Sorcha Edwards es secretaria general de la organización Housing Europe. Establecida en 1988, y con sede en Bruselas, es una red de 45 federaciones nacionales y regionales que reúne a promotores de vivienda públicos, sociales y cooperativas en 24 países. En España tienen como socio a la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo. La vivienda social representa el 11% del parque europeo, más de 26 millones de casas. En España, según los datos de la asociación, el porcentaje es del 2,5%, una de las tasas más bajas de la Unión Europea.
Edwards participa este fin de semana en Barcelona en el ciclo de debates “Del barrio a Europa”, organizado por Barcelona en Comú. En esta ciudad, según datos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el porcentaje de vivienda pública no llega al 1,5 % del total. En Madrid se acerca más al 1%.
Este mismo viernes, Ada Colau ha reclamado las competencias sobre vivienda que en España recaen principalmente sobre las comunidades autónomas y el Estado: “por cada cien euros que gasta este ayuntamiento en política de vivienda, la Generalitat gasta 23 y el Estado 10”, ha dicho. La alcaldesa se ha comprometido a que de aquí a que acabe su mandato habrá 4.400 nuevas viviendas sociales en Barcelona. Según explican fuentes del consistorio, el Instituto Municipal de Vivienda de Barcelona gestiona 7.267 pisos de alquiler. Si se suman las viviendas de alquiler asequible de fundaciones y organizaciones sociales, hay 11.000 pisos de alquiler asequible. En cuanto a Madrid, los datos provienen de la Comunidad. Según aseguran, en toda la región hay 23.000 viviendas de alquiler social.
Para Housing Europe, la crisis económica podría haber supuesto un punto de inflexión para que los gobiernos invirtieran en vivienda asequible y social. Sin embargo, constatan que ha habido “poco cambio” en política de vivienda. Y los que ha habido como la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013, en España, pueden haber servido para azuzar la subida de precios del alquiler, con contratos de tres años y mayor indefensión para el inquilino, según denuncian sus críticos.
Según el informe de vivienda de 2017 de la organización que lidera Edwards sobre las tendencias de la vivienda en Europa, la recuperación económica ha significado también la subida generalizada de precios de los inmuebles, creciendo de manera más acelerada que los ingresos en la mayoría de los países europeos. En el caso español, los salarios subieron el año pasado un 1,41% según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social sobre alzas pactadas en convenio, los precios inmobiliarios un 4,2% en venta y un 18,4% en alquiler.
La vivienda es el principal gasto de los europeos, lo que ha llevado a incrementar los niveles de personas sin hogar. De hecho, los europeos en riesgo de pobreza han pasado de un 35,9% antes de la crisis a 39,3% en la actualidad. En el caso de España, Housing Europe recuerda la “fuerte tendencia” de los españoles a la propiedad, fomentada tanto por el mercado como por las políticas públicas. Pero la crisis económica ha aumentado el porcentaje de personas que viven de alquiler (sobre todo jóvenes) y que ahora alcanza el 15,4% del total, solo un 2,5% del mismo social.
El próximo Plan de Vivienda del Gobierno español incluye la concesión de ayudas públicas directas al alquiler y a la compra para determinados colectivos. Según algunos expertos esto se puede traducir en subidas de los precios, ¿qué opinión tiene al respecto?
Las ayudas directas para la compra o el alquiler son por supuesto una buena idea, pero en el contexto de un déficit de vivienda asequible y sin regulación puede acabar suponiendo un incremento de los precios. No debería verse como un sustituto de la provisión activa de viviendas asequibles.
Por ejemplo, en Reino Unido se ha reducido el presupuesto en vivienda social, pero al final el Gobierno ha terminado pagando lo mismo a través de subvenciones para vivienda. La inmensa mayoría de estas ayudas va a personas que alquilan en el sector privado y hay un problema con la asequibilidad, la falta de seguridad en la titularidad y la ausencia de controles de calidad.
¿Tiene la sensación de que hay cada vez más inversores y fondos buitre que influencian el mercado de la vivienda? Me refiero también al alquiler vacacional y el alquiler de Airbnb
Uno de los problemas con Airbnb es que se muestra como un medio para que individuos o familias utilicen su casa cuando no están en ella o cuando tienen una habitación extra. Esto está bien. Pero en realidad, si grandes inversores acaban utilizando el alquiler vacacional para eludir leyes o impuestos, eso está lejos de la economía colaborativa.
El problema no es solo el alquiler a corto plazo. Por ejemplo, si un gobierno decide vender parte de su stock de vivienda a inversores privados, deberían garantizar los derechos de los residentes, al menos a medio plazo. Es interesante que en algunas partes de Europa se están viendo ejemplos de remunicipalización, por ejemplo en Berlín.
¿Qué hacen las ciudades que mejor manejan el problema de la vivienda en Europa? ¿Puede mencionar algunos ejemplos?
Las ciudades que mejor regulan el mercado de vivienda son aquellas que disponen de vivienda social en grandes cantidades (por ejemplo Viena) y/o utilizan instrumentos de planificación para incrementar la cantidad de vivienda asequible privada y de organizaciones no gubernamentales (hay una obligación de un 30% de vivienda social en París ahora). Además, es clave no vender suelo público sin que sean obligatorias una serie de cuestiones, o incluso ejercer el derecho de ser el primer comprador cuando hay suelo disponible (como a menudo ocurre en Finlandia).
España es uno de los países con menor porcentaje de vivienda social (2,5% en su estudio). El Gobierno central ni siquiera sabe cuánta vivienda protegida hay en el país (alegan que las competencias son regionales). ¿Esto es parte del problema de la vivienda en España?
Lo que puedo decir es que es un porcentaje muy bajo en comparación con el resto de Europa, y que definitivamente es necesario agrandar esta oferta y que las compañías públicas puedan jugar un gran papel aquí. En cuanto al hecho de que sea una competencia autonómica: tiene sentido que los gobiernos regionales y locales estén mejor situados para lidiar con este tema, porque conocen mejor las necesidades. Pero el Gobierno aprueba planes de vivienda que establecen el marco para las autonomías, y desde luego deberían contar con más conocimiento e información. Quizá podrían organizarse observatorios regionales con una “ligera” coordinación nacional.