El Tribunal de Cuentas ha cifrado por primera vez el coste del rescate de las autopistas de peaje quebradas: un “máximo” de 3.718,3 millones, importe al que habría que sumar posibles indemnizaciones “por expropiaciones de terrenos que el Estado tuviera que abonar en virtud de resoluciones judiciales que se puedan producir en futuros ejercicios”.
La cifra, adelantada este viernes por El Mundo, figura en en la Declaración de la Cuenta General del Estado del ejercicio 2015 difundida por el órgano fiscalizador el jueves y recoge las nueve autopistas de peaje cuyas sociedades concesionarias, a cierre de ese ejercicio, se hallaban incursas en distintos procedimientos judiciales derivados de su entrada en concurso de acreedores: las denominadas R3, R-5, R2, R4 (Madrid-Ocaña), M-12 (Eje aeropuerto), AP-7 (tramo circunvalación Alicante), AP-41 (Madrid-Toledo), AP-7 (tramo Cartagena-Vera) y AP-36 (Ocaña-La Roda).
Esos 3.718,3 millones de importe máximo del rescate comprenden “el importe máximo de la responsabilidad patrimonial de la Administración”, la conocida como RPA, “tanto por construcciones como por expropiaciones” y están recogidos en “los respectivos reales decretos de adjudicación de estas concesiones administrativas, así como, en su caso, los reales decretos por los que se modifican los términos de dichas concesiones administrativas”, según el Tribunal de Cuentas.
Subasta en 2018
A ese importe habría que descontar lo que consiga el Estado tras subastar esas vías una vez sean rescatadas por la Administración, algo que ocurrirá a principios del año que viene, según dijo el jueves el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.
Durante 2018, el Gobierno volverá a sacar a concurso las nueve autopistas quebradas para ceder su explotación a empresas privadas mediante contratos de concesión, toda vez que estima que será el próximo año cuando se vean abocadas a la liquidación y, por tanto, reviertan al Estado.
De la Serna remarcó el jueves que el objetivo es relicitar las autopistas “en el menor tiempo posible”, de forma que “ no pase mucho tiempo entre la liquidación y la nueva licitación para poder compensar con los ingresos que genere su adjudicación el importe que suponga la responsabilidad patrimonial de la Administración)”. El ministro reiteró que la cifra estará “por debajo de los valores que están diciendo desde el sector”, que estiman esa RPA en unos 5.000 millones.
El informe del Tribunal de Cuentas afea al Ministerio de Fomento que no recoja el posible impacto de la quiebra de las radiales en las cuentas del departamento. Según su criterio, esta cifra debería haber sido notificada como “pasivo contingente” en la memoria, “al menos entre los hechos posteriores al cierre”, pero el departamento entonces dirigido por Ana Pastor se excusó en que no tenía la información suficiente para desglosar el posible impacto.