La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha cazado al empresario Salustiano Martínez Rey, propietario y administrador único de la cadena de zapaterías Lola Rey (muy implantada en la Comunidad de Madrid) y otro de los acogidos a la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro, con la que regularizó 520.000 euros ocultos al Fisco en 2012.
Tras acogerse a esa medida de gracia, Martínez Rey ha zanjado en mayo de este año sendas inspecciones de la AEAT a dos de sus sociedades, Lorey SL y Don Flecos SL, que se han saldado con actas por importe de 2,7 millones de euros entre cuota, sanciones, intereses de demora y regularizaciones de ingresos por ventas de ejercicios anteriores, según consta en las cuentas anuales de ambas empresas.
En Lorey SL, que explota la cadena Lola Rey y de la que Martínez Rey es propietario y administrador único, sus cuentas de 2017, recientemente depositadas en el Registro Mercantil y que eldiario.es ha consultado a través de la plataforma Insight View, reflejan una “regularización” por importes que suman 1.507.514,07 euros de los que 365.843,93 euros corresponden al Impuesto de Sociedades, 491.670,14 euros a IVA y 650.000 euros a regularización de “ingresos por ventas de ejercicios anteriores”.
En Don Flecos SL, la inspección de Hacienda abarcaba, como en Lorey, el impuesto de Sociedades y el IRPF (ejercicios 2012 a 2016) y el IVA del primer trimestre de 2013 al primer trimestre de 2017. Se ha cerrado con una “regularización” de 1.198.444,41 euros: 266.778,75 euros por Sociedades; 281.665,66 euros por IVA y, de nuevo, 650.000 euros por “ingresos por ventas de ejercicios anteriores”.
La amnistía a Martínez Rey está recogida en una sentencia dictada en noviembre pasado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que recoge que el empresario “presentó en fecha 29 de noviembre de 2012 el modelo 750, declaración tributaria especial, aflorando 520.000,00 euros en efectivo que depositó en una cuenta de Banesto”.
El TSJM rechazó el recurso presentado por Martínez Rey, su hijo y tres de sus empresas (Lorey, Don Flecos SL y Grecoyog, dedicada al negocio de las heladerías) contra las autorizaciones judiciales que en mayo de 2017 permitieron al personal de la AEAT registrar las instalaciones y locales de esas sociedades y sus responsables en Alcorcón y Madrid, “así como la incautación y apertura de las cajas de seguridad de las que fueran titulares o autorizados en la sucursal del Banco de Santander situada en la calle Alcalá nº 28 de Madrid”.
“Alto riesgo”
La sentencia recogía los argumentos expuestos por la AEAT para lanzar sus inspecciones, que se pusieron en marcha tras recibir en mayo de 2017 una denuncia que recogía, según la sentencia, que “una parte de las ventas, en concreto las cobradas en efectivo, se separan del resto y su recaudación se recoge por una furgoneta que recorre cada dos o tres días los distintos locales donde se desarrolla la actividad para luego depositar el dinero en efectivo en una caja fuerte sita en el domicilio donde se controla la actividad o en una caja de seguridad alquilada a una entidad bancaria”.
Entre los motivos que sustentaban la inspección se mencionaba el “alto riesgo tributario” de las empresas y sus responsables, su actividad en un sector que “facilita la generación de efectivo de difícil control, dado que sus clientes son consumidores finales respecto de los cuales no existe obligación de expedir factura, lo que dificulta seguir la trazabilidad de las ventas cobradas en efectivo” o “el análisis de las cuentas corrientes de las que son titulares los obligados tributarios”.
Esos análisis reflejaban “un número muy elevado de cobros por tarjeta en relación a la cifra de negocios declarada, siendo incongruentes los resultados en algunos ejercicios al ser incluso superiores las cantidades cobradas por datáfono a las cifras de ventas consignadas en las autoliquidaciones”.
“Así, en el ejercicio 2013 la entidad Lorey S.L. declaró unos ingresos de 4.046.036,54 euros, mientras que los cobros por tarjeta ascendieron a 4.263.098,44 euros, de modo que los cobros por tarjeta superaron la facturación, habiendo sucedido lo mismo en el ejercicio 2015. Y en otros ejercicios fiscales el porcentaje de cobros por tarjeta sobre la facturación total es muy elevado: en el caso de Leroy S.L., el 80,14% en el año 2012 y el 99,69% en el año 2014; en el caso de Don Flecos S.L., el 79,29% en el año 2012, el 73,16% en el año 2013, el 74,57% en el año 2014 y el 61,84% en el año 2015”.
eldiario.es ha intentado contactar con Martínez Rey a través de la cadena Lola Rey, sin obtener respuesta. El grupo de empresas de calzado, cuyos orígenes se remontan a los años 30 del siglo pasado, cuenta con 20 zapaterías en la Comunidad de Madrid, una en Málaga, una en Santander y otra en Zaragoza y vende online a través de su propia marca y de la enseña Oveja Negra.
Su propietario ha pasado a engrosar el reducido listado de beneficiarios de la amnistía fiscal (unas 70 personas) cuyo nombre ha trascendido gracias a sentencias judiciales o investigaciones periodísticas. A la medida, declarada inconstitucional en 2017, se acogieron 31.484 personas y sociedades pagando, de media, un 3% de la cuota defraudada. En julio pasado el Gobierno de Pedro Sánchez renunció a publicar el listado de acogidos, tras reclamarlo desde la oposición.