Trabajo ha presentado ya su amplia reforma laboral a los sindicatos y empresarios. Este miércoles, el secretario de Estado de Empleo ha llevado a la mesa de negociación con los agentes sociales un documento muy extenso, al que ha accedido elDiario.es, que recoge medidas como el prometido mecanismo de flexibilidad interna en las empresas como alternativa a los despidos. Lo denominan “Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo” (MSE), que apuesta por la reducción de jornada de los trabajadores ante imprevistos que limiten o impidan la actividad en las empresas y que, muy importante, se plantea como “preferente” a los despidos.
El Ministerio que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz ya había planteado a los agentes sociales hace semanas varias medidas de la reforma laboral que llevará a cabo este año, como ha comprometido en Bruselas dentro del componente 23 del Plan de Recuperación. Por ejemplo, sus propuestas para limitar la contratación temporal, la recuperación del convenio sectorial sobre el de empresa y los cambios en la subcontratación, entre otros.
Este miércoles, el documento presentado a los sindicatos y empresarios es mucho más amplio. El texto desarrolla la creación de este Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo, que hasta el momento se había resumido como una especie de “ERTE permanente” que permitiera a las empresas acudir a una medida de flexibilidad interna en lugar del despido ante crisis estacionales. España, al contrario de lo que pasa en otros países de la UE, destruye mucho empleo en las crisis y esta herramienta busca evitarlo.
El MSE se concreta finalmente como una herramienta para reducir la jornada de los trabajadores cuando “por razones de carácter imprevisible, ajenas a la voluntad empresarial, cualquiera que sea su causa, vean impedido o limitado el desarrollo normalizado de su actividad en alguno de sus centros de trabajo”.
Este mecanismo “será preferente frente a las extinciones por causa económica técnica, organizativa o de producción”, recoge la propuesta de Trabajo. De esta manera, la compañía que despidiera o echara a trabajadores por estas causas objetivas deberían “motivar suficientemente” que el MSE “es inviable para resolver de modo proporcionado y razonable la situación en la que se encuentra la empresa”.
Es importante señalar que esta herramienta sería un nuevo mecanismo de ajuste interno, explican desde el diálogo social, pero los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) previos a la pandemia se mantendrían en la legislación y las compañías que los requirieran podrían acudir a ellos.
Con cláusula de mantenimiento del empleo
La propuesta de Trabajo es que el MSE exija “la asunción por parte de la empresa de un compromiso de mantenimiento del empleo respecto de las personas trabajadoras afectadas por la misma”. Las consecuencias de incumplir este compromiso y su definición, así como muchos otros detalles del mecanismo, quedan a expensas de un desarrollo reglamentario, que Trabajo propone en un plazo de seis meses a partir de la publicación de la norma.
Las empresas no podrían realizar ni horas extraordinarias, ni externalizar servicios ni sumar nuevas contrataciones mientras apliquen el MSE, como ha ocurrido con los ERTE durante la COVID.
Además, es muy relevante que las personas trabajadoras que se encontraran en situación de reducción de jornada debido a un MSE tendrían prioridad en el acceso a formación en el ámbito laboral, con el objetivo de recualificar a este personal y ampliar sus capacidades.
En cuanto al procedimiento para iniciar un MSE, la compañía estaría obligada a abrir un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores y presentar también una comunicación ante la autoridad laboral. En caso de desacuerdo, sería la autoridad laboral la que resolvería sobre la petición de la empresa de un MSE.
Se prevé también la creación de un Fondo de dotación del Mecanismo de Sostenibilidad en el Empleo, que se nutriría en principio de excedentes en la cotización por desempleo. También podría recibir fondos europeos del SURE “en el corto plazo”. La idea es que el reglamento desarrolle requisitos y condiciones para reconocer bonificaciones o beneficios en prestación por desempleo “en el ámbito del MSE”, recoge el borrador al que ha accedido este medio.
Fin del contrato fijo de obra
Entre las muchas medidas que contempla el borrador, destaca la derogación del contrato 'fijo de obra', un contrato muy usado en la construcción que está regulado en su convenio colectivo. El TJUE falló recientemente que esta modalidad no impide los abusos en la temporalidad de encadenar contratos indefinidamente. La construcción es uno de los sectores que más temporalidad tiene en España, con una media del 40% de sus afiliados con contratos temporales.
La propuesta de Trabajo apuesta también por reformular los contratos formativos, simplificándolos y acortándolos en algunos casos. Por ejemplo, el contrato formativo en prácticas tras la formación reglada, con título universitario o un FP de grado medio o superior, solo podría extenderse de manera general un año, frente a los dos actuales. Se intenta ligar más los contratos formativos al aprendizaje efectivo, con exigencias como que la tarea que desempeñe la persona esté “directamente relacionada con la actividad formativa que justifica la contratación laboral”.
Entre las novedades, Trabajo también ha planteado la modificación del contrato fijo discontinuo, para que se utilice en más casos que en la actualidad. La propuesta es que este tipo de contrato se firme “para la realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a campañas”, así como “para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza pero con fechas de llamamiento cierto aunque indeterminado, así como para el desarrollo de trabajos consistentes en la prestación de servicios en el marco de la ejecución de contratas mercantiles o administrativas que, siendo previsibles, formen parte de la actividad ordinaria de la empresa”, recoge el borrador.
Las próximas semanas se prevén con mucha negociación del texto normativo, ya que el Gobierno se ha comprometido en Europa a que las modificaciones estén listas a final de año. El Ministerio ha trasladado a los agentes sociales que lo ideal sería que antes del verano estén bastante avanzados los trabajos, para que el Consejo de Ministros pueda aprobar la legislación a finales del mes de septiembre, aproximadamente. Las patronales han mostrado hasta el momento su oposición “frontal” a la reforma laboral que prepara el Ministerio, aunque han asegurado que negociarán, mientras que los sindicatos han saludado las medidas que se han ido conociendo hasta la fecha.
Precisamente el pasado lunes se reunieron en el Palacio de la Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, para abordar en una larga conversación algunos de los debates que el Gobierno de coalición quiere cerrar antes del final del curso político, además de preparar el terreno para el reinicio de la actividad a finales de agosto. En este sentido, analizaron la salud de la propia relación entre el PSOE y Unidas Podemos, el desarrollo de la cuestión catalana después de los indultos o el papel que jugará la oposición a partir de septiembre.
Entre los asuntos concretos están la subida del SMI, un debate que debería resolverse en los próximos días y en el que el PSOE plantea congelar el indicador, mientras Unidas Podemos apuesta por una revalorización de hasta el 2%; o la ley de vivienda, donde las posiciones vuelven a alejarse después de que el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos haya planteado que los nuevos alquileres en zonas tensionadas puedan subir hasta un 10%, cuando desde Unidas Podemos quieren que se incluyan mecanismos expresos de bajada de las rentas, tal y como figura en el acuerdo presupuestario firmado a finales de 2020, escribe Aitor Riveiro.