Cuenta atrás para la caducidad de la llamada “cláusula de salvaguarda” de las pensiones. Se trata de una garantía que aprobó en 2011 el Gobierno de Zapatero dirigida a personas desempleadas de larga duración y avanzada edad, que les permite jubilarse de manera más ventajosa. Rajoy impuso un límite a esta cláusula, el 1 de enero de 2019, que en el último momento el Ejecutivo de Pedro Sánchez prorrogó doce meses a la espera de estudiar el tema. Ha pasado el plazo sin que el Gobierno haya modificado la legislación, por lo que los afectados por la nueva fecha límite afrontan la recta final de año sumidos en la “incertidumbre” y con la esperanza de una solución de última hora, explican a eldiario.es.
Fuentes del Ministerio de Trabajo responden a este medio que “el Gobierno está estudiando la posibilidad de incluir una prórroga en el último Consejo de Ministros”. Al igual que el año pasado, se contempla aprobar una prórroga de un año más y requeriría la fórmula del real decreto-ley, pero la decisión no está aún cerrada, aseguran estas fuentes oficiales.
“Necesitamos una solución urgente. Pasar así otras navidades, con el turrón y pensando en qué pasa en el último Consejo de Ministros... Creo que esto no se lo merece nadie”, critica Pilar, economista empleada durante muchos años en Telefónica que salió de la compañía en el ERE de 2011 que afectó a unos 6.000 trabajadores. La mujer de 62 años, desempleada desde entonces, explica que en su caso la eliminación de la cláusula le supone una pérdida en la pensión de jubilación prevista de “3.400 euros al año”.
A una semana de que concluya esta garantía, CCOO ha exigido al Ejecutivo de nuevo en un comunicado que “cumpla con el compromiso adquirido por el Gobierno del PSOE en 2011” y evite la caducidad de la cláusula en el último Consejo de Ministros a través de un real decreto-ley. “Me consta que hay gente del Gobierno que dice que sí se puede hacer algo y otra gente que dice que no. Nosotros vamos a luchar hasta el último día”, explica Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO.
En UGT sostienen que el Gobierno no les ha informado de que vaya a eliminar esta caducidad por lo que, dadas las fechas y el hecho de tener un Ejecutivo en funciones, ven complicado que se apruebe una medida en esta semana. “Ya advertimos cuando se aprobó solo la prórroga de un año que no lo entendíamos, que se debería haber eliminado la caducidad del todo. Ahora el panorama es más difícil”, lamenta Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social del sindicato.
En qué consiste la cláusula de salvaguarda
La cláusula en cuestión fue una salvedad que incluyó el Gobierno de Zapatero a su reforma de pensiones de 2011, que suponía un endurecimiento de las condiciones y el acceso a la jubilación. Por ejemplo la edad ordinaria para jubilarse pasó de los 65 a los 67 años de manera paulatina, se ampliaron los años de cotización para acceder al 100% de la pensión y se restringió el acceso al retiro anticipado.
Así, la “cláusula de salvaguarda” permitía que las personas que habían perdido su empleo antes de la aprobación de la reforma (agosto de 2011) y aquellas que afectadas por ERE o acuerdos de salida ya pactados en esa fecha se pudieran jubilar según la legislación de pensiones anterior, más ventajosa. Eso siempre que los desempleados estuvieran en paro hasta llegar a la jubilación.
Esta posibilidad concluye el próximo 1 de enero, lo que deja en la estacada a “miles de personas”, según los sindicatos, en un número difícil de determinar, ya que el Ejecutivo no ha facilitado cifras al respecto. Personas como Pilar y como Javier (nombre ficticio), ingeniero de 61 años que también salió en el ERE de Telefónica de 2011. En su caso, la salvaguarda le permitiría jubilarse casi con la pensión máxima y sin ella las pérdidas superan los “200 euros al mes” en el momento en el que pretendía jubilarse, al cumplir los 63 años.
Pero también como Esteban (nombre ficticio), ingeniero de 60 años y desempleado de muy larga duración desde que la empresa para la que trabajaba quebró en plena crisis. El hombre se ha pagado todos estos años de su bolsillo el convenio especial con la Seguridad Social, como le recomendó la Administración, para que sus cotizaciones no se desplomaran al final de su carrera y no quedara afectada su futura jubilación. La merma en su pensión sin la cláusula de salvaguarda, “un derecho adquirido” con el que contaba, es de “1.100 euros al mes”, calcula Esteban.
Un recorte de la era Rajoy
En un inicio la cláusula de salvaguarda no tenía ninguna caducidad, pero Rajoy la modificó durante su mandato. Por un lado, amplió el colectivo de personas que podían acogerse a ella a los desempleados y afectados por ERE firmados antes del 1 de abril de 2013. Por otro, estableció un límite temporal para beneficiarse de ella, el 1 de enero de 2019, por lo que solo podían acceder a esta posibilidad los trabajadores que se jubilaran antes de esa fecha.
El Ejecutivo de Sánchez aprobó en el último Consejo de Ministros de 2018 una prórroga por un año y, de nuevo, se acerca el plazo límite para los afectados sin respuestas sobre qué pretende hacer el Gobierno. Pilar explica que seguirá en vilo el próximo viernes, 27 de diciembre, el Consejo de Ministros con la esperanza de que se vuelva a incluir un aplazamiento. “Y, si no es así, iré al lunes 30 a una oficina de la Seguridad Social a pedir la jubilación, a ver si me atienden porque no dan cita”, sostiene.
Carlos Bravo recuerda que el PSOE estaba en contra de este recorte del Gobierno de Rajoy y espera que el Ejecutivo socialista tome las medidas oportunas para eliminarlo. Lo más deseable, apunta, sería anular la caducidad antes del 1 de enero, pero en su opinión también podría aprobarse más adelante de manera retroactiva. “Aunque ya no podría beneficiar a las personas que, con esta incertidumbre, hayan decidido jubilarse”, añade Brazo. Sería el caso de Pilar: “Si lo aprobaran después y hubiera decidido jubilarme, me tiraría de los pelos. No es normal que estemos así”.