados. En 2021, el primer año de cierta normalidad tras la pandemia, las multas alcanzaron algo más de 324.700 euros, mientras que en 2022 se multiplicaron por ocho, hasta llegar a los 2,5 millones, indican en Trabajo. Las investigaciones de la Inspección habían aumentado en ese año, pero no tanto: fueron algo más del doble.
En lo que llevamos de 2023, entre enero y julio, las infracciones detectadas suman 773.209 euros, aún con datos provisionales que se espera que aumenten “porque se van a reforzar los mecanismos de vigilancia y control”, indican en Trabajo. De momento, se han realizado bastantes menos actuaciones que el año pasado, 1.800 hasta julio, frente a las casi 4.800 investigaciones de 2022.
Aunque no hay cifras exactas, se calcula que más de la mitad de las empresas obligadas a tener un plan de igualdad –posiblemente alrededor del 60-70%– no cumple con la ley en estos momentos.
No cumplir con esa obligación está calificado como una infracción grave de las relaciones laborales, que puede ser sancionada con multas desde 751 a 7.500 euros. Además, si la exigencia parte de un mandato de la Inspección de Trabajo, está considerado una infracción muy grave. En ese caso, las multas pueden llegar hasta los 225.018 euros en su grado máximo.
Según los datos de la Seguridad Social, hay unas 32.700 empresas inscritas a partir de 50 empleados y el registro público de convenios colectivos (REGCON) solo recoge 11.590 planes de igualdad vigentes a fecha de 10 de agosto. De suponer que todos los planes corresponden a empresas obligadas a contar con estos planes, estaríamos hablando de un cumplimiento del 35% de las compañías. Pero no es el caso.
Entre los planes registrados, también figuran los de empresas no obligadas a aplicar la medida, que tienen plantillas más pequeñas, pero que realizan un plan de igualdad “para conseguir más puntos en las licitaciones de servicios públicos”, recuerda Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT y responsable de Igualdad en el sindicato.
Muchos planes en negociación y nuevas ayudas
Aun con el retraso de miles de empresas, Begoña Marugán, de la secretaría de Mujeres de CCOO, destaca los avances registrados en los últimos años. Aunque las empresas a partir de 250 trabajadores debían contar con esta herramienta desde 2007, Marugán sostiene que “muchísimas no lo tenían, eran una minoría”. Según los datos del sindicato, alrededor del “6%” en 2019. Hasta finales de ese año solo había 500 planes registrados en el REGCON, aunque entonces no existía la obligación de inscribirlos por parte de las compañías.
En CCOO creen que la extensión de estos planes es una de las “mejores políticas” en materia de igualdad laboral a nivel europeo. Y apuntan que, tras su aprobación, miles de empresas y millones de trabajadores han pasado a estar cubiertos por esta herramienta para detectar desigualdades y prever medidas para solventarlas.
Desde la patronal se ha señalado en varias ocasiones a los sindicatos como responsables del retraso en la extensión de esta medida, que debe ser negociada con la parte trabajadora, por “no dar abasto” ante la cantidad de planes que abría paso la norma. Los sindicatos rechazan esta tesis de plano. En CCOO subrayan la existencia de un elevado número de mesas de negociación de planes abiertas. “A finales de 2022 y principios de este, había unas 2.500 mesas”, cifra Begoña Marugán.
“Aunque no siempre”, los mayores focos de incumplimientos se sitúan en empresas de menor tamaño, indica Antoñanzas, de UGT. Esas compañías tienen servicios de recursos humanos más pequeños y con menos capacidad para analizar el gran volumen de datos necesario para realizar un buen diagnóstico de la igualdad interna en la empresa. También aquellas sin representación de la plantilla, con más “resistencias” a dar datos a las personas negociadoras que acuden por parte de los sindicatos mayoritarios.
CCOO y UGT advierten de que un plan de igualdad “requiere mucho tiempo”, primero de análisis de la situación y después del diseño de las medidas para mejorar la igualdad laboral, mientras que algunas compañías llegan muy tarde a cumplir con la ley, sin la voluntad de negociar y para “intentar cumplir el trámite”.
La próxima entrada en vigor de la ley de incentivos, las nuevas ayudas a la contratación para las empresas, supondrán un impulso más para los planes, estiman en los sindicatos. La norma establece esta medida como requisito para poder cobrar las ayudas. Aunque el despliegue de la regulación tendrá lugar el 1 de septiembre, el Gobierno estudia la aplicación de este criterio de manera progresiva, según fuentes sindicales.
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