La UE no excluye a la energía nuclear como inversión verde tras la presión de Macron y los lobbys empresariales
“¿Por qué preocuparse de algo que no va a pasar?” Es una frase imborrable pronunciada por el científico Valery Legasov en la serie Chernobyl (HBO). Y así fue: nadie en la URSS creía posible que pasara lo que pasó, ni siquiera cuando ya había pasado. Pero la energía nuclear, si no hay accidentes, no genera emisiones, aunque sus residuos duren una eternidad. Y esa ausencia de emisiones es la que coartada para colarla como energía sostenible.
Esa fue la pugna del jueves por la noche en la cumbre de líderes de la UE en Bruselas en la discusión de las conclusiones sobre cambio climático, y es la que se está dando en la negociación de la regulación sobre inversiones sostenibles para evitar el greenwashing de las grandes empresas energéticas.
El jueves por la noche Hungría, la República Checa y Francia lograron que las conclusiones sobre cambio climático, que no suscribió Polonia, recogieran la energía nuclear como herramienta válida para la transición energética:
"El Consejo Europeo reconoce la necesidad de garantizar la seguridad energética y respetar el derecho de los Estados miembros a decidir sobre su mix energético y elegir el más apropiado. Algunos Estados miembros han indicado que utilizan la energía nuclear como parte de su mezcla energética nacional".
El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo: “Francia, por ejemplo, depende mucho de la energía nuclear y los expertos reconocen que esto es parte de la transición, a pesar de que algunos países se oponen (Alemania, Austria, Luxemburgo). Francia emite mucho menos CO2 per cápita que otros países europeos, debido a que tenemos mucha energía nuclear en nuestro mix eléctrico, y menos carbono y gas”.
Andrej Babis, primer ministro checo, investigado por corrupción en su país, recordaba que “Francia produce el 63% de su energía a partir de energía nuclear, mientras que Polonia produce el 68% de la energía del carbón. En la República Checa, producimos el 37% del carbón y el 32% nuclear. Lo curioso es que, al mismo tiempo que Austria se opone a la energía nuclear, tomaba el 25% de su energía de la República Checa, de la central nuclear. No entiendo por qué es tan difícil para los países aceptar la energía nuclear. Es importante para nosotros tener neutralidad tecnológica, de eso se trata el debate, y comprender los diferentes requisitos financieros que cada país necesita para alcanzar la neutralidad de carbono”.
En la misma línea se expresó Viktor Orban, el primer ministro de extrema derecha húngaro –aunque aún miembro del PP europeo–: “No queremos poner obstáculos a la energía nuclear. La UE debería detener todas las críticas a la energía nuclear y contra los países que utilizan esta forma de energía, ya que la energía nuclear es esencial para una UE libre de carbono”.
Y este debate ha atravesado la conocida como taxonomía de inversiones: la lista de qué inversiones pueden llevar una etiqueta verde. La UE acordó a finales de septiembre crear un sistema comunitario de clasificación, o taxonomía, para facilitar a empresarios e inversores un lenguaje común para identificar qué actividades económicas pueden considerarse medioambientalmente sostenibles. Y este martes ha dado un paso más en las negociaciones entre el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la UE: se ha alcanzado un “compromiso” para una “lista verde de actividades económicas”, pendiente aún de la aprobación por parte de los Estados miembros y de votaciones en el Parlamento.
Las grandes empresas energéticas y los bancos se han estado moviendo para aguar el plan: un informe del organismo de control de los lobbys InfluenceMap, publicado en el arranque de la COP25 de Madrid, ha descubierto que, aunque algunos inversores apoyan las reglas de “etiquetado verde”, el 98% de los 50 mayores inversores de Europa son miembros de grupos de presión que intentan debilitar las propuestas.
La taxonomía también se enfrenta a un fuerte lobby por parte de las organizaciones empresariales de la UE que representan a la industria, en particular “los sectores del gas y el nuclear, interesados en garantizar que sus productos se clasifiquen como ecológicos”, según la investigación.
“Eurogas, GasNaturally, la Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas y FuelsEurope han presionado para debilitar los criterios climáticos para incluir actividades económicas como la combustión de gas natural sin disminuir”, sostiene el documento: “En noviembre de 2019, las asociaciones comerciales del sector financiero AFME y EBF se alinearon con las posiciones del sector del gas, abogando por criterios climáticos más débiles para la producción de electricidad para garantizar la inclusión del gas natural en una taxonomía 'verde”.
El texto acordado este martes “no excluye ni incluye en una lista negra ninguna tecnología o sector específico de las actividades ecológicas, aparte de los combustibles fósiles sólidos, como el carbón o el lignito. Sin embargo, el gas y la producción de energía nuclear no están explícitamente excluidos de la regulación”, explica el Parlamento Europeo: “Estas actividades pueden etiquetarse como o de transición en pleno respeto del principio de 'no hacer daño significativo”.
El principio de “no hacer daño” tendrá que ser definido más adelante, por la Comisión Europea, y el Parlamento y el Consejo tendrán capacidad de escrutinio sobre la definición, explican en la Eurocámara.
El texto acordado ha sido filtrado por los Gobiernos en la reunión de embajadores ante la UE (COREPER). La energía nuclear o el gas nunca habían estado rechazadas explícitamente en borradores anteriores, pero lo que ha cambiado es la redacción sobre los desechos nucleares: se ha eliminado la palabra “riesgo”).
La llamada “regulación de taxonomía” estipula que los siguientes objetivos ambientales deben considerarse al evaluar cuán sostenible es una actividad económica: mitigación y adaptación al cambio climático; uso sostenible y protección del agua y los recursos marinos; transición a una economía circular, incluida la prevención de residuos y el aumento de la absorción de materias primas secundarias; prevención y control de la contaminación; y protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas.
Una actividad económica debería contribuir a uno o más de los objetivos anteriores y no dañar significativamente ninguno de ellos, explica el acuerdo. Su sostenibilidad ambiental debe medirse utilizando un sistema de clasificación unificado, ya que las etiquetas nacionales basadas en diferentes criterios dificultan que los inversores comparen la inversión ecológica, lo que frena la inversión más allá de las fronteras.
La nueva legislación también debería proteger a los inversores de los riesgos de greenwashing, ya que obliga a proporcionar una descripción detallada de cómo la inversión cumple los objetivos medioambientales.
Los criterios de taxonomía también deben garantizar que la transición necesaria para una economía climáticamente neutral deben tener niveles de emisiones de gases de efecto invernadero correspondientes a los más bajos posibles en el sector o la industria. Tampoco deberían obstaculizar el desarrollo de actividades bajas en carbono.
Se aplicará una regla similar a las actividades que permiten directamente a un sector mejorar su desempeño ambiental (como la fabricación de turbinas eólicas para la producción de electricidad).
El acuerdo alcanzado por el equipo negociador del Parlamento Europeo tendrá que ser aprobado primero por las dos comisiones correspondientes (medio ambiente y economía) y por votación plenaria.
La Comisión Europea actualizará periódicamente los criterios técnicos de evaluación para la transición y las actividades de apoyo. Para el 31 de diciembre de 2021, debe revisar los criterios de selección y definir los criterios para cuando una actividad tenga un impacto negativo significativo en la sostenibilidad.
