A pesar de que los acuerdos presupuestarios van saliendo con cuentagotas, un documento interno de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea admite que la negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 con el Gobierno de Pedro Sánchez “se estancaban” ya que el Ejecutivo del PSOE “planteaba acordar textos de intenciones, sin concretar compromisos o plazos en muchos apartados, sin abordar algunos grandes temas o sin ser lo suficientemente ambiciosos en las partidas destinadas a las políticas públicas”.
La formación de Pablo Iglesias llega a desdeñar el diálogo social y pide que las propuestas sean aprobadas en el Congreso sin tener en cuenta a los agentes sociales: “Consideramos que el diálogo social es positivo pero no debe operar como lugar en el que se delegue la decisión”.
Entre los puntos “inaceptables” por parte de la confederación de izquierdas se detalla “que se pretenda destinar 400 millones de euros a dependencia, lo que sólo sacaría del ”limbo“ a 37.500 personas de las 300.000 que tienen la ayuda concedida y no la reciben” o “que se planteen cantidades que después se fragmentan en dos o tres ejercicios presupuestarios, como es el caso de las becas universitarias, que quedarían únicamente en 150 millones, respecto a los 700 de nuestra propuesta inicial”.
En el documento se critica la estrategia del Gobierno a la hora de “concretar algunos acuerdos en forma de Proyectos de Ley, a pesar de conocer la situación de bloqueo y boicot al que el Partido Popular y Ciudadanos tiene sometido el Parlamento, lo que en la práctica significa que son acuerdos que no podrán cumplirse”.
Vivienda
En el apartado de Vivienda, se le recrimina al Gobierno que no haya propuesto ninguna medida concreta para “obligar a los grandes propietarios a sacar sus pisos al mercado a un precio accesible” y también se critica que aunque “el PSOE ha votado dos veces a favor de estas propuestas en esta legislatura y han conseguido mayoría suficiente para ser aprobadas en el pleno como Proposición no de Ley” pero, según Unidos Podemos, el Ejecutivo no asume medidas para poner tope a las subidas abusivas del alquiler“.
Por otro lado, Unidos Podemos asegura que “el Gobierno no quiere contemplar contratos largos cuando se trata de persona jurídica” y la formación morada no está dispuesta a aceptar contratos de cinco más tres años de alquiler, sino que se acoja la propuesta del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona de seis más cuatro años con una fianza de 2 meses máximo.
Los responsables de la formación que lidera Pablo Iglesias también se quejan de que la propuesta del Gobierno “no hay absolutamente ninguna cifra que haga referencia al presupuesto para ampliar el parque público de vivienda para alquiler social”.
Respecto a los salarios, Unidos Podemos le pide valentía al PSOE para subir el salario mínimo a 1000 euros en 2019 y un compromiso explícito para acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres.
Para la formación morada es “indispensable avanzar en su derogación poniendo la lupa en sus puntos más lesivos”, donde destaca “recuperar el régimen de ultraactividad indefinida del convenio colectivo a la conclusión de su vigencia”, cuando el Gobierno no admite la ultraactividad indefinida, “solo ampliar algún año más el plazo de vigencia del convenio caducado, pero no garantizan la ultractividad sin límite” y “suprimir el arbitraje obligatorio en materia de descuelgue”, pero admite que “no hay compromiso del Gobierno de eliminar el arbitraje obligatorio”.
La confluencia de izquierdas admite que el PSOE ha aceptado la recuperación del subsidio por desempleo a partir de los 52 años “pero no se comprometen a una reforma legislativa inmediata sino a enmarcar la medida en un Plan de personas desempleadas de larga duración del que se desconoce la fecha de aprobación y el período de vigencia”.
Copago farmacéutico
Unidos Podemos recuerda que “el Gobierno ha rebajado incluso su propuesta inicial y nos propone eliminar el copago para los y las pensionistas de rentas inferiores a 9.000 euros al año de renta” y solo ofrece “introducir a las familias con al menos un hijo/a a cargo por debajo del umbral de la pobreza”. Además, apunta que “no es de recibo que, tras años y años de subida de las tasas universitarias, no se tomara ninguna medida para reducirlas”.
La financiación de una red de escuelas de 0 a 3 años “no puede venir condicionada a que los ayuntamientos tengan superávit y la afronten a través de Inversiones Financieramente Sostenibles”, apunta Unidos Podemos, que exige que debe “consignarse una partida finalista, como mínimo de 300 millones”.
En cuanto al Pacto de Estado de Violencia de Género, Unidos Podemos subraya la necesidad de “una financiacioÌn de 800 millones” frente al Gobierno que “plantea 220 millones” para tener en cuenta soluciones habitacionales, la interseccionalidad o medidas econoÌmicas para las viÌctimas de violencia machista.
Unidos Podemos recuerda que “Pablo Iglesias y Pedro Sánchez acordaron reducir la cuota de los autónomos que menos ganan acercándola a sus ingresos reales” y piden que se baje a cifras concretas “estableciendo dos tramos de reducción de la cuota a los autónomos que ingresen menos que la base mínima de cotización, pero que no se deje ”en el aire a la espera de una reforma integral del sistema de cotizaciones a lo largo de 2019 como figura en el texto que ha remitido“.
Impuesto a las transacciones financieras
A la hora de la implementar el impuesto de transacciones financieras que afecte también a los derivados, Unidos Podemos puntualiza que el Gobierno “incluye algo de lo que no se había hablado antes, y que rebaja su capacidad recaudatoria: se restringe su aplicación a empresas cuya capitalización bursátil sea mayor de 1.000 millones de euros”.
La coalición de izquierdas señala que “debe aplicarse a todas las empresas cotizadas en bolsa, al margen de su capitalización, o al menos a aquellas que tengan una capitalización superior a 200 millones de euros. En Francia sólo se aplica a aquellas empresas con una capitalización mínima de 1.000 millones de euros, pero es que el tamaño medio de las empresas en Francia es notablemente superior”.
También les resulta preocupante la redacción del apartado correspondiente a las SICAV por ser “excesivamente vago e impreciso en lo que se refiere a los requisitos para que no se usen como vehículo de fraude” y piden que en lugar de que “se estudie” como plantea el Gobierno se haga una modificación “del umbral cuantitativo de punibilidad de la defraudación para fijarlo en 50.000 euros”.
A la vez requieren al Ejecutivo de Pedro Sánchez que vuelva “a donde ya estuvo a lo largo de la negociación: una subida del 1% en el impuesto de Patrimonio para personas con más de 10 millones de euros”.
Energía
En este ámbito, Unidos Podemos señala que “no se puede dejar sin partida presupuestaria en el acuerdo, como propone el Gobierno el plan de rehabilitación de viviendas para reducir el gasto energético”, para el que la formación morada ha pedido una dotación de 1.300 millones.
En cuanto al bono social eléctrico, la confluencia de izquierdas le pide al Ejecutivo que sea “financiado por el sector en función de los beneficios de cada agente y no por las administraciones públicas. Asimismo, deberán poder concederlo también las empresas de energía municipales o las cooperativas y PyMEs que cumplan ciertos requisitos de solvencia”.
A la hora de buscar fórmulas para la bajada de la factura de la luz, Unidos Podemos le pide al Gobierno que hay que “ser claros en el acuerdo público respecto de que dicha bajada será producida a cargo de los beneficios ilegítimos del oligopolio eléctrico y no a cargo de las arcas del Estado”. La formación recuerda que han mandado “una serie de modificaciones a su documento en las que se habla explícitamente de los 'beneficios caídos del cielo', la retribución por transporte y distribución o los pagos por capacidad”.
I+D+i y Ciencia
“El Gobierno propone una subida de apenas 150 millones de euros en la partida no financiera de Ciencia e I+D+i con un impacto total presupuestario de 273 millones (ya que también suben las partidas financieras en 123 millones). La cuestión es que la parte financiera de este epígrafe es básicamente dinero de mentira”, explica en su documento Unidos Podemos .
Posteriormente proponen con “un impacto presupuestario muy poco superior (de 379 millones)”, reducir el dinero de mentira en 365 millones, un 6% frente a 2018 y aumentar la partida no financiera en 744 millones. “Esto nos permite aumentar 185 los proyectos de investigación (frente a los 85 millones de la propuesta del Gobierno), 600 contratos predoctorales en vez de 300, 400 contratos postdoctorales en vez de 300 y 186 millones (en vez de 39) para recuperar plantilla en los Organismos Públicos de Investigación (OPIs). Del aumento propuesto de 744 millones aún sobrarían unos 200 millones que el Gobierno podría destinar a otros epígrafes o absorber para no reducir tanto la partida no financiera”.
Puertas giratorias
Unidos Podemos califica “frustrante” la propuesta de creación de un grupo de trabajo, con un objetivo tan vago como el de “avanzar en mejoras del actual régimen de incompatibilidades de miembros del Gobierno, Altos cargos y funcionarios del subgrupo A1”. La formación insiste en que han “trasladado la necesidad de concretar periodos de enfriamiento por niveles y cargos la reforma de la ley 3/2015 de Altos Cargos de la Administración General del Estado.
“Dejar atrás la austeridad”
Entre las medidas que proponen Unidos Podemos bajo el epígrafe “Dejar atrás la austeridad especifican que ”el límite permitido por la regla de gasto“ en los Ayuntamientos llegue a los 3.000 millones de euros frente a los 2.200 millones de euros de la actualidad; eliminar la regla de gasto para los municipios que con estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda, y sean inferiores a 20.000 habitantes; y que el Gobierno garantice una compensación que se incluya como disposición adicional en los presupuestos generales del Estado y con compromiso de pago para compensar el impuesto de plusvalías.
También apuntan a derogar de “urgencia” los reales decretos de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones y de medidas urgentes de racionalizacioÌn del gasto puÌblico en el aÌmbito educativo así como el de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
Finalmente también señalan como medidas necesarias aunque no especifican la posición del Gobierno del Pedro Sánchez como la eliminacioÌn de las deducciones fiscales de los planes de pensiones privados en el IRPF, el destope de la base maÌxima de cotizacioÌn, aproximaÌndola al salario real y la eliminacioÌn de las bonificaciones y reducciones a la cuota de la Seguridad Social a las empresas.