El Banco de España, antaño supervisor bancario y autoridad monetaria —hoy esos trabajos están cedidos en mayor o menor medida a organismos europeos como el BCE o la EBA—, se mantiene como una figura fundamental en el análisis de la economía española, llegando a trazar algunas recomendaciones o líneas estratégicas para las decisiones del Gobierno. Algunas de ellas se convierten en advertencias y enmiendas a la actuación del Ejecutivo, alertando de los posibles efectos de sus decisiones como, por ejemplo, el potencial aumento de la economía sumergida. Mensajes de control y prudencia que se contraponen con la incierta responsabilidad del organismo sobre la supervisión de las actividades privadas de inspectores y altos cargos. El Banco de España y la Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, discrepan sobre quién es competente para controlar la academia en la sombra que tres inspectores del Banco de España han montado para la formación de opositores, según ha desvelado elDiario.es.
Los gobernadores del Banco de España han sido siempre voces autorizadas y escuchadas por muchos sectores de la economía. Pablo Hernández de Cos, un perfil técnico de larga trayectoria en el organismo que llegó al cargo en 2018, no ha sido ajeno a este rol de los responsables del supervisor bancario. Uno de los mensajes que se han recuperado estos días a raíz de la publicación del funcionamiento de la 'academia en la sombra' de algunos inspectores fue la advertencia que realizó Hernández de Cos el pasado año, tras la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV). El gobernador defendió que esta medida podía ser útil para reducir el nivel de pobreza, pero advertía que era necesario “vigilar estrechamente” algunos “efectos indeseados” que podía traer el IMV, entre los que apuntó un posible desplazamiento de determinadas actividades hacia la economía sumergida.
Esta vigilancia estrecha que recomendaba Hernández de Cos para la aplicación y el desarrollo del IMV se contrapone con una cierta falta de control que existe sobre la actividad privada del personal del Banco de España. Una vez que estos profesionales reciben la compatibilidad para desarrollar una actividad externa a la suya en el organismo no está claro si es el supervisor o la Oficina de Conflicto de Intereses el responsable de actuar ante las posibles actividades irregulares. Ambas instituciones se han pasado la pelota sin aclarar quién debe ejercer ese control.
El IMV y su aviso sobre la economía sumergida no ha sido la única advertencia que han lanzado Hernández de Cos y el organismo al Gobierno. Sus opiniones y recetas económicas les han llevado a chocar con el criterio del Gobierno del PSOE, y posteriormente con el de coalición, en asuntos como la revalorización de las pensiones, la mochila austriaca, la reforma laboral o la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), por señalar algunas de las más destacadas.
Este último punto ha sido uno de los principales puntos de fricción entre el Banco de España y el Gobierno, concretamente con el Ministerio de Trabajo. Han sido recurrentes desde 2018 las sucesivas advertencias por parte del Banco de España al respecto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El punto álgido de esta crítica se ha producido este año, cuando un informe del organismo llegó a cifrar en al menos 94.000 los puestos de trabajo que se redujeron por la subida del SMI a 900 euros en 2019.
El Banco de España abogó por controlar las subidas ante la “heterogénea” recuperación económica y abogó por “una cierta prudencia”, ya que esta medida “puede tener algunos efectos secundarios”. Realizó estas declaraciones Hernández de Cos justo después de acordarse la subida de 950 a 965 euros. En concreto, alertó de que de que la recuperación es “más lenta” en el sector servicios que en otros y entre las pymes, donde “la incidencia del SMI es particularmente elevada”. “Sabemos que incrementos moderados en el SMI generan efectos negativos moderados en el empleo, pero que pueden ser más elevados en colectivos de baja productividad, jóvenes o mayores de 45 años”, aseguró el gobernador. El organismo ha alertado de que una subida del SMI podría conducir a los jóvenes en determinados sectores a la economía sumergida.
Esta misma semana el gobernador del Banco de España ha protagonizado en el Congreso de los Diputados una sesión en la que ha marcado claras diferencias con la gestión económica del Gobierno y ha vuelto a reclamar medidas de control sobre determinados gastos públicos. En su valoración sobre los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Ejecutivo, Hernández de Cos, además de rebajar las previsiones de crecimiento como han hecho otros organismos, criticó la revalorización de las pensiones conforme al IPC, así como la intención del Gobierno, no sin un fuerte debate interno, de realizar una nueva reforma laboral.
Respecto al primero de los puntos, el gobernador del Banco de España aseguró que vincular partidas de gasto como las pensiones a la evolución de los precios terminaría “alimentando adicionalmente el actual proceso inflacionista”. “Sigue siendo necesaria una revisión del sistema público de pensiones que garantice su sostenibilidad”, añadió. No era la primera vez que este mismo año y en el contexto del debate sobre la reforma de las pensiones, el gobernador planteaba su posición respecto al control del gasto y los cambios necesarios, planteando por ejemplo adecuar la edad de jubilación a la esperanza de vida.
En lo que se refiere a la reforma laboral, Hernández de Cos planteó en aquella misma cita en el Congreso que el Gobierno debería mantener los conocidos como mecanismos de descuelgue y la prevalencia del convenio de empresa frente al sectorial en la normativa laboral, dos de los aspectos que los sindicatos han pedido que sean eliminados. Valoró “positivamente” la reforma que hizo el Partido Popular en 2012, aunque reconoció que no resolvió algunos de los problemas del mercado laboral. Estas declaraciones llegaban en pleno desencuentro entre la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sobre la negociación con los agentes sociales.
Es habitual que el representante del Banco de España, en su valoración de los presupuestos en el Congreso, plantee algunas de sus opiniones sobre las reformas necesarias. Ya el pasado año Hernández de Cos apuntó que la llegada de los fondos europeos era una buena oportunidad para cubrir con ellos una parte del coste de la implantación de la conocida como mochila austriaca, una medida que ha sido ampliamente criticada por Unidas Podemos y que no formó parte del paquete de reformas con las que se comprometió el Gobierno para recibir esas ayudas comunitarias. En aquella cita también se desmarcó de la subida salarial de los funcionarios, de las pensiones o de algunos impuestos que se incluyeron en la ley de Presupuestos Generales del Estado.
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