A la agenda del Ministerio de Trabajo no le va a quedar un hueco libre en lo que queda de año. El Gobierno de coalición envió a Bruselas el viernes su plan de reformas para recibir los fondos europeos para la recuperación de la pandemia. En el plano económico, el Ejecutivo afrontará importantes revisiones que finalmente se concretarán en 2022, como la reforma fiscal y gran parte de la reforma de pensiones. En cambio, todos los cambios regulatorios en materia laboral enviados a la Comisión Europea están previstos para 2021, pese a la intención de parte del gabinete económico del Gobierno de retrasar algunos de ellos al contexto de “recuperación”, explican fuentes del Ejecutivo.
La reforma laboral enviada a Bruselas se puede decir que incluye dos grupos de medidas. Por una parte, el compromiso electoral de la coalición de Gobierno de desmontar de manera urgente varios elementos de la reforma laboral del PP, los llamados aspectos “más lesivos”, que ya se habían empezado a abordar antes de la pandemia. Y, por otra parte, otros cambios que exige la UE a España desde hace años y que pretenden corregir problemas estructurales de nuestro mercado de trabajo, como la alta temporalidad.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció a finales de marzo en el Congreso que todos los cambios comunicados a Bruselas se llevarían a cabo este 2021. Pero hasta hace poco el calendario ha generado bastantes discusiones en el seno del Ejecutivo, con voces del departamento económico partidarias de posponer varios de ellos al contexto de “recuperación”, y por tanto a 2022, sostienen a elDiario.es fuentes gubernamentales.
La propia ministra portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, apuntó un día después de la comparecencia de Díaz que el desmontaje de la reforma laboral comprometido en el pacto de gobierno se haría “a lo largo de la legislatura” y siempre teniendo en cuenta “el momento económico”. “Nos inquieta la recuperación del tejido productivo”, sostuvo.
La postura de la vicepresidenta económica Nadia Calviño en este tema no es un secreto. En varias entrevistas ha alegado, al igual que los empresarios, que dada la crisis derivada de la pandemia no era momento de “mirar al pasado” (referencia habitual para la reforma laboral). Calviño suele destacar en sus intervenciones que “lo urgente” en estos momentos es abordar otras medidas, como la mejora de las políticas activas de empleo y la reducción de la temporalidad.
Los sindicatos mayoritarios, en cambio, advertían de que la legislación laboral del PP dio facilidades a los despidos y a la devaluación salarial, por lo que precisamente en este contexto de crisis urgían a 'cerrar' ciertas puertas para evitar un nuevo auge de la precariedad.
Finalmente, el calendario de reformas enviado a la Comisión se aclaró en las últimas semanas e incluyó todos los cambios normativos del Ministerio de Trabajo para este 2021. Yolanda Díaz, que desde que tomó la cartera de Trabajo anunció su intención de “correr” para revisar la legislación laboral, tiene por delante siete meses que se anticipan intensos.
Estos son los cambios prometidos
La mesa de diálogo social para “modernizar el mercado de trabajo” ya está negociando el primer bloque de la reforma enviada a Bruselas. Ha comenzado retomando la negociación ya iniciada antes de la pandemia, que comenzó el anterior Gobierno monocolor del PSOE, para desmontar los llamados “elementos más lesivos” de la legislación del PP de 2012. En concreto, se está tratando la recuperación de la primacía del convenio sectorial sobre el de empresa y la ultraactividad de los convenios colectivos (su prórroga una vez concluyen sin que se haya pactado uno nuevo).
Se revisa también la subcontratación, puede que el punto más conflictivo para los empresarios. La intención es garantizar que la externalización no se utilice para rebajar condiciones laborales, como ha ocurrido de forma muy evidente con las camareras de pisos (kellys), por ejemplo. Entre los elementos “más lesivos” que el Gobierno ha comprometido revisar ante Bruselas está también el de las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo.
Tras estos puntos de negociación ya iniciados quedan otras reformas clave que pretenden solventar algunas de las heridas más profundas del mercado laboral español. En primer lugar, intentar combatir el enorme peso del trabajo temporal en España, campeona en Europa en este signo de precariedad. El Gobierno ha anticipado la reducción del número de contratos a tres (indefinido, temporal y de formación), que se revisarán para evitar la eventualidad fraudulenta y abusiva.
En segundo lugar, el Ejecutivo quiere reformular los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para que sean utilizados en el futuro, vista la buena experiencia de la crisis por la pandemia. El objetivo es que funcionen como un mecanismo real y efectivo de flexibilidad interna en las empresas que evite que, como es habitual en España, las empresas recurran al despido y a la rescisión de contratos temporales ante cualquier crisis.
Además, el Ministerio de Trabajo ya tiene muy avanzada otra de las reformas comprometidas con Bruselas, la de las políticas activas de empleo (PAE). Yolanda Díaz anunció esta semana que las Comunidades Autónomas han respaldado la estrategia del Ministerio para la “modernización” de estas políticas públicas de inserción laboral de personas desempleadas. Las nuevas PAE tendrán más atención personalizada, más formación y un mayor seguimiento y evaluación de resultados, según explicó Trabajo.
Los empresarios no podrán dilatar mucho las discusiones
El calendario mandado a Bruselas en materia laboral obliga a los empresarios a negociar sin mucha dilación. La patronal suele retrasar las discusiones, especialmente de los temas que le son más controvertidos. Así ocurrió por ejemplo con la Ley Rider, para la que los empresarios no llevaron una propuesta a la mesa de diálogo social durante meses.
Este tipo de estrategias no tienen mucha cabida en esta ocasión. Eso si los empresarios tienen intención de negociar. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, condicionó en el pasado el desmontaje de la reforma laboral a un acuerdo entre sindicatos y empresarios, lo que desde CCOO y UGT se interpretó como un “derecho a veto” de la patronal. Desde hace meses, la ministra Yolanda Díaz repite en cambio que el Gobierno legislará en todo caso. Buscará el acuerdo por todos los medios, como ha hecho hasta el momento, pero si este no se produce, el Ejecutivo cumplirá con el compromiso enviado a Bruselas, ha asegurado.