Tres ayuntamientos y una universidad pública incluían en los pliegos de condiciones de cinco concursos públicos que lanzaron los nombres de las empresas que posteriormente se adjudicaron esos contratos.
Se trata de cinco contratos de los consistorios de Écija (Sevilla), Utebo (Zaragoza) y Escalona (Toledo), y de la Universidad de Sevilla. Se adjudicaron entre 2018 y 2022 por un importe global de unos 832.000 euros. El nombre de los ganadores figuraba en los metadatos o en las propiedades de documentos subidos a la plataforma de contratación del Estado por los organismos que organizaron esas licitaciones.
La coincidencia, que ha podido confirmar elDiario.es, ha sido detectada a través de una herramienta de análisis masivo de expedientes de contratación desarrollada por el Doctor Ingeniero Manuel J. García Rodríguez, experto en Contratación Pública por la Universidad de Oviedo, y el científico de datos José Carlos Montes Luna.
Un ejemplo es el municipio zaragozano de Utebo (18.600 habitantes). Su ayuntamiento, gobernado por la socialista Gema Gutiérrez, adjudicó en junio de 2022 a Exercycle SL, la división de fitness del conocido fabricante vitoriano de bicicletas BH, un contrato de Suministro e instalación de equipamiento para el gimnasio del Complejo Deportivo Las Fuentes por 152.982,56 euros: cintas de correr, bicicletas estáticas, máquinas de musculación o bancos de entrenamiento.
El nombre de esta empresa, la única que se presentó, figura en los metadatos del pliego de condiciones del contrato. Algunas especificaciones que figuran en ese documento coinciden con las de los productos que vende BH en el catálogo disponible en su web: por ejemplo, cuando se especifica que la cinta de correr debe ir equipada con un joystick, tener una velocidad máxima de 26 kilómetros/hora y contar con una potencia de 6 cv.
Fuentes del consistorio maño indican a elDiario.es que un documento que había presentado esa empresa “se tomó como referencia” para elaborar el pliego. “Pero en absoluto se puede presuponer ni que los datos ni el contenido se hubiera elaborado por la empresa”. Añaden que “nadie se quejó” y no hubo recursos por vía administrativa contra la licitación.
El expediente de mayor importe es un contrato de 229.755,6 euros para la contratación de servicios de telefonía fija y móvil, datos y conexión a Internet adjudicado en enero de 2020 a Orange España por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Écija, gobernado por el PSOE. La multinacional francesa se impuso a la oferta de Telefónica y la empresa Procono. Esta última fue excluida en el proceso ya que su propuesta técnica era “muy pobre”.
El nombre de Orange aparecía en el título del pliego técnico de condiciones del contrato, un documento muy detallado y con numerosos criterios para evaluar objetivamente al adjudicatario. Fuentes del Ayuntamiento de Écija explican por correo electrónico que ese pliego “fue supervisado por el Técnico del Servicio de Contratación” y por la Secretaria General del Consistorio. Ese metadato de Orange “hace referencia a un operador de los que presentaron propuestas en el año 2016”.
“De la documentación recibida de estos operadores se escogió un modelo concreto por la claridad en la exposición de los distintos servicios que podía necesitar el Ayuntamiento. Solamente lo utilizamos como referencia, modificando la mayoría del texto, pero haciéndolo sobre la plantilla recibida, que contenía ya dichos metadatos, sin que esta circunstancia fuera advertida por nadie”.
“El problema actual ha surgido porque las diferentes versiones del documento han ido arrastrando esos metadatos y por ello aparecen en el pliego de referencia”, algo que en el consistorio consideran “trivial”: “del contenido del Pliego no podrá nunca desprenderse que se haya intentado favorecer a ningún operador de los que participaron en esa licitación”.
“Tan es así que ninguno de los que participaron en el proceso de licitación puso objeción alguna al respecto de la redacción del Pliego, que consideramos escrupulosamente ceñida a la normativa vigente”, añaden desde la corporación municipal de Écija.
Esta situación también se ha producido en dos contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Escalona, un pequeño municipio de 3.200 habitantes a unos 80 kilómetros de Madrid que gobierna el socialista Álvaro Gutiérrez (también presidente de la Diputación de Toledo) y que multiplica su población en verano por las múltiples urbanizaciones de unifamiliares que salpican su término municipal.
En concreto, se trata de dos contratos de mejora de ahorro energético y renovación del alumbrado público de una de esas urbanizaciones junto al río Alberche que fueron adjudicados el pasado 23 de septiembre. En los pliegos de ambos aparece la razón social de la adjudicataria, Jesús Esteban y Asociados SL, una pyme de instalaciones eléctricas domiciliada en Casarrubios del Monte, Toledo.
Desde el Ayuntamiento de Escalona explican que en 2012 el consistorio encargó a esa empresa una auditoría energética de las instalaciones de alumbrado exterior en la urbanización Riberas del Alberche. Se detectaron una serie de deficiencias y las actuaciones para subsanarlas de forma progresiva, que se han ido acometiendo a medida que se obtenía la financiación necesaria.
“Cuando se convoca alguna subvención a la que podemos acogernos, encargamos a Jesús Esteban y Asociados, como autor de la auditoría, que nos aporte el proyecto necesario para optar a la subvención en cuestión ajustando la fase al importe al que podamos tener acceso”.
Con ese proyecto, se lanza una licitación abierta a “cualquier empresa que quiera licitar y todas en las mismas condiciones. Entre estas empresas licitadoras está Jesús Esteban y Asociados, que concurre en las mismas condiciones que el resto, pues el proyecto y el pliego de condiciones son públicos, y no pudiendo discriminarla por ser la redactora del proyecto. Simplemente es una licitadora más”.
Si dos de las tres fases adjudicadas han sido para la redactora del proyecto “simplemente es debido a que presentó la oferta más ventajosa, cosa que no pasó en la primera fase”, cuando también se presentó y los trabajos se adjudicaron a otra firma, Elecnor. “Y si es la redactora del proyecto es porque lo hace en desarrollo de la auditoría del año 2012”, dicen desde el consistorio toledano.
Tras esa auditoría, en 2018 se inició la primera fase de los trabajos, “al conseguir financiación a través del Programa Operativo FEDER Castilla La Mancha 2014-2020”. La adjudicataria fue Elecnor, “por ser la oferta más ventajosa”. Ahora se están ejecutando las fases dos y tres, financiadas por el FEDER a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), y que se han adjudicado a Jesús Esteban y Asociados pero “no por ser la redactora del proyecto”, sino “por ser la oferta más ventajosa según el acta de la Mesa de Contratación”.
La decisión “no ha sido objeto de impugnación ni alegaciones” y en el procedimiento se ha respetado la Ley de Contratos públicos “con total transparencia y garantizando la igualdad entre todos los licitadores”, remarcan desde el municipio toledano.
En el caso de la Universidad de Sevilla, en junio de 2018 adjudicó un contrato para el suministro de materiales, equipos, utillaje y herramientas para el mantenimiento de instalaciones eléctricas a la empresa Andaluza de Suministros Eléctricos e Industriales, SA (Aseisa) por un importe de 137.741,05 euros. Posteriormente (en 2019) el contrato fue ampliado hasta 151.515 euros, tras una prórroga hasta finales de 2020.
Y el nombre de esta firma aparece en las propiedades de una hoja excel que figuraba como anexo a los pliegos y en la que se recopilaban más de 150 artículos de material eléctrico que se incluían en el contrato: lámparas, material de canalización, conductores eléctricos, iluminación LED...
elDiario.es preguntó el jueves 16 por las razones de esta circunstancia a la Universidad de Sevilla, pero cuatro días después no ha obtenido respuesta de esa entidad de derecho público.
La herramienta de García Rodríguez y Montes Luna ya permitió detectar casos similares en varios contratos de RTVE, del Ministerio para la Transición Ecológica y de la Generalitat de Catalunya que, en algunos casos, investiga ya el Tribunal de Cuentas por posibles irregularidades.
También El Periódico desveló esa misma situación en una quincena de concursos de administraciones o entidades públicas de Canarias, Galicia, Catalunya y Andalucía, en un contrato adjudicado a Indra y en expedientes de varias administraciones catalanas.
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