La UE ha aprobado este viernes intervenir ya el mercado eléctrico. ¿Y eso qué quiere decir? Poner límites a los beneficios extraordinarios empresariales y reducción obligatoria del consumo eléctrico en horas punta. Así, en la línea de lo propuesto el 13 de septiembre por la Comisión Europea, los 27 ministros de Energía de la UE han acordado tres medidas: la obligación de consumir un 10% menos de luz –5% en horas punta–; un gravamen mínimo del 33% para los súperbeneficios de las empresas de combustibles fósiles –que sean un 20% por encima de la media de los últimos cuatro años– y un tope máximo de 180 euros megavatio/hora para las energías inframarginales (renovables, nucleares y lignito).
El texto aprobado por los ministros este viernes en Bruselas se adoptará formalmente por procedimiento escrito la próxima semana. A continuación, se publicará en el Diario Oficial y entrará en vigor al día siguiente de la publicación.
De acuerdo con lo aprobado por los ministros, se deja bastante flexibilidad a los Estados miembros. Eso quiere decir, según las fuentes consultadas, que el impuesto a las energéticas que se está tramitando en España no presenta problemas de incompatibilidad con lo acordado este viernes, de igual manera que también sería compatible el sistema español para las inframarginales, en tanto que los 180 euros sería un tope máximo, no uno mínimo. Y el mecanismo que se lleva aplicando en España desde hace un año prevé una reducción del 90% del precio a partir de los 67 euros megavatio/hora.
“Los Estados miembros pueden mantener medidas nacionales equivalentes a la tasa de solidaridad [impuesto a los beneficios de las empresas fósiles] siempre que sean compatibles con los objetivos del reglamento y generen ingresos al menos comparables”, dicen los 27.
Bruselas ha cifrado en 142.000 millones de euros lo que pueden recaudar los Estados con los topes a los súper beneficios de las industrias inframarginales –nucleares, lignito y renovables– y de las industrias de combustibles fósiles.
“Las medidas propuestas tienen carácter extraordinario y, por lo tanto, deben tener una duración limitada”, dice la Comisión Europea: “La herramienta de emergencia eléctrica debe aplicarse a más tardar el 1 de diciembre de 2022 y hasta el 31 de marzo de 2023. La Comisión Europea se ha comprometido a llevar a cabo una revisión de la herramienta de emergencia eléctrica antes del 28 de febrero de 2023, teniendo en cuenta la situación del suministro eléctrico y los precios de la electricidad en toda la UE , y presentar un informe sobre las principales conclusiones de ese examen al Consejo”.
Las llamadas aportaciones solidarias del sector fósil, es decir, la tasa sobre los beneficios extraordinarios, “se aplicarán durante un año desde su entrada en vigor. La Comisión llevará a cabo una revisión antes del 15 de octubre de 2023, en vista de la situación general del sector de los combustibles fósiles y los beneficios excedentes generados, y presentará un informe sobre las principales conclusiones de esa revisión al Consejo”.
La Comisión Europea ha calculado que los Estados miembros podrían recaudar hasta 117.000 millones de euros anuales provenientes del límite temporal a los ingresos propuesto para los productores de electricidad inframarginales –como las renovables–.
Los ingresos extra recaudados deberán ser canalizados por los Estados miembros hacia los consumidores finales de electricidad, ya sean privados o comerciales, que están expuestos a precios elevados. “Estos ingresos se pueden utilizar para proporcionar apoyo a los ingresos, reembolsos, inversiones en energías renovables, eficiencia energética o tecnologías de descarbonización”, dice Bruselas: “El apoyo brindado debe mantener un incentivo para la reducción de la demanda. Las decisiones sobre la distribución precisa se tomarán a nivel nacional de acuerdo con los principios establecidos en el reglamento”.
Los Estados miembros acordaron utilizar “las medidas de su elección para recaudar y redirigir los ingresos excedentes hacia el apoyo y la protección de los clientes finales de electricidad”, dice el comunicado del Consejo de la UE: “Introdujeron algunas flexibilidades para reflejar sus circunstancias nacionales y las medidas vigentes a nivel nacional, como la posibilidad de establecer un límite de ingresos más alto, utilizar medidas que limiten aún más los ingresos del mercado, diferenciar entre tecnologías y aplicar límites a los ingresos del mercado de otros actores, incluidos los comerciantes, entre otras”.
La llamada contribución solidaria temporal basada en las plusvalías imponibles –a un tipo del 33%– obtenidas en el ejercicio fiscal de 2022 por empresas energéticas en los sectores del petróleo, el gas, el carbón y las refinerías en la Unión podría aportar una estimación de alrededor de 25.000 millones de euros de ingresos públicos, “que se redistribuirán entre los Estados miembros sujeto al cumplimiento del Derecho de la Unión”.
“Las propuestas establecen que estos beneficios deberían destinarse a los hogares y las empresas, incluidas las industrias de gran consumo energético, para mitigar los efectos de los altos precios de la energía sostenidos, reducir el consumo de energía e impulsar la autonomía energética de la UE”, dice la Comisión Europea: “Además de los ingresos generados para los Estados miembros, la reducción de la demanda en el sector de la electricidad también puede ayudar a reducir los precios, al reducir la necesidad de costosas centrales eléctricas de gas para satisfacer la demanda”.
¿Cómo reducir la demanda?
De acuerdo con la propuesta, “los Estados miembros deben tratar de aplicar medidas para reducir el consumo total de electricidad en al menos un 10% hasta el 31 de marzo de 2023. Todos los consumidores pueden contribuir, también aquellos que aún no están equipados con sistemas de medición inteligentes o dispositivos que les permitan ajustar su consumo durante el día”.
Además, para apuntar específicamente a las horas más caras de consumo de electricidad cuando el gas generalmente fija el precio marginal, Bruselas “propone una obligación de al menos una reducción del 5% en el consumo bruto de electricidad durante las horas punta seleccionadas, cubriendo al menos el 10% del horas de cada mes, donde se espera que los precios sean los más altos”.
Esta obligación daría lugar a la selección de una media de 3 a 4 horas por día laborable, lo que normalmente correspondería a las horas de máxima carga, pero también puede incluir horas en las que se espera que la generación de electricidad a partir de energías renovables sea baja y la generación de plantas marginales sea necesaria para cubrir la demanda.
“En general”, calcula la Comisión Europea, “esta reducción específica puede conducir a una reducción del consumo de gas estimada en alrededor de 1,2 bcm durante 4 meses. Esto representa una reducción del uso de gas para energía en alrededor del 4% durante la temporada de invierno en toda la UE”.
Corresponderá a los Estados miembros identificar las horas de mayor demanda en su mercado. Los Estados miembros también son libres de elegir las medidas apropiadas para cumplir con la reducción prevista de la demanda, siempre que se ajusten a las normas pertinentes del mercado de la electricidad y la competencia de la UE.
“Decepción” española por el gas
Decepción. Es lo que ha mostrado la vicepresidenta de Transición Energética, Teresa Ribera, a su llegada a Bruselas este viernes para la reunión extraordinaria de ministros de Energía. “Estamos decepcionados con la propuesta, con la no propuesta que ha hecho la Comisión Europea”, ha dicho Ribera: “La Comisión sabe que es un tema sensible y no acaba de encontrar cuál es el espacio en el que todos los Estados miembros podamos responder positivamente. Por tanto, es bueno que se suscite un debate que nos permita orientar qué es lo que hacer a este respecto. ¿Eso qué significa? Significa que hoy no salimos con una conclusión definitiva en un texto que pueda ser implementado inmediatamente. Pero sí espero que podamos salir con una orientación muy clara sobre qué hacemos con respecto a ese precio, ese corredor de precios, ese índice que se toma como referencia en Europa que ya no responde a la realidad. El índice TFF ya no está respondiendo a lo que son las operaciones y el coste que está detrás de las operaciones de compra de gas, y sin embargo, está generando enormes distorsiones en nuestros precios en Europa”.
Ribera ha añadido: “Tampoco es razonable que miremos para otro lado cuando hay muchos intermediarios y muchas operaciones que se están cerrando a unos precios que no tienen nada que ver ni con los costes de producción, ni con los precios que se pagan al proveedor, que es lo que estamos viendo. Desgraciadamente pensamos que los términos en los que la Comisión está haciendo las propuestas hoy se quedan cortos con respecto a lo que Europa necesita”.
“Si no ponemos un tope al gas podemos tener un impacto importante sobre el PIB de la Unión Europea”, ha dicho Ribera en una rueda de prensa tras la reunión con sus homólogos: “Hay que seguir trabajando, hay que hacerlo de forma urgente. Le hemos pedido a la Comisión que acelere los trabajos y que considere el riesgo de no actuar. Esperemos que esto se produzca lo antes posible”.
La comisaria europea de Energía, Kadri Simson, ha intentado defender sus propuestas, además de anunciar que antes de la cumbre de los líderes del próximo 6 y 7 de octubre en Praga, presentará nuevas ideas relativas al gas: “La Comisión ha propuesto medidas para reducir la demanda de energía y también para generar ingresos que puedan utilizarse para apoyar a personas y empresas en esta crisis. La última vez discutimos las medidas que podemos usar para abordar los precios del gas. Desde entonces, varios estados miembros han presentado sus documentos de posición, sus propuestas e ideas. Y hoy los discutiremos y también discutiremos las ideas de la Comisión sobre eso. Como saben, creo que no podemos abordar este problema de la misma manera hacia Rusia y hacia nuestros socios de confianza [como Noruega]”.
“La respuesta es clara”, dice Simson: “Tenemos que ofrecer precios máximos para todo el gas ruso, no solo para gasoductos, sino también para el gas natural licuado (GNL). Y para nuestros socios, con los que podemos negociar, tenemos que acordar corredores de precios. Y, luego, la Comisión también está lista para desarrollar un límite de precio a nivel europeo para el gas natural que se utiliza para la generación de energía. Pero hay que tener en cuenta que las consecuencias no pueden ser el aumento de la demanda de gas, porque aún nos enfrentamos a problemas de suministro”.