Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) aprobaron este martes obligar a los intermediarios fiscales como bancos, consultores o abogados a informar a las autoridades nacionales cuando proporcionen asesoría que pueda contribuir a evadir impuestos, según informa EFE.
En el consejo celebrado este martes en Bruselas, los titulares dieron luz verde a la nueva legislación, según la cual los Estados miembros deberán compartir la información recibida sobre casos de planificación fiscal agresiva transfronteriza con el resto de socios comunitarios mediante una base de datos centralizada. Esto debería permitir identificar nuevos riesgos y bloquear iniciativas perjudiciales.
Además, los socios comunitarios estarán obligados a imponer sanciones a los intermediarios que no cumplan con las medidas de “transparencia”, precisó el Consejo de la UE en un comunicado.
Las revelaciones de los Papeles de Panamá en 2016 y de los Papeles del Paraíso el año pasado han puesto el foco sobre el rol de los asesores, que diseñan planes para permitir a particulares o empresas escapar o reducir sus contribuciones al fisco.
“Reforzar la transparencia es clave para nuestra estrategia destinada a combatir la evasión y elusión fiscal”, declaró el ministro búlgaro de Finanzas, Vladislav Goranov, cuyo país ostenta la presidencia rotatoria de la UE.
Añadió que si las autoridades reciben la información sobre esquemas de planificación fiscal agresiva “antes de su implementación”, los Estados miembros “serán capaces de cerrar las lagunas antes de que se pierdan ingresos”.
La directiva también establece una serie de características distintivas para identificar los esquemas de planificación fiscal sobre los que se debe informar a las autoridades.
No obstante, la exigencia de informar sobre un caso “no implicará que sea dañino”, sino que puede ser “de interés” para que las autoridades lleven a cabo un mayor escrutinio, explicó el Consejo.
Tras el impacto en la opinión pública de los “papeles de Panamá” y los “papeles del paraíso”, los países han logrado la unanimidad sobre esta medida en menos de un año, pues la Comisión Europea (CE) presentó su propuesta sobre la materia en junio del año pasado.
De hecho, una vez que los titulares económicos dieron su apoyo a la directiva el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, subrayó que los Veintiocho son capaces de adoptar normas con rapidez “cuando es necesario”.
Después del visto bueno de los ministros, los Estados miembros tendrán hasta el 31 de diciembre de este año para trasponer la directiva y los nuevos requisitos de información se aplicarán desde el 1 de julio de 2020.
Los socios comunitarios deberán intercambiar los datos cada tres meses, indicó el Consejo. El Parlamento Europeo, que no tiene poder de decisión en el ámbito fiscal, ya emitió una resolución el pasado 1 de marzo.