Así se adjudicó la nueva plaza de toros de Burgos a un condenado por corrupción

La constructora que ha ganado el concurso para reformar la plaza de toros de Burgos no hizo la oferta más barata. Ni la segunda oferta más barata. Ni tampoco la tercera. La UTE formada por Inmobiliaria Río Vena y Sacyr que ganó el contrato con el Ayuntamiento, gobernado por el PP, era una de las más caras de las seis que se presentaban al concurso. Va a costar a los burgaleses cinco millones y medio de euros: 800.000 euros más que la oferta más económica. Uno de los arquitectos municipales que evaluó las ofertas no veía diferencias entre las mejoras propuestas por las seis constructoras, pero la obra se la llevará una de las más caras. ¿Qué pasó para que Río Vena y Sacyr ganasen este jugoso contrato?

El misterio se entiende mejor cuando se sabe quién es el dueño de la Inmobiliaria Río Vena. Se trata de Antonio Miguel Méndez Pozo, el empresario por el que todo pasa en Burgos desde hace más de tres décadas. Es el presidente de la Cámara de Comercio, de la Fundación Atapuerca y de la Fundación Silos. Es el dueño del periódico más importante de la provincia, el Diario de Burgos, de la emisora local de Onda Cero, de la televisión local La 8 y de la televisión autonómica de Castilla y León, que comparte con José Luis Ulibarri, imputado en la Gürtel y propietario del otro periódico de la ciduad, el Correo de Burgos. Es el empresario más beneficiado por las adjudicaciones públicas en la ciudad –desde el hospital privatizado hasta el polémico bulevar de Gamonal–. Es el hombre más poderoso de Burgos, a pesar de que fue condenado en los noventa a siete años de cárcel en un sonado caso de corrupción urbanística. Pasó solo nueve meses entre rejas.

La adjudicación de la nueva plaza de toros de Burgos es un buen ejemplo de cómo funcionan los concursos públicos en España, donde criterios completamente subjetivos son los que priman para decidir quién se lleva el contrato. En el caso de la rehabilitación de la plaza de toros de Burgos, el concurso establecía tres criterios: el precio, las mejoras sobre el proyecto original y la propuesta técnica. La puntuación máxima del concurso era de 100 puntos, de los que 65 dependían del precio, 22 de las mejoras y 13 de la propuesta técnica. A simple vista, viendo estos números, el precio parecía el criterio determinante. Nada más lejos de lo que realmente ocurrió.

Al concurso de la plaza de toros se presentaron seis constructoras: FCC, Constructora San José, Dragados, Acciona y dos UTE (unión temporal de empresas), la de Sacyr con Río Vena y la de Ferrovial con otra constructora local, Aroasa Uno, del grupo Arranz Acinas, una familia que es a su vez socia de Méndez Pozo en otros muchos proyectos y que también estaba en la polémica adjudicación de Gamonal.

Los precios a los que cada una de estas constructoras se comprometían a realizar la obra eran los siguientes:

La oferta más barata era la de FCC, pero fue eliminada por la mesa de contratación del Ayuntamiento de Burgos por considerar que su precio era excesivamente bajo, una baja temeraria. Según la ley, se cae en una baja temeraria cuando se ofrece una rebaja superior al 10% de la media aritmética de todas las demás ofertas del concurso. Sin embargo, la ley cambió hace unos años y hoy se pueden aceptar esas ofertas si la mesa de contratación considera que la empresa que da ese precio es solvente y justifica el motivo. En el caso de FCC, argumentó que podían rebajar el precio si contrataban a un proveedor distinto al que recomendaba el Ayuntamiento de Burgos para realizar la cubierta de la plaza de toros. Pero, a pesar de que el precio que ofrecía FCC era solo un 10,67% inferior a la media, se quedó fuera por una desviación de 0,67 puntos porcentuales. A ojos del Ayuntamiento de Burgos, la constructora FCC –una de las mayores multinacionales españolas, que cotiza en el Ibex 35– no era lo bastante solvente para afrontar esta obra.

De no haber sido excluída por baja temeraria, FCC habría conseguido 9,639 puntos más que la inmobiliaria de Méndez Pozo y habría ganado el concurso holgadamente.

Eliminada FCC, la constructora de Méndez Pozo seguía por detrás de otras dos, que habían ofrecido precios más baratos: Constructora San José y la UTE entre Ferrovial y Aroasa. Y el siguiente criterio para decidir el concurso, las mejoras, mantuvieron esta ventaja.

El Ayuntamiento de Burgos encargó el informe sobre las mejoras a un arquitecto técnico, funcionario de carrera de larga experiencia. El arquitecto dio la máxima puntuación a las seis ofertas, 22 puntos, por considerar que las seis cumplían con todos los requisitos.

Así que solo quedaba el tercer criterio para dar la vuelta al concurso y así ocurrió. El informe sobre la propuesta técnica evaluaba aspectos como la preparación de la obra o la organización. En teoría era la cuestión de menor importancia entre los tres criterios del concurso: solo afectaba a 13 puntos sobre 100. Sin embargo, este informe –elaborado por otra arquitecta municipal interina– fue determinante. Otorgó 12 puntos de los 13 posibles a Sacyr-Río Vena, mientras que las constructoras rivales que habían dado precios más baratos tuvieron mucha menos suerte. Constructora San José consiguió solo 7 puntos de 13, mientras que Ferrovial-Aroasa se llevó 10.

Éste fue el resultado final del concurso. Una vez más, en Burgos ganó Méndez Pozo.

Fuentes del sector aseguran a eldiario.es que el Ayuntamiento de Burgos “recomendó” extraoficialmente a las grandes constructoras que optaban al concurso que se aliasen con socios locales, con empresas más pequeñas de la zona. Casualmente, las dos ofertas que contaban con aliados de la ciudad –las dos UTE en las que participaban Méndez Pozo y Arranz Acinas– consiguieron las puntuaciones más altas, pese a que sus precios no fueron los más baratos. Fue el último informe técnico, un juicio de valor subjetivo, quien decidió el ganador.

Una obra innecesaria

Desde la oposición municipal, consideran que la adjudicación de este concurso ha sido un “chanchullo” para una obra que, además, la ciudad no necesita. La deuda de Burgos supera los 400 millones de euros y la plaza de toros se usará apenas una semana al año. “Bastaría con una obra de unos dos millones de euros para mantener la actual plaza”, asegura a eldiario.es Antonio Fernández Santos, concejal del PSOE.

El Ayuntamiento argumenta que la nueva plaza de toros se podrá usar también para eventos deportivos. Sin embargo, hará falta una segunda fase de la obra para que tal cosa suceda porque el actual proyecto no incluye ni vestuarios, ni calefacción, ni refrigeración… ni siquiera hay una pista deportiva. Será necesaria una nueva adjudicación, que costará al menos otros dos millones de euros, para que el baloncesto pueda llegar a la reformada plaza de toros. Además, el equipo local, el Club Baloncesto Tizona, ya cuenta con un pabellón deportivo que muy rara vez se llena y que se podría ampliar con un coste bastante inferior.

Para los taurinos, la reforma también es un fiasco porque la cubierta no será retractil, por lo que la nueva plaza de toros será un recinto permanente cerrado. Al igual que sucedió con el bulevar de Gamonal, los supuestos beneficiados por esta inversión están en contra.

La Asamblea de Gamonal y otras organizaciones de la ciudad han decidido movilizarse contra esta nueva obra millonaria del alcalde Javier Lacalle. El lema de las protestas, que arrancarán este viernes a las 12:00 en la plaza mayor de la ciudad, es tan simple como directo: Manda Méndez.

La constructora que ha ganado el concurso para reformar la plaza de toros de Burgos no hizo la oferta más barata. Ni la segunda oferta más barata. Ni tampoco la tercera. La UTE formada por Inmobiliaria Río Vena y Sacyr que ganó el contrato con el Ayuntamiento, gobernado por el PP, era una de las más caras de las seis que se presentaban al concurso. Va a costar a los burgaleses cinco millones y medio de euros: 800.000 euros más que la oferta más económica. Uno de los arquitectos municipales que evaluó las ofertas no veía diferencias entre las mejoras propuestas por las seis constructoras, pero la obra se la llevará una de las más caras. ¿Qué pasó para que Río Vena y Sacyr ganasen este jugoso contrato?

El misterio se entiende mejor cuando se sabe quién es el dueño de la Inmobiliaria Río Vena. Se trata de Antonio Miguel Méndez Pozo, el empresario por el que todo pasa en Burgos desde hace más de tres décadas. Es el presidente de la Cámara de Comercio, de la Fundación Atapuerca y de la Fundación Silos. Es el dueño del periódico más importante de la provincia, el Diario de Burgos, de la emisora local de Onda Cero, de la televisión local La 8 y de la televisión autonómica de Castilla y León, que comparte con José Luis Ulibarri, imputado en la Gürtel y propietario del otro periódico de la ciduad, el Correo de Burgos. Es el empresario más beneficiado por las adjudicaciones públicas en la ciudad –desde el hospital privatizado hasta el polémico bulevar de Gamonal–. Es el hombre más poderoso de Burgos, a pesar de que fue condenado en los noventa a siete años de cárcel en un sonado caso de corrupción urbanística. Pasó solo nueve meses entre rejas.