El pasado 1 de julio, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se reunión con los agentes del diálogo social para avanzar en la negociación sobre la reforma de la jubilación parcia. De aquel encuentro, Ejecutivo y sindicatos salieron con la firme intención de alcanzar un acuerdo antes de que finalizase el mes. Emplazados para dos semanas después, este lunes las organizaciones sindicales han mostrado serias dudas de que ese plazo se pueda cumplir. “Que negociemos a día de hoy sin documentos, sin propuestas escritas, no ayuda para nada”, ha lamentado la secretaria de política institucional y políticas territoriales de UGT, Cristina Estévez, que ha indicado que trabajan “únicamente con propuestas verbales que revisten cierto tufo a improvisación”. “No hay grandes novedades, entre otras cosas porque el Gobierno no ha traído ninguna nueva propuesta a la mesa”, ha coincidido el secretario de protección social y políticas públicas de Comisiones Obreras, Carlos Bravo.
Seguridad Social tiene sobre la mesa varios asuntos: los coeficientes reductores para la edad de jubilación en actividades penosas, la reforma de la jubilación parcial y la colaboración de las mutuas para las bajas traumatológicas. Este último punto es el que está más avanzado, a falta de cuestiones técnicas, pero en los otros dos parece que las posiciones se han enconado este lunes. “Cada avance que conseguimos en nuestras reivindicaciones viene acompañado de algún tipo de retroceso por parte del Ministerio”, ha señalado Estévez, que ha mostrado la preocupación del sindicato por “la ausencia de perspectiva de género en las dos modalidades de jubilación parcial” que se negocian.
En concreto, según señalan desde el ministerio que dirige Elma Saiz, Seguridad Social ha propuesto en materia de jubilación parcial “prorrogar la regulación especial para los trabajadores de la industria manufacturera” realizando “ajustes para mejorar las condiciones de trabajo del relevista y diseñando una regulación más equilibrada y flexible para la empresa en cuando a la organización de jornada” del empleado bajo contrato relevo y el pensionista. Además, respecto a la parcial general, han propuesto que las personas trabajadoras puedan ampliar de 2 a 3 los años para la posibilidad del anticipo, “con algunos condicionantes que contribuyan al mantenimiento del equilibrio del sistema”.
Aunque no han especificado cuáles son esos condicionantes, la portavoz de UGT ha explicado que se trata de “empeorar” el número de años de cotización de los 33 actuales a los 35 que contendría el plan del ministerio. “Además, la jubilación parcial ordinaria con contrato relevo en las empresas que no pertenecen a la industria manufacturera es todavía peor, porque, aunque es cierto que se adelanta un año, la contrapartida es muy dura”, ha indicado Estévez, al exigir “una carrera de cotización de 38 años y medio” para “una reducción de jornada mínima, del 20 al 33% el primer año”. “Hacen que esa modalidad sea de todo menos atractiva”, ha lamentado.
El aumento de años de cotización supone, a juicio de UGT, un perjuicio para las trabajadoras, “que son aquellas con carreras mucho menos extensas que su compañeros varones”. Como también lo suponen las conversaciones sobre los coeficientes reductores de la edad de jubilación para aquellas actividades especialmente penosas o peligrosas. “La penosidad que debe quedar regulada en el nuevo reglamento aparece de una forma cosmética, no se desarrolla”, ha señalado Estévez, que apunta que “aquellas actividades eminentemente feminizadas seguirán quedando fuera”. Ha puesto el ejemplo de las empleadas de ayuda a domicilio, a la dependencia o las camareras de pisos.
“Además, en aquellas profesiones donde ya existen coeficientes reductores, se seguirá manteniendo la brecha de género que existe hoy en día”, ha continuado Estévez, que ha indicado que, por ejemplo, “las auxiliares de vuelo, eminentemente mujeres, no podrán acogerse según esta propuesta, mientras el resto de compañeros varones si podrán en otras actividades aéreas”.
Sin entrar en el contenido de las propuestas, Bravo ha señalado que “hay cuestiones pendientes en todos los apartados”, que permitan “corregir la reforma de 2013”. El objetivo de CCOO siempre ha sido volver a lo que se pactó en el año 2011 y que el entonces presidente del Ejecutivo de Mariano Rajoy esquivó sin el consenso de los agentes sociales. “Son los textos los que tienen que operar a partir de ahora y es ese el elemento que hemos reclamado al Gobierno y que el Gobierno se ha comprometido a enviar en breve, pero la realidad es que, pudiendo enviarlos en los últimos días, todavía no ha ocurrido”, ha criticado el portavoz de Comisiones, que ha señalado que aunque el ministerio “sigue manteniendo la idea de un acuerdo en le mes de julio, si no concreta los textos, parece difícil”.