El BOE de hoy recoge el Real Decreto-Ley de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Se trata de una norma de 172 páginas, con rango de ley, que entra en vigor hoy y que incluye aspectos que van desde los registros civiles hasta los depósitos bancarios pasando por el aumento de plazas en el Ejército, actos sobre una exposición de Picasso, becarios, hoteles en los puertos o los precios del gas natural, entre muchas otras cosas.
La vía del Real Decreto-Ley permite al Gobierno aprobar normas con rango de ley sin tener que pasar por las Cortes, lo que suprime -como critican algunos juristas- el proceso democrático de enmiendas, el debate parlamentario, las votaciones y la publicidad de los textos legales. Así, la ciudadanía no sabe qué decisiones se han tomado hasta que, ya en vigor, el texto se publica en el BOE.
La Constitución limita este mecanismo de aprobación de textos legales por la vía rápida para casos de “extraordinaria y urgente necesidad”. En el plazo máximo de un mes, el decreto pasará por el Congreso para ser refrendado.
A continuación resumimos los titulares más importantes para que el lector pueda valorar cuál es la relación entre ellos -y con el título de la norma- y si existían de verdad razones de extraordinaria y urgente necesidad en cada uno de los casos para aprobarlos, sin pasar por el Congreso, vía Real Decreto Ley:
- El Estado pagará casi 164 millones a Gas Natural en cinco años por el gasoducto del Magreb. El texto reconoce la deuda de casi 164 millones con Gas Natural vinculada al gasoducto del Magreb, que se recuperará en cinco años a razón de 32,7 millones al año y que surge del laudo de la Corte de Arbitraje de París, que falló a en contra de la compañía gasista en su pugna con la empresa pública argelina Sonatrach. Estas cantidades aparecen en el apartado que modifica el mercado del gas, que marca que las empresas recibirán los ingresos suficientes para satisfacer el coste de producción y distribución de gas natural, que se irá liquidando de forma progresiva. Si hay déficit, no podrán bajar el precio de la factura. “Mientras existan cantidades pendientes de amortizar de años anteriores, los peajes y cánones no podrán ser revisados a la baja”. Además, crea el Fondo Nacional de Eficiencia Energética y establece las cuotas anuales de ahorro energético que deberán asumir las empresas del sector.
- El Gobierno cede el Registro Civil a los registradores de la propiedad. A partir del 15 de julio de 2014, serán los registradores los responsables de este servicio, hasta ahora a cargo de los jueces. La norma asegura que seguirá siendo gratuito para los ciudadanos, aunque no establece de forma clara la cuantía que cobrarán los registradores por la encomienda. Pese a la importancia de este cambio, queda plasmado en la disposición adicional 20 y siguientes.
- Impuesto a los depósitos bancarios del 0,03%. El Real Decreto-Ley incluye una cuota a los depósitos bancarios, un impuesto que será ingresado a las comunidades autónomas dependiendo de la zona en la que esté radicada la sede de la entidad o la sucursal. El Gobierno ya puso en marcha este impuesto, aunque lo hizo al 0%, para frenar el avance de las tasas que se estaban aprobando en varias comunidades autónomas, para anular su efectividad. Lo que hace ahora es ponerle precio, ese 0,03%.
- Defensa podrá contratar a 200 militares más. El Gobierno ha autorizado la publicación de 200 plazas extraordinarias para oficiales y suboficiales de nuevo ingreso en 2014. Aunque la contratación de empleados públicos está congelada con carácter general, existen algunas materias en las que se permite una tasa de reposición del 10%, como es el caso del Ejército. La autorización extraordinaria aprobada hoy se suma a ese 10%. Así, en total, en 2014 se convocarán 400 plazas de nuevo ingreso.
- Bonificaciones en la cuota de la Seguridad Social para contratos a jóvenes (y más trabajo y menos formación en el contrato dual). Como se anunció en el Consejo de Ministros, el Gobierno ha creado el registro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, al que podrán inscribirse los desempleados durante más de un mes de entre 16 y 25 años (hasta 30 en el caso de discapacidad mayor del 33%). El registro es telemático -excepto en casos excepcionales- y los requisitos incluyen tener nacionalidad española o permiso de residencia y no haber recibido formación de más de 40 horas en el último mes. Las empresas que contraten a los participantes de forma indefinida o con un contrato fijo discontinuo podrán recibir una bonificación mensual en su cuota de la Seguridad Social de 300 euros durante seis meses y hasta el 30 de junio de 2016. Para acceder a las bonificaciones, los empresarios deben mantener el nivel de empleo (general e indefinido) consolidado con la nueva contratación, pero no se tendrán en cuenta ceses por causas objetivas. Lo que no explicó ayer el Gobierno es que la creación de este registro para jóvenes en paro va a estar, a partir de ahora, vinculado a los incentivos a los contratos duales, de formación y empleo, creados en julio de 2013. Además, el Real Decreto-Ley amplía el tiempo de trabajo de esos empleados, que puede llegar al 75% (hasta ahora se dividía a la mitad entre el tiempo de formación y el de trabajo).
- El cine de pueblo no puede ser de estreno. El Gobierno regula el registro de empresas cinematográficas y audiovisuales, al que se sumarán de oficio las compañías que pidan ayudas, por ejemplo. En las referencias del Consejo de Ministros se explica que se trata de una medida para simplificar los procesos, pero no se adelante otra medida incluida en este paquete y que poco tiene que ver con esos fines: prohíbe proyectar películas con menos de un año de antigüedad desde su estreno en salas de cines de administraciones públicas (por ejemplo, ayuntamientos) con entradas a precios gratuitos o simbólicos. A menos, eso sí, que los distribuidores den permiso porque consideren que no perjudica a su actividad comercial.
- Todo listo para la privatización de Aena. La norma incluye diversas medidas para aplanar el camino a la privatización parcial de Aena, empezando por el nombre. Aena Aeropuertos pasa a ser la sociedad mercantil Aena, S.A., cuyo 49% se privatizará. La hasta ahora entidad pública Aena pasa a denominarse ENAIRE y será la encargada de supervisar la gestión de los aeropuertos y ejercer de intermediario entre el Gobierno y la nueva Aena. El DORA (Documento de Regulación Aeroportuaria) regulará estas relaciones, el nivel de servicio y las tasas, que se congelan hasta 2025. Entre las condiciones de funcionamiento, destaca que la sociedad mercantil no podrá cerrar aeropuertos de interés general (42, en la actualidad) de un valor de más de 20 millones de euros sin autorización expresa del Gobierno. Además, establece los mecanismos para compensar a la entidad en caso de que no se alcance un mínimo de pasajeros estimado. En paralelo, deja claro que será el Gobierno quien establezca los servicios mínimos en caso de huelga.
- Imposición de tasas máximas por cobro con tarjeta. Lo que pagan los establecimientos por cada transacción con tarjeta de crédito o débito ya tiene límite. En las de débito, la tasa de intercambio no podrá superar el 0,2% (con un máximo de siete céntimos) y, si la transacción es menor de 20 euros, no podrá superar el 0,1%. En las de crédito estas cantidades son del 0,3% y el 0,2%, respectivamente. Las entidades no podrán pasar ese cargo al cliente y deberán informar al Banco de España de esas tarifas, que se publicarán en la web.
- Bonificación total de la cuota de los becarios y otros impuestos. Empleo bonificará a las empresas el 100% de la cuota de la Seguridad Social de los estudiantes en prácticas a partir del 1 de agosto. Además, los autónomos con rendimientos netos inferiores a 15.000 euros pagarán un IRPF del 15%. En paralelo, marca el establecimiento de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) como agencias de colocación y formación.
- Llega la regulación de los drones. Los aviones no tripulados civiles deberán tener matrícula que les identifique. Además, aquellos de más de 25 kilogramos deberán inscribirse en el registro de matrícula de aeronaves. Sólo podrán utilizarse de día, en condiciones meteorológicas favorables y, en algunos casos, alejados de zonas urbanas. La norma establece su uso, más allá de los fines militares, en trabajos “técnicos o científicos”.
- La norma abre la puerta a instalar hoteles y restaurantes en puertos del patrimonio histórico. Hasta ahora, la prohibición de construir instalaciones hoteleras en puertos en desuso que formaran parte del patrimonio histórico se podía levantar, previa concesión, para los faros. La norma amplía esos permisos al resto de instalaciones portuarias y el tiempo de concesión pasa a ser de un máximo de 50 años.
- Un espaldarazo al turismo, a cualquier hora y en cualquier sitio. El Gobierno establece que, a partir de ahora, los municipios con más de 100.000 habitantes y más de 600.000 pernoctaciones anuales (o más de 400.000 pasajeros de cruceros) al año deberán establecer zonas turísticas con libertad de horarios comerciales. Si no lo hacen, todo el municipio será declarado como tal. Se estrenan en esta lista Gijón, A Coruña, Oviedo, Jerez de la Frontera, Almería, Donostia, Santander, Salamanca, Marbella y León. Además, a partir de ahora la apertura, traslado o ampliación de establecimientos comerciales no necesita autorización, sólo un certificado en el caso de que puedan producirse daños medioambientales o al patrimonio. Ya no se tendrán que argumentar razones económicas (demanda, competencia en la zona…).
- El ICO concede un préstamo de 115 millones al Ayuntamiento de Lorca. De esos, 103 están destinados a pagar las ayudas que concede el consistorio tras el terremoto de 2011 y el resto al proceso de reconstrucción. Además, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) avalará a empresas que pidan préstamos a organizaciones multilaterales e instituciones financieras internacional para su internacionalización por un máximo de 1.200 millones y durante un año.
- Tienes derecho a que te traigan el butano a casa y van a conmemorar a Picasso. Entre las medidas de esta mezcla encontramos la obligatoriedad de las empresas con mayor cuota de mercado a enviar a casa el gas envasado. En península y Baleares es Repsol; en Canarias, Disa Gas. Y en Ceuta y Melilla, Atlas. Y, por cierto, la celebración de los 120 años de la Primera Exposición de Picasso en A Coruña ha sido declarado acontecimiento de excepcional interés público. Un poco de todo.
Esta no es la primera vez el Gobierno utiliza el Real Decreto-ley para esquivar el trámite parlamentario ni que agrupa medidas de muy diferentes ámbitos en una misma norma (aquí, otro ejemplo reseñable). De hecho, como recuerdan en uno de los comentarios en Menéame de esta noticia, en 2007 el Tribunal Constitucional tumbó el Real Decreto Ley de la reforma laboral del 2002 porque consideraba que no se habían justificado las razones de urgencia.
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