El Tribunal de Cuentas pone en cuestión en un informe el “respeto al marco legal contractual” de un aval de cerca de 160 millones de euros que otorgó la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) en 2009 a Sacyr en el marco del concurso para optar a las obras del Canal de Panamá.
El CESCE y la constructora española acordaron que ésta reembolsaría el importe de la indemnización en caso de que llegara a producirse el pago de la misma.
Así consta en un informe del Tribunal de Cuentas sobre la actuación de este organismo en 2009, aprobado el pasado 27 de junio de 2013, y remitido poco después al Congreso de los Diputados.
El órgano fiscalizador dice que no reprocha las condiciones en las que se pactó la operación y admite que el CESCE debe prestar el apoyo necesario a las empresas exportadoras españolas.
Sin embargo advierte de que se deben conciliar al máximo los criterios de oportunidad y el “respeto al marco legal contractual” que ha de aplicarse a todas las operaciones en aras del principio de seguridad jurídica, sobre todo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica pública del CESCE.
Al respecto destaca la “falta de iniciativa alguna” por parte del CESCE para solicitar al Ministerio de Economía y Hacienda -entonces dirigido por Elena Salgado- la aprobación, mediante orden ministerial, de la normativa que amparase las “peculiaridades” de la operación.
Tampoco consta, añaden, que se abordase de manera expresa el tema de la necesidad de apartarse parcialmente de las condiciones generales.
Asimismo echan de menos que los documentos denominados “Indemnity Obligation” -en virtud de los que CESCE asume obligaciones frente al asegurado- estén traducidos al castellano, y critican también que carezcan de fecha de datación.
El órgano fiscalizador analiza, sin citar expresamente, dos pólizas “que pertenecen ambas a la misma operación de exportación” y que correspondían a una misma obra de infraestructuras que se licitó por 5.250 millones de dólares (unos 4.032 millones de euros).
Por esta cantidad se adjudicó el contrato el consorcio que construye la ampliación del Canal de Panamá, GUPC -integrado por Sacyr, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA- y que ahora está en riesgo de paralización.
Cada una de estas compañías solicitó a la agencia de crédito a la exportación de su respectivo país la cobertura del riesgo derivado del reintegro de las fianzas, en caso de que las mismas resultaran ejecutadas a consecuencia de incumplimientos de la empresa exportadora.
En el caso español, el CESCE emitió tres cartas de crédito con un importe máximo de indemnización de 216 millones de dólares (unos 158 millones de euros al cambio actual), lo que suponía el 43 % del importe total afianzado.