Las Medallas al Mérito en el Trabajo en manos de represores franquistas y condenados por corrupción tienen los días contados. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el reglamento que rige la mayor distinción del Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz. La reforma legal busca renovar los criterios para su concesión, pero también poder quitar el reconocimiento a algunos galardonados, como aquellos del “aparato de represión de la dictadura franquista”. Entre ellos, hay un hombre destacado: Francisco Franco. También sobresale un empresario con nombre y apellidos candidato a perder la distición por el lado de la corrupción: el expresidente de CEOE Gerardo Díaz Ferrán.
El nuevo reglamento, que Trabajo ya elevó a audiencia pública en septiembre del año pasado, ha recibido la luz verde del Gobierno este martes. Entre las novedades, habilita al Ministerio de Trabajo a retirar esta distinción, algo que no se preveía en la norma actual. Se contemplan dos situaciones para la revocación: en el caso de las personas galardonadas que han “formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista” y también a aquellos beneficiarios que se demuestra que no han tenido un comportamiento “ejemplar”.
La letra del decreto se refiere en este último supuesto a “cuando quede acreditado que la conducta y trayectoria de la persona o entidad condecorada sea incompatible con la ejemplaridad cívica y profesional exigida para la obtención del galardón, y, particularmente cuando quede acreditado que el beneficiario, antes o después de la concesión, hubiera sido declarado responsable de actos constitutivos de delito o infracción administrativa que, por su naturaleza y gravedad, resulten incompatibles con la citada ejemplaridad cívica y profesional”.
Esta previsión tiene un candidato claro, por su notoriedad, el expresidente de la patronal Gerardo Díaz Ferrán. Condenado por una larga lista de delitos, recibió de manos del PP la Medalla al Mérito en el Trabajo en 1999. El Gobierno de José María Aznar le hacía merecedor de esta distinción del Ministerio de Trabajo, que busca premiar “conductas ejemplares en el ámbito laboral”.
La distinción de Díaz Ferrán ha envejecido mal a la vista del currículum de condenas que atesora en la actualidad. La conducta de quien fue la cara del empresariado español entre 2007 y 2010, como presidente de la CEOE, y copropietario del grupo Marsans ha quedado desacreditada en los tribunales, que lo llevaron a la cárcel de 2012 a 2018 por varios delitos. Desde entonces disfruta de un régimen de semilibertad por buen comportamiento.
Entre las condenas de Díaz Ferrán figuran la apropiación indebida, amaño de concursos en Baleares, fraude fiscal en la compra de Aerolíneas Argentinas, provocar el vaciamiento patrimonial del grupo Marsans (del que fue copropietario junto a su exsocio Gonzalo Pascual, fallecido en 2012), apropiación de hasta 4,4 millones de euros de los clientes del conglomerado, y por el uso de las 'tarjetas black', entre otros.
Retirada a Franco y otros represores franquistas
Sobre el otro supuesto de revocación, se refiere a “cuando quede acreditado que la persona beneficiaria, antes o después de la concesión, con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista, hubiera realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de protección de los derechos humanos”. Entre los dirigentes franquistas galardonados se encuentran el dictador Francisco Franco y, entre otros, el general Juan Yagüe, como adelantó Público en septiembre.
El dictador recibió la “Medalla de Oro Laureada al Mérito y al Sacrificio en el Trabajo”, única para Francisco Franco, “Caudillo de la hueste laboral de España”, en 1953. El motivo: por estar “al frente de los trabajadores que en la guerra dieron su sangre y en la paz dan su esfuerzo”, según recoge el documento de su concesión, al que ha accedido elDiario.es. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha celebrado la posibilidad de retirar los galardones a los represores franquistas, para lo que el Ministerio ha trabajado con Presidencia del Gobierno, ha apuntado.
El galardón se creó por el Real Decreto de 22 de enero de 1926, desapareció durante la Segunda República, y el Régimen de Franco volvió a instaurarlo por decreto en marzo de 1942. En la democracia se mantuvo la medalla, aunque se estableció una nueva regulación en 1982. Aunque se suele hablar más de la Medalla, en realidad hay dos 'premios': la Medalla, que distingue a personas trabajadoras y profesionales, y la Placa al Mérito en el Trabajo, destinada a asociaciones, corporaciones, organismos públicos o entidades.
Cabe destacar que “la prescripción de los delitos y de las penas o de las infracciones administrativas y de las sanciones” impuestas no eximirá de la retirada de los galardones. El procedimiento para la retirada de los galardones, regulado en el reglamento, “se iniciará de oficio” a iniciativa de la persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social, una vez que se tuviere conocimiento de la concurrencia de dichas circunstancias. En la actualidad, la iniciativa queda en manos de Yolanda Díaz.
Igualdad y Salud laboral, meritorias del premio
El decreto también ha renovado estas distinciones, dando relevancia a valores como la igualdad y la salud laboral de cara a su futura obtención. El nuevo reglamento actualiza el formato de las categorías de las condecoraciones y los requisitos para acceder a ellas. Se pasa “de un modelo de medallas de oro, plata y bronce, a un modelo con distintas modalidades en atención a determinados elementos definidores que persiguen una mayor integración, transparencia y objetividad de la condecoración”, explicaba la memoria complementaria del decreto. Las nuevas tres categorías son “Igualdad”, “Excelencia” y “Salud Laboral”.
Además, se crea la medalla y placa de “categoría especial” en cada una de estas tres modalidades, que queda equiparada a la categoría de Gran Cruz y, por tanto, a la anterior medalla de oro. Esta podrá ser otorgada cada año a propuesta de la titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Se reconoce además la posibilidad de conceder la condecoración “a título póstumo” a aquellas personas que “han contribuido a avanzar en la consecución de los valores comentados de progreso y excelencia democrática”, recogía la memoria.