“Eficiencia económica y empresarial y progreso social son criterios compatibles”. Lo dice la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) y lo demuestra el propio sector, que durante la crisis logró crear 20.000 nuevas compañías y representa ya el 12% del PIB español.
Todas estas microempresas, pymes y grandes corporaciones facturaron más de 150.000 millones de euros durante el año 2012 en muy variados campos. Seis de ellas, además, lideran cuatro áreas a nivel internacional:
Hojiblanca, cooperativa de segundo grado a la cabeza mundial en producción de aceite de oliva virgen extra y aceitunas de mesa.
Orkli, dedicada a la instalación y fabricación de suelo radiante, válvulas termostáticas y componentes para calefacción, líder mundial en sistemas de seguridad de termoeléctricos.
Orona, especialista en ascensores, escaleras mecánicas, rampas y pasillos, la empresa europea más destacada en capacidad productiva de elevadores completos (de hecho, uno de cada diez ascensores nuevos en Europa los ha fabricado esta cooperativa del Grupo Mondragón).
Copreci, empresa fabricante de componentes de regulación de gas para electrodomésticos.
Anecoop, grupo de cooperativas que lidera en tres niveles: mundial, en la comercialización de cítricos; europeo, en sandías y caquis; y estatal, en frutas y hortalizas.
Technosite, número uno en soluciones de accesibilidad universal en tecnologías de la información y la comunicación.
La legislación en España
Una gran parte de la economía social española se encuentra a nivel organizativo bajo el paraguas de CEPES, experiencia asociativa pionera en Europa. A nivel legislativo, la Ley 5/2011 de Economía Social conforma en España sus directrices definitorias.
Especifica que este conjunto de actividades económicas y empresariales desarrolladas en el ámbito privado deben perseguir el interés económico y social bajo la primacía de las personas sobre el capital. Tendrán gestión autónoma y transparente, democrática y participativa. Promoverán la solidaridad social e interna y serán independientes respecto a los poderes públicos.
En cuanto a la tipología, la ley establece las siguientes entidades: cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, centros especiales de empleo, empresas de inserción, cofradías de pescadores, asociaciones y fundaciones.
Manifiesto de 2014: Declaración de Estrasburgo
El pasado fin de semana se celebró en Estrasburgo la conferencia ‘Have to say’ sobre emprendimiento social, cuyo manifiesto –al que han denominado Declaración de Estrasburgo– recoge que la empresa social “funciona” y que Europa necesita “empresas más sociales”.
Lo ha declarado también durante su ponencia el comisario europeo de Mercado Interior, Michel Barnier: “El emprendimiento social y la economía social deben formar parte de la salida de la crisis en Europa. El nuevo Parlamento y la Comisión Europea deben asumir plenamente y cumplir con las acciones sugeridas en Estrasburgo”.
El texto apela a la reinvención del modelo económico y social europeo:
“Necesitamos un crecimiento más justo, más ecológico y anclado en las comunidades locales. Un modelo que valore la cohesión social como una verdadera fuente de riqueza colectiva. [...] Las empresas sociales ofrecen un modelo de negocio del siglo XXI que equilibra las necesidades financieras, sociales, culturales y ambientales. [...] Tiene que haber un mayor compromiso a nivel comunitario y se necesita mayor investigación y recopilación estadística para una mejor comprensión, reconocimiento y visibilidad del sector, tanto entre los políticos como entre el público en general”.
Desde el año 2000, las instituciones comunitarias han elaborado más de 170 documentos oficiales en los que se reconoce su importancia, pero poca es aún la sistematicidad en la recopilación de datos. Una de las mejores herramientas la ofrece el proyecto del World Cooperative Monitor, que tiene como objetivo realizar una base con múltiples indicadores que visibilicen el valor socio-económico y el impacto de las cooperativas y otras fórmulas de la economía social a nivel mundial, así como en sus diferentes contextos regionales o nacionales.
En su informe del año 2013 –que deja en muy buen lugar al Grupo Mondragón (sector industrial), Eroski y Consum (distribución), Fundación Espriu (sanitario), Grupo Asces (servicios) y Coren (alimentación)–, realiza un análisis temático sobre 2.032 empresas cooperativas de 56 países que facturan conjuntamente más de 1,85 billones de euros.
Así, determina que el 32% se dedican a la agricultura e industria alimentaria; el 25%, a los seguros; el 18%, a la distribución; el 9%, a la industria y suministros; el 7%, a servicios diversos; el 6%, al área de finanzas; y el 3%, a salud y asistencia social.
Hay dos millones de empresas sociales en Europa, lo que representa un 6% del empleo total. En declaraciones recogidas por la organización del ‘Have to say’, Michel Barnier las cualifica de “innovadoras, dinámicas y un arma de creación de empleo”. “Por eso tenemos que hacer todo lo que podamos para crear un ecosistema que permita que sigan desarrollándose”. ¿Cumplirán los Gobiernos?