Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) cerraron oficialmente este viernes el procedimiento de déficit excesivo a España al constatar que ha dejado atrás el umbral del 3 % del PIB, poniendo fin a una década en la que este proceso ha marcado la política presupuestaria española.
Aunque la Comisión Europea ya recomendó la clausura del proceso la semana pasada, son los titulares económicos de los Veintiocho quienes toman la decisión final, en un trámite meramente formal.
España logró cerrar 2018 con un déficit público del 2,5 % de su PIB, suficiente para abandonar el procedimiento para vigilar los desvíos superiores al 3 % considerado excesivo según las normas europeas.
Durante la crisis, la mayoría de países estuvieron sujetos a este proceso, por el que la Comisión vigila estrechamente las cuentas públicas y puede exigir ajustes e incluso aplicar sanciones, pero ahora ya solo permanecía abierto para España.
“Se marca un antes y un después y eso nos permite encarar el futuro en un marco más positivo desde el punto de vista de la estabilidad fiscal”, dijo la ministra de Economía, Nadia Calviño, a su llegada al Consejo.
“Seguiremos dentro del brazo preventivo, tendremos que realizar ajustes estructurales, igual que lo tiene que hacer el resto de Estados miembros, pero estamos ya fuera de esta fase de corrección que ha marcado nuestra política fiscal en los últimos años. Es una muy buena noticia”, añadió.
La CE activó el procedimiento a España en 2009, después de que pasase de registrar superávit en 2007 a un déficit público del 4,4 % en 2008. El desvío llegó al 11 % en el punto álgido de la crisis y se fue reduciendo progresivamente después, sobre todo a partir de 2012.
El ritmo de descenso, sin embargo, fue menor del que exigía Bruselas, lo que llevó a España a solicitar cuatro prórrogas para cumplir con los objetivos marcados.
En 2016, la Comisión llegó a proponer una multa y congelar fondos comunitarios a España por no haber tomado medidas suficientes para corregir el déficit, pero finalmente acabó cancelando la sanción.
El cierre formalizado este viernes concluye una década marcada por la consecución de estos objetivos fiscales, pero no supone el fin de la vigilancia comunitaria, que bajo el denominado brazo preventivo se centrará en evitar que el déficit vuelva a descarrilar.
La Comisión pondrá la lupa en la rebaja del déficit estructural - no ligado al ciclo económico - y vigilará más la evolución del gasto público y la reducción de la deuda, que al cierre del primer trimestre ascendió al 98,7 % del PIB.
Bruselas prevé que el déficit nominal español baje al 2,3 % del PIB este año y al 2 % el próximo, pero calcula que el estructural (2,7 % en 2018) aumentará al 2,9 % y 3,2 %, respectivamente.
El cierre del procedimiento a España coincide con la amenaza de la apertura de este expediente a Italia, en este caso motivado por la abultada deuda pública del país transalpino, que mantiene desde hace meses una disputa intermitente con Bruselas por sus cuentas.
Preguntada al respecto, Calviño consideró que el cierre del procedimiento confirma la “confianza” y el “interés” de los inversores internacionales por la deuda española y dijo que, en ese sentido, no tiene “preocupación especial por la inestabilidad de los mercados financieros”.
“Pero todo lo que pueda contribuir a esa inestabilidad no es positivo, y por eso espero que el proceso que se está poniendo en marcha (de diálogo entre Bruselas e Italia) lleve a una solución positiva y evite cualquier atisbo de inestabilidad en los mercados”, añadió.
Por otra parte el Consejo abordó los avances en la cooperación entre once países de la UE, entre ellos España, para poner en marcha una tasa a las transacciones financieras a nivel europeo.
El proyecto lleva años sobre la mesa sin lograr salir adelante.
Sin embargo, el ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, consideró que se han conseguido progresos y afirmó incluso que es “probable” que los ministros tengan “éxito” en “otoño” avanzando sobre el modelo de tasa que aplica desde hace seis años Francia.
Francia grava con un 0,3 % la adquisición de acciones de empresas cuya capitalización bursátil supera los 1.000 millones de euros y con un 0,01 % las operaciones sobre valores de alta frecuencia en el mismo día y la compra de seguros de impago de deuda (CDS) de bonos de países de la UE.
Calviño, por su lado, recordó que el Gobierno quiere introducir esta tasa en España y, por lo tanto, “lo ideal” sería hacerlo a nivel comunitario.