Unidas Podemos lleva a los tribunales a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la misma que había elegido con sus votos cuando se constituyó el Parlamento que dio inicio a la legislatura. Han pasado un año y diez meses desde aquella sesión parlamentaria y la coalición de Gobierno vive uno de sus momentos más delicados.
La chispa esta vez viene provocada por la pérdida del escaño de Alberto Rodríguez, a quien el Tribunal Supremo condenó por dar una patada a un policía en una manifestación hace siete años. El ya exparlamentario y anterior secretario de Organización de Podemos fue condenado a un mes y medio de cárcel, que no cumplirá porque fue sustituido por una multa, por atentado a la autoridad. A partir de ahí el caso abrió otra discusión jurídica. Los letrados del Congreso concluyeron en un informe que la condena no obligaba a que Rodríguez, elegido diputado por la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife, tuviera que dejar el acta. Ese dictamen jurídico que reclamó la presidenta del legislativo señaló que la privación del derecho al sufragio pasivo dictada por el Supremo en la sentencia en la que le condenó por pegar a un policía en 2014 no afecta a la condición de diputado, dado que fue adquirida con carácter previo.
Pero el propio Supremo, a través del presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, remitió varias comunicaciones a la presidenta del Congreso para que retirase el acta de diputado a Rodríguez. Y este viernes, Batet ha accedido a las peticiones del Alto Tribunal.
El grupo de Unidas Podemos, que ha reivindicado durante semanas la inocencia de Rodríguez, incluso después de la sentencia que contó con el voto particular de dos magistrados contrarios a la condena del diputado, ha respondido con una denuncia en los tribunales contra la propia Batet, a la que acusa de prevaricación. La querella conocida a última hora de la tarde del viernes, defiende que la presidenta del Congreso “ha tomado la decisión de manera unilateral, contra el criterio de los letrados de la Cámara y de la Mesa”.
La querella agrava la crisis en la coalición, que vive sus horas más complicadas después de que el ala socialista decidiese reservarse el control de la reforma laboral que venía negociando desde hace meses la vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz. El grupo confederal había solicitado una reunión urgente tras tildar de “gravísima injerencia” la intención de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, de irrumpir en un asunto que está entre las competencias del Ministerio de Trabajo. Sin fijar una cita en el calendario para abordar esas diferencias con los socios, Pedro Sánchez respaldó desde Bruselas a Calviño y rebajó la participación de Díaz en la derogación de la reforma laboral, que, según dijo, compete a cinco ministerios.
Y a ese choque se añade ahora una querella de Unidas Podemos por prevaricación contra Batet. Una línea que nunca se había cruzado hasta el momento, durante los 20 meses de convivencia de la coalición, en los que ya se produjeron otros momentos de tensión, que generalmente se cerraban con un acuerdo entre Sánchez y Pablo Iglesias. Están por ver las consecuencias de esta crisis y los siguientes movimientos. De momento, los socialistas han salido en defensa de la presidenta del Congreso: “El PSOE reitera su postura de respeto absoluto a la independencia judicial que se plasma siempre en el acatamiento y cumplimiento de las sentencias que dictan los tribunales en el ejercicio de sus funciones. La presidenta del Congreso se ha limitado en todo momento a dar cumplimiento a la ley y a las sentencias emanadas de los tribunales y así lo ha hecho hoy de nuevo, una vez despejadas las dudas sobre su aplicación. Las sentencias se pueden recurrir pero no se pueden incumplir. Por todo ello, el Partido Socialista respalda la actuación a la Presidenta del Congreso en el cumplimiento escrupuloso de su deber”.
Esas cinco líneas fueron todas las señales que emitió el PSOE. Ni Sánchez, de viaje en Bruselas este viernes, ni ningún ministro del ala socialista han salido a responder a sus socios. El presidente tiene programado este sábado un viaje en La Palma.
Mientras tanto, en Unidas Podemos cunde la indignación por el comportamiento de sus socios por la decisión de Batet, que estiman, no agotó todas las vías antes de dejar sin escaño a Alberto Rodríguez.
En una entrevista en la cadena SER, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha dicho que la demanda no tiene nada que ver con la acción de gobierno, que es otro proceso. “Gobernar es saber tragar sapos”, ha dicho gráficamente Echenique tratando de desvincular la denuncia en los tribunales a Batet de la salud de la coalición. Cuando se le preguntó si Yolanda Díaz conocía que se fuese a presentar la querella, el portavoz en el Congreso aseguró que el asunto se trató en los órganos de Unidas Podemos, pero que no recuerda la posición de su líder.
Otras fuentes de Unidas Podemos sostienen que Díaz no ha participado en la decisión. De momento la vicepresidenta segunda guarda silencio y no se ha posicionado tampoco en sus redes sociales.
La retirada del acta fue la gota que colmó un vaso que llevaba horas rebosando. El entorno de Díaz había ya enfurecido por el asunto de la reforma laboral. El primer paso lo había dado Nadia Calviño el jueves por la noche, cuando informó a Yolanda Díaz en un correo electrónico de su nuevo papel como coordinadora de la reforma laboral, algo que causó indignación en Unidas Podemos. Ese día, Calviño había afirmado por la mañana en el Congreso de CCOO que la negociación de la reforma laboral estaba por iniciarse y redujo a “contactos preliminares” los meses de diálogo social del Ministerio de Trabajo y los agentes sociales.
Lo que sonó el jueves por la mañana a desautorización a Yolanda Díaz por parte de Calviño, y que parecía un rifirrafe más entre Economía y Trabajo, se desveló por la noche como un cambio sustancial dentro de estrategia de la parte socialista del Gobierno. Economía se erige con la coordinación de la reforma laboral porque, justificaba Calviño, es un asunto muy importante que afecta a muchos ministerios. No es cosa solo de Trabajo, ha justificado después también Pedro Sánchez.
Unidas Podemos convoca la mesa de la coalición
A pesar de ser la titular de la cartera afectada por esta polémica, la ministra de Trabajo no ha sido la encargada de hacer público el encontronazo entre los socios de Gobierno. El anuncio inicial, que desvelaba la crisis, era realizado por Ione Belarra, secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales. Sin aportar ningún detalle, a primera hora tuiteó: “El espacio confederal de Unidas Podemos solicita una reunión urgente de la mesa de seguimiento del acuerdo de coalición entre el PSOE y UP. Necesitamos abordar la gestión y ejecución de los compromisos de coalición”.
Con el paso de las horas se aclaró su causa. El conflicto había comenzado con el mail enviado por la Vicepresidencia al Ministerio de Trabajo, que Unidas Podemos ha considerdo una “injerencia”, una “intromisión” y un asunto “grave”, según fuentes del grupo confederal.
Pero el mensaje de Pedro Sánchez desde Bruselas dejo ver que esta vez Calviño, a quien incluso dentro del PSOE muchas voces veían hasta ahora reacia a derogar la reforma laboral, no iba por libre. “Es una reforma del Gobierno”. Con estas palabras, Sánchez respaldó a su vicepresidenta primera para que sea quien lidere a partir de ahora la negociación de la reforma laboral, que, destacó, afecta a “cinco ministerios”: Economía, Trabajo, Seguridad Social, Hacienda y Educación. Así, después de cinco meses de negociación del equipo que lidera Yolanda Díaz con los sindicatos y empresarios, el presidente daba las riendas de esta importante reforma a Calviño dentro de un grupo amplio de carteras lideradas por ministros socialistas, lo que ha generado un gran malestar en Unidas Podemos.
Los socialistas han reaccionado a la petición de Belarra y han aceptado, en un primer momento, el encuentro. Por su parte, en Moncloa han optado por rebajar el tono del conflicto. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, trasladó un mensaje de “tranquilidad”. “Les puedo asegurar que esta coalición goza de muy buena salud”, había manifestado en una entrevista en Antena 3 antes de que por la tarde se anunciase la denuncia contra Batet.
El órgano cuyo encuentro ha solicitado Unidas Podemos a los socialistas –la mesa de coordinación de la coalición– no se reúne frecuentemente. Según apuntan fuentes de la coalición, el último encuentro se produjo en julio de 2020. En marzo de ese mismo año, unos días antes de que se decretase el confinamiento por la irrupción de la pandemia, los representantes de los dos partidos se citaron en la mesa de seguimiento para abordar la crisis abierta por la aprobación del Anteproyecto de Ley de Libertad Sexual, que tenía enfrentados a los equipos de la ex vicepresidenta Carmen Calvo y de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Por ahora, los grupos no han informado de la fecha concreta en la que se van a encontrar para tratar el futuro de la derogación de la reforma laboral. Belarra y Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE, están en contacto para cerrar ese detalle, según fuentes del grupo confederal.
El contenido de la reforma laboral, en juego
Una de las lecturas de este nuevo choque es el pulso de protagonismos entre PSOE y Unidas Podemos respecto a una reforma clave en los programas electorales de ambas formaciones políticas y en sus argumentarios de los últimos años. Pero, dado el discurso de Nadia Calviño sobre el desmontaje de la legislación laboral del PP, la pugna parece algo más que una mera cuestión partidista.
La vicepresidenta económica ha evidenciado en múltiples ocasiones que no comparte el discurso del Gobierno de coalición sobre la necesidad de derogar la legislación laboral de Mariano Rajoy. De forma muy visual, con los ojos al cielo que siguieron a la afirmación de Yolanda Díaz de que derogaría esta regulación en una sesión de control en el Congreso. Pero también frenando el acuerdo de los partidos del Ejecutivo con EH Bildu para acelerar el desmontaje de la legislación del PP en el debate de los Presupuestos de 2021. O, mucho antes, en 2018, cuando en un acto con inversores internacionales en Londres valoró los “efectos positivos” de la ley de Mariano Rajoy por la “mayor flexibilidad” que dio al mercado de trabajo.
Así que, aunque el presidente Sánchez haya reiterado recientemente en el Congreso del PSOE su compromiso de derogar la reforma laboral del PP, que sea Calviño quien coordine la negociación sobre la reforma laboral no es baladí. En Unidas Podemos reconocen que este movimiento provoca “preocupación” por el contenido de la reforma que llegará al BOE.
Diputados del grupo confederal han incidido en esta idea en redes sociales. “Es un mensaje claro que nos está mandando el PSOE: quieren intentar impedir la derogación”, ha asegurado en Twitter Pablo Echenique, portavoz del grupo parlamentario. De la misma forma se ha posicionado Jaume Asens, presidente del grupo confederal en el Congreso. “¿El PSOE no quiere derogarla? ¿Teme más a Yolanda Díaz que a la precariedad de los trabajadores?”, ha apuntado también desde su perfil en la misma red social.
El líder de la patronal de empresarios CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido que la vicepresidenta económica pueda “opinar” y ha celebrado que también lo hagan otras responsables de otras carteras como Educación. Los empresarios se oponen frontalmente a desmontar la reforma laboral, más si cabe en los últimos meses, porque antes de la pandemia parecían más abiertos a abordar la reforma de algunas de estas medidas.
También se percibe preocupación en los sindicatos, que afrontaban ahora la recta final de la negociación tras meses de conversaciones y que están ahora desconcertados ante este nuevo paso. Fuentes sindicales admitían a elDiario.es su sensación de que la vicepresidenta económica estaba intentando expandir la idea de que Bruselas no aceptaría revertir la primacía del convenio de empresa sobre el sectorial o la retirada del límite a la ultraaactividad de los convenios colectivos, parte del llamado desmontaje de la reforma laboral del PP. Estas mismas fuentes advertían de que, si bien Bruselas ha defendido en el pasado la reforma laboral de Rajoy, lo determinante era un Gobierno unido que argumentara en las instituciones europeas el perjuicio causado por esta normativa y la necesidad de revertirla. Y ahí es donde no ven a Calviño, que creen posicionada del lado de los empresarios en este asunto.
La reunión entre las dos formaciones que componen el Gobierno estaba prevista para los próximos días, antes de que Unidas Podemos anunciase la denuncia en los tribunales contra Batet, pero el encuentro queda ahora en el aire a expensas de lo que puedan decidir los líderes de los partidos.