Algunas medidas del Plan de respuesta al impacto de la invasión de Ucrania en la actividad económica han levantado intensos debates sobre su idoneidad en un contexto de inflación récord, fuerte pérdida de poder adquisitivo de las familias y estrecho margen fiscal para las cuentas del Estado. Las cuentas públicas soportan un sobreendeudamiento cercano al 120% respecto PIB (producto interior bruto) y un déficit (diferencia entre ingresos y gastos públicos) que amenaza con cronificarse en el 5% a medio plazo, tras el 10% que llegó a alcanzar en 2020 por la pandemia.
Una decena de economistas valoran para elDiario.es los cinco principales pilares de este heterogéneo paquete paliativo que el Gobierno aprobó a finales de marzo. Un ejercicio de reflexión crucial si se tiene en cuenta que este plan de choque, de 6.000 millones de euros (más 10.000 millones en vías de financiación para las empresas), podría ser prorrogado, adaptado o ampliado por el Ejecutivo a partir de junio (su límite actual), según transcurra la guerra.
Y, sobre todo, porque distintas firmas de inversión le arrogan ya un alivio de cerca de un punto porcentual para la inflación en el conjunto del año, que el centro de análisis Funcas ve en el 6,8% de media, el Banco de España en el 7,5% y la Autoridad independiente de responsabilidad fiscal (AIReF) en el 6,2%. Eso, sin incluir el tope a la generación de electricidad con gas para bajar la factura de luz, que está pendiente de la aprobación de la Comisión Europea. Aunque esas proyecciones tampoco tienen en cuenta un temido corte de suministro energético desde Rusia.
Las medidas tienen también un papel crucial en limitar el frenazo que sufrirá el crecimiento y en proteger las rentas de los trabajadores. Asumiendo, como lo hacen la gran mayoría de estudios, que las subidas de precios de electricidad, carburantes o alimentación, los productos más tensionados en esta crisis, afectan en mayor medida a los hogares más pobres, para los que más pesan proporcionalmente sobre su gasto total.
En definitiva, en un proceso de encarecimiento de estos o del resto de bienes y servicios por traslado a los costes de producción y de transporte, es fácil aplazar la decisión de disfrutar de un crucero, pero no se puede prescindir de comprar pan o de poner la calefacción.
Así, en un extremo, las valoraciones de los expertos apuntan a que el descuento de 20 céntimos a los combustibles es una medida “regresiva”, es decir, que no redistribuye la riqueza, o en este caso que no reparte adecuadamente el golpe de la invasión de Rusia en los mercados internacionales de petróleo, que ha disparado la gasolina o el gasóleo (hasta un 40% en marzo respecto al mismo mes de 2021).
La propia vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, reconocía en una reciente entrevista con elDiario.es el carácter poco redistributivo de esta medida, que atribuyó a la necesidad de actuar con rapidez para abaratar los carburantes: “Se ha optado por disparar de esta forma tan amplia a sabiendas de que puede tener un componente regresivo, en la medida en que consume más quien más capacidad de compra tiene”, decía.
Por otra parte, los economistas consultados señalan, de media, que el aumento del Ingreso Mínimo Vital (IMV) junto a la ampliación del bono social eléctrico son las medidas más progresivas, y ayudan a quien más lo necesita.
“En este ambiente de incertidumbre y teniendo en cuenta nuestros compromisos con Europa, la valoración del Plan de choque del Gobierno es, en general, positiva. Si esta situación dura, habrá que ver qué iniciativas se toman”, arranca Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE).
Descuento a los carburantes
Albert Recio, profesor de economía aplicada de la UAB y miembro del consejo científico de Attac, cree que esta subvención indiscriminada “es una medida claramente regresiva”, tanto en términos ambientales como sociales, “ya que hay un mayor uso del coche por la gente con más ingresos” y “da una mala señal sobre lo que puede pasar en el futuro de petróleo caro”.
“Para todos no tiene mucho sentido si queremos redistribuir, además no fomenta un menor uso”, coincide Laura Maravall, investigadora de la UAH. “Hay datos y estudios que apoyan estas posturas”, comenta Víctor Gómez, investigador en la UCM y UC3M. Según un informe de Esade, el 73% de los hogares más pobres no consumen carburantes. En los ricos, esta proporción es el 20%.
“Las rentas medias y altas consumen más carburantes, y el peso de los carburantes en el gasto de las rentas más bajas es más bajo, aunque no mucho más bajo”, matiza María Jesús Fernández, economista senior de Funcas.
“En lo único que creo que puede redistribuir es respecto a gente con pocos ingresos en el ámbito rural, donde el transporte público es muy escaso y el uso del coche privado está más extendido”, opina Alfredo del Río Casasola, profesor de Economía Mundial de la Universidad Complutense. De hecho, esta era otra de las razones que apuntaba Teresa Ribera para activar esta medida: “No solo va dirigido a los grupos más vulnerables. También debía penetrar en las clases medias. Y podía tener efectos regresivos trabajar en función de rentas sin considerar que las zonas rurales tienen menos transporte público que las urbanas”.
“En todo caso es una medida populista que se puede entender por la difusión de la cultura del coche, y quizá en reacción a la insidiosa campaña del PP”, remata por su parte Albert Recio, de Attac.
Límite del 2% a la actualización de los alquileres
El límite del 2% a los alquileres es una medida “histórica”, por inédita, que al Estado le sale gratis. Permite que los inquilinos esquiven subidas disparatadas de las rentas si sus contratos están ligados al Índice de Precios al Consumo (IPC), que en marzo aceleró un 9,8%, un récord desde 1985.
Es “progresiva porque los hogares con menor renta son los que habitualmente viven de alquiler”, incide María Romero, socia directora del área de Economía de Afi. Aunque, observa, “entre las nuevas generaciones comienza a observarse un cambio de patrón, cada vez hay más hogares en alquiler que no necesariamente tienen poca capacidad adquisitiva”.
“No creo que se pueda valorar en esos términos de progresiva o regresiva porque hay muchas situaciones diferentes. Además, algunos inquilinos se van a beneficiar y otros no, según cuándo les haya vencido el contrato, o según su casero sea un gran tenedor o no, lo que parece un poco arbitrario”, analiza María Jesús Fernández, de Funcas.
Alfredo del Río sí ve un argumento progresivo: “Limita ingresos de la gente con más recursos (los propietarios de los pisos y las casas)”.
Rebaja de la electricidad con el tope al gas
La rebaja de la electricidad con el tope al gas de la denominada como “excepción ibérica” no es una medida del plan de choque. Es una propuesta de España y Portugal que ambos países arrancaron en el Consejo Europeo del pasado marzo apelando a su escasa interconexión con Francia y que depende de lo que “la Comisión Europea deje hacer”, recuerda Albert Recio, de Attac.
Este límite al precio del gas, a 30 euros por MWh hasta diciembre, tendría “un impacto muy significativo y automático sobre el IPC” y la actual escalada de los precios, según Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de la UCM y subdirector de Fedea.
“Esta es, en nuestra opinión, la medida más efectiva de todas las propuestas para contener la inflación general”, insiste María Romero, de AFI. “Son las rentas más bajas las que destinan un mayor porcentaje de su gasto a electricidad”, añade la economista de Funcas.
“Está pensado para rebajar los costes de las empresas, sobre todo de las más intensivas en energía”, aporta Alfredo del Río, quien destaca que respecto a la electricidad “son más progresivos los bonos sociales”.
Aumento del IMV
Junto a la extensión de esos descuentos en la factura eléctrica, la ampliación del IMV es la decisión más progresiva de todas las medidas del Plan de choque del Gobierno. “Beneficia a quienes menos ingresos tienen”, continúa el profesor de la UCM. “Aquí el problema puede ser de gestión para que no se queden fueran familias o trabajadores vulnerables que lo merecen”, advierte Albert Recio.
Ayudas directas al sector del transporte o la industria
Por último, el Ejecutivo incluyó paquetes de ayudas directas a los sectores más afectados por las subidas de los precios energéticos y de las materias primas (industria, agricultura, pesca, ganadería y transporte), a lo que habría que añadir, en general, vías de financiación por 10.000 millones a través de los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
“Su finalidad no es amortiguar el impacto sobre las familias, sino sostener determinadas actividades económicas. La supervivencia de las empresas beneficiarias es la supervivencia de sus puestos de trabajo”, explica María Jesús Fernández.
“Desde el punto de vista social, esta medida puede afectar a los trabajadores de estos sectores, cuyos salarios están en torno a la media o por encima de la misma, son subvenciones que sirven para mitigar los incrementos de los costes y, por lo tanto, contener espirales de precios y salarios”.
“El simple mantenimiento del empleo, si no es con subidas salariales por encima del crecimiento del beneficio empresarial, no lo veo progresivo”, lamenta Alfredo del Río.
En este debate subyace el reto que afrontan actualmente los trabajadores para no sufrir una gran pérdida de poder adquisitivo por el impacto de la inflación. Desde el Gobierno y desde el Banco de España se viene reclamando un pacto de rentas que reparta el daño con las empresas, y que se base en acuerdos de subidas salariales plurianuales para recuperar la capacidad de compra progresivamente.