El Tribunal de Cuentas ha destapado el descontrol en las contrataciones realizadas por la Escuela de Organización Industrial (EOI) del Ministerio de Industria en 2016 y 2017.
En un reciente informe, el órgano fiscalizador aprecia “indicios de fraude de ley” en la relación mercantil que mantuvo la EOI con su director de Estrategia entre 2014 y 2017, el exgerente de la Expo 92 Alfonso Seoane; cuestiona otro contrato de asesoría adjudicado en 2016 a un ex consejero del PP en el Gobierno de Castilla-La Mancha que se “solapa” con otro similar de esas mismas fechas y en el que no consta que el político cumpliera con lo firmado; y advierte de “graves defectos en la justificación” de gastos de locomoción y dietas de los docentes.
El informe abarca el periodo en el que el director de esta entidad estatal, la escuela de negocios más antigua de España (se fundó en 1955), era el catedrático Fernando Bayón, hermano del empresario y exministro de Industria de UCD Ignacio Bayón, y dedica un amplio análisis a la relación mercantil “prácticamente ininterrumpida” que mantuvo entre octubre de 2014 y julio de 2017 la entidad con la empresa Selius, vinculada a un empresario identificado por las siglas ASY.
Se trata del abogado madrileño Alfonso Seoane Yarza, experto turístico muy vinculado a Sevilla que fue primer director de Ifema, consejero delegado de la Exposición Universal de Sevilla, presidente de Isla Mágica y responsable de la candidatura hispalense a los Juegos Olímpicos de 2008 y 2012.
Su relación con la EOI se sustanció en tres contratos de asesoramiento por 171.900 euros (unos 5.200 euros al mes) con los que Seoane se convirtió en directivo de la escuela, “integrado en la organización de la misma como si de un medio propio se tratara”, cuando era asesor externo. Y con ese cargo, director de Estrategia, se le presentaba en el organigrama directivo de la EOI y en diversos actos públicos.
El Tribunal de Cuentas cree que la contratación de esa empresa pudo constituir un “fraude de ley, utilizándose, por un lado, la figura del contrato de servicios, y, por otro, el empleo instrumental de una sociedad para eludir la aplicación de la normativa laboral, social y fiscal”. También cuestiona la “insuficiencia de medios” argumentada por la EOI para justificar esas contrataciones y subraya que Selius “presentaba graves defectos en cuanto a su personalidad jurídica”.
La empresa, que carecía de empleados y de unos estatutos adaptados a la ley; tenía su inscripción en el Registro Mercantil cerrada “por incumplimientos legales” y no había “acreditado la solvencia económica, financiera y técnica exigible por los pliegos” de los contratos. También “carecía de representante al tener el órgano de administración vacante, al menos desde 1999, por haber caducado el mandato del administrador único”. En la EOI aseguran que Seoane ya no tiene “absolutamente ninguna relación” con la entidad.
Un exportavoz de Cospedal
El informe también analiza un contrato de “asesoramiento a la dirección general en la organización interna y cooperación institucional” adjudicado en junio de 2016 por 46.500 euros y por el procedimiento negociado sin publicidad al abogado toledano Leandro Esteban, exconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha durante la etapa de María Dolores de Cospedal.
En ese contrato, en el que de nuevo “no se presenta un informe o examen detallado que justifique esa insuficiencia de medios” y cuyo objeto “se solapa” con otro adjudicado por esas fechas con “análogas prestaciones, coincidiendo en el tiempo la ejecución de ambos”, el político del PP se obligaba a cumplir “unos hitos y a la confección de unos entregables”. Pero no consta que estos se hayan “ejecutado en los términos comprometidos”.
Aunque en el expediente “figura una memoria de actividades”, su contenido “no se corresponde con los entregables propuestos por el adjudicatario en su oferta, pudiendo afirmarse que se trata, en realidad, de una memoria general de las actividades llevadas a cabo por EOI en 2016, cuya autoría no consta”. Leandro Esteban, que tras pasar por la EOI fue colocado por Cospedal en el Ministerio de Defensa, asegura actualmente en su perfil de LinkedIn que fue “secretario de cooperación y organización territorial” de escuela de negocios del Estado.
Fuentes de la EOI indican que estas “incidencias”, que no irregularidades, ya fueron detectadas en un informe de la inspección de los servicios de junio de 2017 tras el cual se decidió extinguir todos esos contratos de asesoría a su vencimiento.
El tribunal ha recomendado a la escuela “revisar su política de externalización de servicios de asesoría, limitándola a los supuestos en los que la relación contractual proyectada obedezca, en su ejecución, a las notas de servicios por cuenta propia a ser prestados fuera del ámbito de dirección y organización de la Entidad”.
Con carácter general, el informe destaca que “en la mayor parte de los expedientes fiscalizados se ha apreciado la existencia de diversas incidencias en lo que respecta a la justificación de la necesidad que ha motivado la contratación”. Tampoco consta “justificación alguna del presupuesto de licitación de cada uno de los contratos”; y en “varios supuestos”, las ofertas ganadoras tenían “graves defectos formales que deberían haber dado lugar a la exigencia de subsanación o, en su caso, de exclusión”.
Respecto a los profesores de la escuela y su elección entre los cerca de 2.500 que previamente están homologados para dar clases en la EOI, el informe considera que “no se ha motivado en ninguno de los casos analizados la razón concreta para la elección del candidato propuesto y no de otro distinto, ni el detalle razonado de por qué el seleccionado está en disposición de poseer las cualidades y requisitos que justificarían, en su caso, la adjudicación del contrato”.
También aprecia “graves defectos en la justificación” de los gastos de locomoción y las dietas de manutención de los docentes, “careciendo de suficiente justificación pagos en concepto de gastos de viaje por un total de 33,5 miles de euros en 2016 y 19,3 miles de euros en 2017”. “La mayor parte de los contratistas han percibido cantidades en concepto de gastos de desplazamiento (kilometraje es el término que se emplea en las facturas) y de manutención (bajo la denominación de dietas) sin contar para ello con respaldo contractual”.
El informe insta a la EOI a “definir, de modo claro e inequívoco los supuestos en los que los docentes tienen derecho al reembolso de los gastos de viaje incurridos con motivo de la ejecución de los correspondientes contratos, estableciendo una normativa interna de justificación de los mismos, así como un mecanismo de control para verificar el cumplimiento de la misma”.
Según la EOI, el problema se limita a un “incorrecto reflejo de esa documentación” de los gastos de los profesores que se desplazaban para dar cursos fuera de la Comunidad de Madrid y actualmente esos gastos ya se documentan debidamente.