Un servicio externalizado cada vez más precario, con control deficiente por parte de la administración y con cada vez más personal no especializado en violencia de género. Es el diagnóstico que UGT hace del teléfono de atención a mujeres maltratadas 016 y del Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (Cometa), que gestiona las pulseras para hombres investigados por violencia machista. Los dos servicios, defiende el sindicato en un informe presentado este jueves, deberían ser asumidos de forma directa por la administración pública, un proceso que debería iniciarse ya para que esté listo una vez venzan los contratos en vigor con las empresas prestatarias.
Los dos servicios sufren “precariedad” y “falta de garantías de calidad” debido a los procesos de externalización, a los convenios aplicados, a la falta de especialización en violencia de género de las empresas y, en general, a que sus plantillas están sujetas a condiciones laborales propias de teleoperadoras de telemarketing que se han deteriorado y que no contemplan las especificidades y valor de su labor.
El centro Cometa, gestionado por Securitas Direct, a su vez subcontratado por Teléfonica, no “se inserta en una estructura especializada en violencia de género”. Su plantilla está cada vez más formada por personal temporal y al que no se le exige especialización alguna. Aunque su personal de base sí tiene formación en la materia, UGT denuncia que la tónica general “ha sido la ausencia de especialización en violencia de género de los mandos medios y directivos de COMETA durante sus diez años de vida”.
Las trabajadoras especializadas que atienden las llamadas son, sin embargo, calificadas como “operadoras de alarmas”, una categoría que, según el convenio, no requiere titulación universitaria. Aunque durante los primeros años de servicios, los procesos de selección fueron “rigurosos” y exigían formación especializada, conforme se consolidó el centro, “los criterios y procesos de selección iban degradándose y haciéndose un tanto erráticos”. Si en 2015, la oferta de empleo requería como mínimo una licenciatura en psicología, en 2017 ya solo se requería haber acabado secundaria. En 2018, las ofertas que exigían alguna diplomatura, sin especificar especialidad, con otras que no exigían titulación, hicieron que la plantilla fuera cada vez más heterogénea.
“Las empresas ahorran en costos laborales al categorizar al personal que sustenta esos servicios como operadoras no cualificadas”, dice UGT, que no considera legítima ni legal esta argucia.
Algo parecido sucede con la gestión del 016, que durante años recayó sobre Qualytel y en que en la última adjudicación ganó Atenzia. “Ninguna de las dos empresas adjudicatarias del servicio 016 contaban con especialización en lucha contra la violencia de género en el momento de adjudicárseles la prestación del servicio (...) Como en el caso del centro Cometa, tampoco se presentaron en UTE con otras empresas especializadas en igualdad o lucha contra la violencia de género para compensar su falta de experiencia en esa materia”, dice el informe.
UGT denuncia que esta forma de gestionar servicios públicos tan sensibles “pone trabas” al ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. Por eso, y mientras el Estado se hace cargo de su gestión directa, el sindicato propone que la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ejerza la función de control de los contratos vigentes, que se cree una Comisión de Control de las Externalizaciones, garantizar que los servicios que los servicios se presten por personal cualificado, categorizado y remunerado como tal, y replantear la evaluación del personal bajo criterios acordes con la naturaleza de su trabajo y no con los “contact centers”.