EL Tribunal de Cuentas ha lanzado leña a un incendio difícil de apagar. En su informe sobre la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2017 ha revelado que “el balance de la Seguridad Social recoge, a 31 de diciembre de 2017, un patrimonio neto negativo de 13.720,6 millones de euros, localizado en las entidades gestoras y la Tesorería General de la Seguridad Social, que lo tienen negativo por 18.538,7 millones, y cuyo origen está en sus resultados económico patrimoniales negativos del período 2010 a 2017 (99.503,2 millones)”. Es decir, que si tratásemos a la Seguridad Social como a una empresa y aplicáramos La Ley de Sociedades de Capital a dicha compañía sería objeto de disolución por encontrar en su balance contable una situación de patrimonio neto negativo.
Este desfase contable deriva, según el Tribunal de Cuentas, de “las operaciones de la gestión ordinaria de estas entidades, porque los recursos de esta naturaleza (mayoritariamente cotizaciones sociales y, en menor medida, transferencias recibidas del Estado) resultaron insuficientes para la cobertura de los gastos del mismo origen (prestaciones contributivas, fundamentalmente pensiones, y prestaciones no contributivas), provocando desequilibrios financieros, presupuestarios y de tesorería”.
El revuelo mediático que ha causado la revelación del Tribunal de Cuentas — el periódico El Mundo ha titulado El Tribunal de Cuentas certifica que la Seguridad Social está en quiebra tras perder 100.000 millones desde 2010— ha provocado que la institución supervisora haya tenido que sacar un comunicado para aclarar que la propia la Seguridad Social señala en sus alegaciones que “conviene destacar que la trascendencia en el ámbito de la Seguridad Social de un patrimonio neto negativo no es comparable al ámbito de entidades privadas donde la garantía del Estado no se encuentra presente”.
El Tribunal añade que si bien es cierto que “el patrimonio neto del Sistema de la Seguridad Social es efectivamente negativo, pero no se utiliza la palabra quiebra, que puede alarmar y ser interpretada como que no hay garantía de pago de las obligaciones (pensiones, etc.) por parte de la Seguridad, que cuenta con el respaldo del Estado”.
A la hora de analizar el agujero de la Seguridad Social, el informe del Tribunal recoge “el balance de la Seguridad Social recoge, a 31 de diciembre de 2017, un patrimonio neto negativo de 13.720,6 millones de euros, con origen en las operaciones de gestión ordinaria. La solución adoptada en 2017, y también en 2018, para solventar esta situación ha sido otorgar nuevos préstamos a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS); sin embargo, ese tipo de medidas coyunturales no han resuelto los problemas de sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, que son de naturaleza estructural, ni contribuyen al saneamiento de su balance y de su cuenta de resultados, ni tampoco tienen reflejo en su neto patrimonial, que continúa siendo negativo”.
El organismo regulador también recrimina que esta situación “deja a la Seguridad Social en una posición comprometida de endeudamiento frente al Estado, afectando negativamente a su solvencia, como demuestra el hecho de que, a 31 de diciembre de 2017, el balance de la TGSS recoge una deuda a favor de la Administración General del Estado (AGE) de 27.360,7 millones de euros”.
Como propuesta de solución, el Tribunal de Cuentas apunta al Pacto de Toledo. “Hasta que este tipo de soluciones pueda ejecutarse, lo recomendable sería que los déficits financieros y presupuestarios que está soportando la Seguridad Social se cubrieran, como hasta ahora, con financiación estatal, aunque, teniendo en cuenta que el problema deriva de sus operaciones de gestión ordinaria, la vía de financiación estatal debería tener esta misma naturaleza económica y presupuestaria, esto es, proceder de transferencias corrientes de la Administración General del Estado, no de la concesión de nuevos préstamos”.
Además el informe revela que el patrimonio neto del sistema de Seguridad Social , a 31 de diciembre de 2017, “está sobrevalorado en 1.490 millones de euros, y por el contrario, el pasivo corriente está infravalorado en el mismo importe, debido a que no recogen el efecto de la periodificación de los gastos devengados en el mes de diciembre de 2017 por la parte correspondiente a la paga extraordinaria abonada en junio de las pensiones del sistema de Seguridad Social, por 1.480,4 millones; y los empleados públicos al servicio de las entidades gestoras y la TGSS por 9,6 millones”.