El Ministerio de Trabajo ya ha recibido oficialmente la convocatoria de huelga general del sindicato de Vox (Solidaridad), para el próximo 24 de noviembre contra la amnistía, pero tiene varios errores en la solicitud del paro. “Se les va a pedir que subsanen defectos de forma”, explican fuentes del departamento de Yolanda Díaz, que precisan que el sindicato “está en plazo” para poder corregirlos y convocar la movilización, que requiere una antelación de diez días.
El sindicato de Vox, creado en 2020 por el partido de extrema derecha y con una escasísima representación, inferior al 0,1%, se ha adherido a las protestas contra la amnistía y pretende convocar por primera vez una huelga de esta magnitud, aunque parece que antes deberá corregir algunos aspectos formales básicos que requiere este procedimiento.
Según fuentes del sindicato, esta es su segunda convocatoria de huelga, la primera de paro general –para la que hay varias dudas legales–, pero “no de empresa”. “La convocamos en los TIGAS de Puerta de Hierro”, afirman en la organización que lidera el empresario Rodrigo Alonso, diputado de Vox en el Parlamento andaluz en el pasado y ahora en el Congreso de los Diputados, que concentró el poder del sindicato en sus manos.
Las dudas legales sobre la huelga
Tras el anuncio de paro general del sindicato de extrema derecha, contra “la traición” del Gobierno por la amnistía y los pactos de investidura con partidos independentistas, varias voces del ámbito laboral han advertido de algunas dudas legales sobre su legitimidad para convocar el paro.
En primer lugar, la más relevante, por su escasísima representatividad, que se sitúa por debajo del 0,1%, ya que Solidaridad afirma contar con unos 250 delegados electos en el país (de un total de más de 250.000). Los tribunales han amparado convocatorias de huelga por sindicatos minoritarios, pero en este caso es especialmente escasa su implantación, algo que reconoce el propio sindicato, por lo que ha adherido a la convocatoria una recolección de firmas online.
No obstante, Trabajo parece que no impedirá la huelga, un derecho fundamental con especial protección por parte de la Constitución. Fuentes del Ministerio que dirige Yolanda Díaz apuntaron este lunes a elDiario.es que, en principio, al ser un sindicato legalmente constituido no pueden inadmitir el paro. En todo caso, señalan que debería ser un juez quien tomara esa decisión, por esta razón u otra.
La segunda de las dudas legales más repetida estos días radica en que la ley impide las huelgas por “motivos políticos”. Sin embargo, según varios juristas consultados, la interpretación de los magistrados sobre este precepto suele ser bastante amplia y protectora del derecho de huelga, permitiendo la celebración de paros con claro contenido político siempre que van acompañados también de cuestiones laborales.
Un ejemplo muy reciente fue la huelga del 8 de noviembre de 2017 convocada por sindicatos minoritarios a favor de la independencia de Catalunya. Denunciada como ilegal por la patronal catalana, Foment, fue respaldada por los tribunales, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya como el Supremo.