Yolanda Díaz admite que la reducción de la jornada puede caer aunque haya acuerdo con la patronal: “Casi pasa con la reforma laboral”

David Noriega

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Prefiere que haya un acuerdo a ganar la partida. Pero incluso con acuerdo, puede perder. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha reconocido este jueves que la reducción de la jornada laboral que negocia el ministerio de Trabajo con los agentes sociales puede caer aunque se llegue a un pacto tripartito. “Sé que estoy en una disyuntiva difícil. Podemos alcanzar un acuerdo en la mesa del diálogo social y ser tumbado, como casi pasa con la reforma laboral”, ha reconocido durante su intervención en Nueva Economía Fórum.

La ministra de Trabajo ha vuelto a defender las bonanzas de una reducción de la jornada semanal máxima que afectará, según sus cálculos, a 12,5 millones de trabajadores. “No es una variable económica ni una condición de trabajo, es una declaración de principios y un modelo social”, defendió al principio de su discurso, en el que defendió que “la democracia en la empresa solo puede funcionar desde el trabajo digno y seguro”. “No hay un elemento que aporte más seguridad que recuperar horas de vida, de descanso o para nuestra familia. Lo que mejor define hoy ser libre es disfrutar del tiempo propio”, ha desarrollado.

Díaz ha insistido en la idea que lleva días trasladando desde su departamento: que hay margen para un acuerdo con los empresarios. “Hay avances”, ha señalado para reconocer que desde enero estaban “en una mesa que no transitaba”. Pese al optimismo de Trabajo, los sindicatos UGT y CCOO advirtieron el miércoles tras la salida del encuentro que convocaría movilizaciones en septiembre si no constatan avances reales en la próxima reunión, que se celebrará el 29 de julio.

El secretario general de Comisiones, Unai Sordo, ha lamentado este mismo jueves que “la negociación ha entrado en bucle y va a haber movilizaciones en septiembre”. “No veo otro escenario porque los movimientos que hace el Gobierno todavía no han producido ningún cambio de posición en la CEOE”, ha indicado en una entrevista en la Cadena Ser. “Tienen la legitimidad para hacer lo que estimen pertinente”, ha concedido Díaz, que ha recordado que “la democracia se hace desde muchos sitios”, también “con la huelga y con movilizaciones”.

Trabajo se abrió en la mesa del diálogo social de este miércoles a flexibilizar la incorporación de las empresas a la jornada laboral de 37,5 horas, con mecanismos que les permitan “adaptarse de manera más paulatina”, según explicó el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que puso sobre la mesa también herramientas que “permitan cierta flexibilidad en el uso del tiempo de trabajo”.

Pese a que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendia, reconoció hace algo más de una semana que “parece” que están “entrando de nuevo en la negociación”, fuentes de la patronal señalan a Efe ayer mismo que se habían negado “absolutamente” a la reducción de la jornada fuera de la negociación colectiva. No obstante, el vicepresidente de la organización empresarial, Lorenzo Amor, afirmó hoy que tienen “voluntad de negociar” para “llegar a un acuerdo si es posible”.

Con todo, Díaz ha expresado ahora la posibilidad de que la reducción no salga adelante aunque se alcance un hipotético acuerdo con los agentes sociales. “Puede ser tumbado, como casi pasa con la reforma laboral”, ha recordado la vicepresidenta sobre la legislación laboral aprobada en 2022, tras el voto en contra de los tránsfugas de UPN Sergio Sayas y Carlos García Adanero y gracias al voto a favor por error del entonces diputado del PP Alberto Casero.

Hasta ahora, desde el ministerio de Trabajo siempre habían trasladado su confianza en el trámite parlamentario de la norma. En concreto, lo hacían basándose en una votación en el Congreso, en febrero, en la que se aprobó una proposición no de ley de Sumar con los votos en contra de Vox y la abstención del PP y Junts. También en las encuestas y sondeos que muestran el apoyo social a la medida. “Es apoyada por más del 80% de la sociedad española”, coincidía el vicesecretario general de política sindical de UGT, Fernando Luján.