El Tribunal Supremo entra de lleno esta semana en el uso fraudulento que muchas empresas hicieron del mecanismo de los ERTE puesto en marcha por el Gobierno para hacer frente a la devastación económica causada por la pandemia. El pleno de la sala de lo social analizará los ERTE de Ryanair y ArcelorMittal, que anuló la Audiencia Nacional por fraude de ley, además de los despidos masivos de Zener Plus.
Son casos que afectaron a más de 8.000 trabajadores en los que los jueces han detectado, por el momento, que las empresas intentaron hacer un uso fraudulento de los ERTE. En los tres casos, según ha podido confirmar elDiario.es, tanto los sindicatos denunciantes como la Fiscalía han pedido al Tribunal Supremo que sentencie en firme la nulidad de los tres procesos de ERTE o despido colectivo, de los primeros que estudia la sala de lo social. Los casos, por su importancia, han sido llevados a pleno.
ArcelorMittal: el ERTE “torticero”
El primer caso que analizará el pleno de lo social será el de la siderúrgica ArcelorMittal, que en abril de 2020 intentó poner en marcha un ERTE para 8.207 trabajadores en lo que la Audiencia Nacional definió como un uso “torticero” de los mecanismos habilitados por el Gobierno para afrontar la pandemia. Recurrieron cinco sindicatos y todos ellos, junto con la Fiscalía, han solicitado al Supremo que confirmen la nulidad.
La Audiencia Nacional fue especialmente contundente en este caso para declarar la nulidad del ERTE por haberse presentado como un grupo laboral de empresas y después sacar los números de las sociedades en pérdidas para obtener el máximo beneficio del ERTE. “Desde un primer momento tal grupo incumplió con los deberes de información y documentación”, dijo la Audiencia Nacional, reprochando a la compañía que “quirúrgicamente, a la hora de presentar la situación económica del grupo, prescindir del cómputo de aquellas sociedades que reparten beneficios, bajo el pretexto de que las mismas consolidan cuentas en grupo extranjero, con la evidente intención de minorar las garantías establecidas en el ERTE que ya estaba vigente en la empresa” desde 2009.
Para la Audiencia Nacional, ArcelorMittal usó la normativa de los ERTE puesta en marcha para paliar el COVID “de modo torticero para eludir el cumplimiento de las garantías pactadas con la RLT en el ERTE aprobado en junio de 2.009 y en sus sucesivas prórrogas”. Su proceder, llegó a decir la Audiencia Nacional, “no resulta ajustado a los más elementales parámetros de la buena fe”.
Ryanair: doble despido en Canarias
El segundo caso que estudiará el pleno será el ERTE de Ryanair declarado fraudulento por la Audiencia Nacional en octubre del año pasado. La compañía planteó un ERTE para 206 trabajadores en las primeras semanas de la pandemia alegando los efectos del virus como causa de fuerza mayor y sus devastadores efectos para la actividad de las aerolíneas. Pero tanto los sindicatos como la Dirección General de Trabajo descubrieron un rosario de irregularidades: no se lo habían comunicado correctamente a los sindicatos y, además, habían incluido de forma fraudulenta a más de 180 trabajadores de Canarias despedidos en un ERE anulado por la Justicia.
Los jueces de lo social estudiarán la sentencia de la Audiencia Nacional que declaró probado que Ryanair readmitió a los trabajadores sólo para poder incluirles en el nuevo ERTE. Un “evidente fraude de ley” con el que la aerolínea “intenta eludir el abono de unos salarios de tramitación” de los trabajadores de Canarias. Tanto la Fiscalía como la Unión Sindical Obrera (USO) y el SITCPLA han pedido al Supremo que rechace el último recurso de Ryanair.
Zener: tres bloques de despidos
El tercer caso que estudiará esta semana el pleno de lo social es el de la empresa Zener, dedicada entre otras cosas al mantenimiento de las redes de telecomunicación de empresas como Másmóvil y Vodafone. El año pasado afrontó un total de 65 despidos entre contratos temporales, despidos disciplinarios y trabajadores despedidos tras el periodo de prueba. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco decidió estimar un recurso de CCOO y declaró nulos todos y cada uno de los despidos.
Los jueces anularon cada una de las tres modalidades que intentó utilizar la empresa. Por un lado, la extinción de seis contratos temporales que, según el TSJPV, fue una medida “contradictoria” con “el mantenimiento de la actividad de la empresa” y que la empresa no justificó. También anularon 34 despidos disciplinarios teniendo en cuenta que la propia empresa accedió a pagar indemnizaciones y finalmente otros 25 más surgidos de trabajadores que no superaron el periodo de prueba.
Este tercer caso también ha sido recurrido por la empresa y su nulidad también cuenta con el visto bueno tanto de CCOO como del Ministerio Público. Fuentes del caso afirman a elDiario.es que tanto el sindicato como la Fiscalía del Supremo han impugnado los argumentos de la empresa para que la decisión sea firme. En total fueron despedidos 65 trabajadores del total de 180 que tenía la empresa y los jueces reprocharon también que no hubiera acudido a un proceso de despido colectivo.
Sanciones millonarias
Los ERTE que estudiará esta semana el Tribunal Supremo no son, ni de lejos, los únicos que han sido considerados fraudulentos por la administración. Tal y como reveló elDiario.es en agosto, la Inspección de Trabajo ha detectado fraude en uno de cada seis ERTE sobre los que ha puesto la lupa. Son, hasta la fecha, un total de 5.459 infracciones que han supuesto sanciones por valor de 26 millones de euros. Abusos que iban desde mantener la empresa activa a pesar de estar sumida en un ERTE de suspensión o trabajar más horas de las establecidas.
Los últimos datos del Gobierno reflejan cómo el mes de agosto cerró sus cuentas con 272.190 personas, el número más bajo desde el inicio de la pandemia. Una de cada tres personas estaban suspendidas a tiempo parcial.