El Tribunal de Cuentas halla sobrecostes de 7.637 millones en los convenios urbanísticos de 13 estaciones de AVE
El Tribunal de Cuentas ha publicado este jueves un informe que alerta de sobrecostes del 186,21%, equivalentes a un importe superior a los 7.637 millones de euros, en los convenios urbanísticos llevados a cabo por las Sociedades públicas de Integración del Ferrocarril (SIF) constituidas entre 2002 y 2010 por las diversas Administraciones (estatal, autonómica y local) con el objeto de llevar la red de AVE a trece capitales españolas: Alicante, Almería, Barcelona, Cartagena, Gijón, León, Logroño, Murcia, Palencia, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza.
“En términos absolutos, a 31 de diciembre de 2016, el coste de los convenios se había incrementado en 7.637,33 millones de euros, pasando de 4.101,51 a 11.738,34 millones, correspondiendo el principal aumento a las actuaciones de integración ferroviaria por un importe de 6.863,16 millones, debido a las modificaciones de los proyectos inicialmente proyectados, descritos en los convenios de forma genérica y con estimaciones calculadas en función de los estudios informativos de las obras”, señala el informe.
Los convenios con un mayor incremento de costes respecto al cuantificado inicialmente fueron los de Barcelona-La Sagrera (546,89%), Alicante (395,87%) y Cartagena (281,65%). Cabe recordar que en Barcelona, las actuaciones se paralizaron entre 2014 y 2018, debido a la detección de irregularidades en su gestión y a la apertura de una investigación por la vía penal.
El tribunal destaca que, de media, “el grado de ejecución que presentaban el conjunto de las actuaciones era del 29,39%” y únicamente las relativas al convenio de Zaragoza “se encontraban prácticamente terminadas”, con una ejecución del 86,95%, “mientras que en el extremo opuesto, los convenios de Almería, Cartagena, Murcia y Vitoria no alcanzaban el 2% de realización” a 31 de diciembre de 2016.
Con la excepción de Zaragoza y Logroño, en el resto de ciudades no se habían ejecutado ni la mitad de las obras previstas a esa fecha.
El Tribunal de Cuentas recuerda que las SIF, a efectos de contabilidad nacional, “forman parte del Sector de las Administraciones Públicas y, consecuentemente, sus actuaciones afectan al cálculo del déficit público y su endeudamiento forma parte de la deuda pública. Así, el importe del endeudamiento bancario de las SIF, que a 31 de diciembre de 2016 ascendía a 1.127 millones de euros, contribuye a engrosar la deuda pública”.
Así, el organismo recomienda analizar la situación en la que se encuentra cada una de las SIF “para proceder, según los casos, a su disolución o a la modificación de los convenios a fin de ajustarlos a las disponibilidades financieras”.
“Asimismo, se recomienda al Ministerio de Fomento que en la planificación de futuras integraciones ferroviarias estudie, junto con el soterramiento de las vías, alternativas diferentes, en la que se tengan en cuenta factores socioeconómicos; y que, elabore planes de financiación de las actuaciones de integración del ferrocarril atendiendo a criterios realistas y contemplando, en su caso, una financiación a corto y medio plazo no solo vinculada a la generación de plusvalías urbanísticas de realización incierta”.
