Una violación u otra agresión sexual interrumpe la vida de la víctima. Volver a la rutina, al trabajo cada día si lo tiene, debería ser un proceso en el que la persona agredida –la gran mayoría de las veces una mujer– tuviera acceso a “un acompañamiento social y psicológico si lo necesita tras esa vulneración de derechos”, defiende la experta en violencia sexual Bárbara Tardón, “pero esos recursos no existen”. Las secuelas, aunque varían mucho según las víctimas y las situaciones de abuso que han hecho frente, son muy frecuentes. Según la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), una de cada tres víctimas de violencia sexual sufre un trastorno de estrés postraumático severo o grave.
Una mujer ha conseguido recientemente, gracias a los tribunales, el reconocimiento de una incapacidad permanente absoluta debido a un estrés postraumático crónico que le ocasionó una violación que sufrió hace 20 años. La incapacidad le permite recibir una pensión dado que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León considera que las secuelas psíquicas impiden a la afectada trabajar. La mujer seguía afrontando cuadros de terror y ansiedad ante situaciones como “una llamada al timbre o encontrarse a una persona en la escalera”, recoge la sentencia, que ha adelantado la Cadena Ser.
Carlos San Martín, doctor en Medicina y sexólogo que coordina el grupo de trabajo de Sexología de Sermergen, precisa a eldiario.es que “generalizar es peligroso” y advierte de que hay mucha variedad en las secuelas que experimenta cada víctima. Aun así, las cifras que maneja la organización de médicos de familia apuntan que una de cada tres personas agredidas sexualmente acaba padeciendo este trastorno “con cierta severidad y gravedad, mientras que el otro 60% afronta secuelas que se solucionan más a corto plazo, que en estos casos hablamos de que puede llegar a varios meses o incluso a años”.
El estrés postraumático, explica el doctor San Martín, se caracteriza principalmente por “ansiedad muy acusada y mantenida, miedo a que vuelva a ocurrir el episodio de violencia y reexperimentación de la situación traumática”. Aunque cada víctima puede experimentar diferentes sintomatologías, precisa, con casos en los que hay “síntomas periféricos”, como trastornos del sueño, de la alimentación y diferentes psicopatías. “Puede ser extraordinariamente limitante para la vida personal, social y laboral”, sostiene el especialista.
Hacer “como si no pasara nada”
Aunque cada persona agredida pueda tener una asimilación diferente de lo sucedido, “las secuelas son tan graves como para que eso condicione toda tu vida, también tus relaciones laborales”, explica Bárbara Tardón, doctora de Estudios Interdisciplinaries de Género e investigadora de Amnistía Internacional.
Y ante ese escenario, apunta la investigadora, los servicios públicos, las empresas y otros centros de trabajo deberían estar preparados para proteger a las víctimas. En 2017 se registraron 8.716 denuncias por abuso y agresión sexual en España. Casi 24 al día, la inmensa mayoría de mujeres, y solo son la punta del iceberg de las agresiones según las expertas en este tipo de violencia. “Pero no hay recursos para ello, por ejemplo en España no hay centros de emergencia para víctimas de violación”, sostiene Tardón. Las empresas tampoco cuentan con una figura independiente de referencia a la que puedan acudir las víctimas y que les ayude a recuperar la “normalidad”.
En muchas ocasiones, los compañeros y compañeras de trabajo nunca saben de la agresión que ha sufrido la víctima. “Hay muchas formas de reaccionar y una de ellas es hacer 'como si no pasa nada', volver al día, a la hora de antes de la agresión”, explica Sagra Pérez, coordinadora de Adavas (Asociación de ayuda a víctimas de agresiones sexuales y violencia doméstica) en León.
El temor de las víctimas a que no ser creídas también les impide a veces contar lo sucedido a su entorno, recuerda Bárbara Tardón. En el ámbito laboral, del que depende la economía de la víctima, ese miedo a ser juzgada y puesta en duda se dispara. “Hay que recordar que la mayoría de las agresiones las cometen conocidos de las víctimas. También puede ser complicado decir que te ha violado tu novio o tu amigo en una fiesta”, añade Sagra Pérez.
Las expertas consultadas recomiendan acompañar a las víctimas para facilitarles su reincorporación a su rutina diaria, a través de recursos y atención pública suficientes, así como una política de recursos humanos en los centros de trabajo que tengan en cuenta estas situaciones. “Lo ideal sería que desde recursos humanos hubiera un código ético y una persona de referencia independiente que pudiera adecuar las condiciones laborales a las necesidades de la víctima, por ejemplo si necesita un cambio de horario o un día para testificar en un proceso judicial”, explica Tardón.
El rechazo de la incapacidad por el INSS
Algunas víctimas necesitan alejarse del trabajo durante un tiempo tras lo sucedido. Mientras se trate de una incapacidad temporal, que puede llegar en principio a los 365 días, los médicos de familia se basan en el conocimiento directo del estado de la paciente y del tratamiento de los especialistas para acordar las bajas médicas, explica el doctor Carlos San Martín. Pero cuando el proceso se alarga sin que la víctima se recupere, son los tribunales médicos del INSS de la Seguridad Social los que conceden la ampliación de la incapacidad.
En el caso de la mujer que ha logrado la incapacidad permanente absoluta, la Seguridad Social le negó esta prestación y recurrió el caso hasta el TSJ de Castilla y León. Nicolás Alonso, abogado del Colectivo Ronda, explica que es más complicado ver reconocida una incapacidad derivada de daños psicológicos que una por daños físicos. “Las limitaciones físicas son mucho más visibles y se diagnostican de forma más objetiva”, sostiene.
El abogado considera, no obstante, que la Seguridad Social es a menudo “muy restrictiva” con casos de incapacidades psíquicas y este tipo de casos debería servir como alerta para revisar sus actuaciones. “Este es un ejemplo, se ve que algo ha fallado en la detección del INSS porque se le ha reconocido a la mujer directamente una incapacidad permanente absoluta, que no puede realizar ningún trabajo”.
En su opinión, con un informe claro de los servicios de salud pública, la Seguridad Social debería dar luz verde a esta protección social. “Pero muchas veces no ocurre, lo vemos en los casos que defendemos, y los trabajadores se ven obligados a peregrinar de unos especialistas a otros y se meten en procesos judiciales, mientras sus patologías aumentan en algunos casos”, lamenta el abogado de Colectivo Ronda.