El ingreso mínimo vital (IMV) para familias de muy escasos recursos ya es una realidad, aunque todavía hay algunos flecos de su regulación pendiente de desarrollo reglamentario. El sindicato UGT ha advertido este lunes de la necesidad de extremar las “cautelas” en la normativa sobre la complementariedad de la nueva renta mínima estatal con tener un empleo para evitar “posibles efectos perversos”. Entre ellos, el sindicato destaca dos: que las empresas aprovechen para no incrementar o bajar incluso los salarios a los beneficiarios de la ayuda, así como que aumente el fraude del contrato a tiempo parcial.
Una de las novedades del ingreso mínimo vital será la posibilidad de complementar la percepción de la ayuda contra la pobreza aunque el hogar perciba rentas salariales. Será así cuando los ingresos de la familia estén por debajo de los umbrales de renta determinados por la Seguridad Social, que se enfoca a las situaciones de pobreza más extrema.
Entre los objetivos de esta compatibilidad del IMV con las rentas salariales, que ya existe algunas rentas mínimas autonómicas como la de Euskadi, destaca evitar la llamada “trampa de la pobreza”: que los beneficiarios de la prestación no accedan al mercado laboral por no perder la ayuda. Esto es un riesgo mayor en España que en otros países dado el inestable mercado laboral, afectado por una altísima temporalidad y de contratos muy cortos, en los que una persona puede preferir no aceptar un trabajo de dos días si por ello pierde automáticamente una ayuda estable.
El peligro de ampliar la precariedad laboral
En UGT, que impulsó en el pasado con CCOO una ILP con una propueta de ingreso mínimo, han presentado este lunes un informe en el que celebran la implantación de la medida como una política histórica en la lucha contra la pobreza, pero advierten de la existencia de algunos riesgos en materia laboral.
El sindicato apunta en su estudio que “el objetivo teórico” de la complementariedad de la ayuda y el empleo “es generar incentivos para favorecer la inserción laboral y proporcionar ayuda a aquellos trabajadores que enlacen empleos inestables y con salarios reducidos”, pero destacan los “grandes peligros” que en su opinión puede tener esta fórmula, ha advertido Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social del sindicato.
La organización sindical considera que “existe una elevada posibilidad de que muchas empresas aprovechen este contexto para reducir aún más los niveles salariales, pudiéndose incrementar además el uso fraudulento de contratos a tiempo parcial”.
El sindicato teme que, si no se enfocan con cuidado el reglamento, “el IMV podría acabar derivando en un instrumento adicional de devaluación salarial en el marco de un sistema de transferencias indirectas del Estado hacia aquellas empresas que decidan reducir los salarios”.
Por ello, UGT reclama la participación activa de los sindicatos y la patronal en el desarrollo reglamentario de la complementariedad retributiva, que requiere la “necesidad de extremar la cautela y vigilancia” ante la aparición de esos “efectos distorsionadores e indeseados”.
Fuentes de la Seguridad Social responden a eldiario.es que el desarrollo reglamentario del ingreso mínimo vital está en proceso y que se hablará con los agentes sociales al respecto, como determina el real decreto ley que regula el ingreso mínimo vital. El Gobierno estima que los incentivos al empleo estén en marcha aún dentro de unos meses, “durante el último trimestre del año”, según figura en la memoria sobre el impacto normativo de la medida.
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